Andrés López Obrador, y con él una buena cantidad de sus seguidores, creyeron que ganar unas elecciones, en un régimen que ofrecía condiciones para la celebración de elecciones competitivas, les permitiría acceder a las prebendas políticas y sociales que genera una revolución triunfadora.
Ganaron las elecciones del 2018 y de 2024; no efectuaron una revolución; más aún, los márgenes con los que triunfaron en ambos procesos dan cuenta que quienes votaron en su contra constituyen un elevado porcentaje de la ciudadanía, no solamente de la población y que no los faculta para efectuar más allá de lo permitido en el marco legal existente.
Tampoco los facultó para intentar un cambio transcendental de la Constitución Política; pueden, sí, efectuar los cambios constitucionales permitidos en la misma, pero tampoco convocaron a la población a aprobar una nueva constitución.
Mientras en 2018, poco menos de la mitad de los mexicanos que fueron a votar no le entregaron su confianza y representación; en 2024, cuatro de cada 10 electores que fueron a votar, lo hicieron por las otras dos opciones presentadas.
Y en la elección de legisladores federales, 46 de cada 100 electores no les dieron el voto, se lo otorgaron a otras opciones.
Al participar en ambas elecciones lo hicieron bajo las reglas democráticas de este sistema (económico y político), consistente en que se puede ganar y perder una elección; López Obrador no convocó, en ninguna elección, a efectuar una revolución; el pueblo de México no recibió ningún llamado ‘revolucionario’ de los que lanzaron en el pasado las izquierdas socialistas y comunistas de México; no, convocó a efectuar una «revolución de las conciencias» y a acabar con la corrupción, signo de «los conservadores».
Se ostentaron como integrantes del campo democrático.
Durante todo el sexenio, López Obrador se erigió en la única voz del ‘pueblo’.
Cada que abre la boca lo asume y descalifica, por tanto, a todos los demás como depositarios de la confianza del ‘pueblo’ y cuando se oponen a sus designios, propuestas y voluntades, los convoca a no votar en contra del «pueblo», asumiéndose como el depositario, único, de la voluntad popular.
Por ello, fue incapaz de establecer un diálogo con cualquier fuerza o ente crítica y mucho menos con las fuerzas de la oposición, sencillamente porque ante sus ojos y comprensión sólo él y sus compañeros son representantes del «pueblo».
Conducta semejante ha adoptado la presidenta electa. Al igual que AMLO arguye que el ‘pueblo’ les dio el mandato de la aprobación de la reforma judicial. Pues, sí, pero no les dio los votos necesarios para que eso ocurriese.
Dicho en términos democráticos, no tienen el mandato popular, porque no votaron los ciudadanos necesarios para obtener las 2/3 partes de los legisladores federales.
Y, además, porque mintieron en la campaña. Convocaron a votar para llevar al cabo el Plan ‘C’, como parte fundamental del ‘Segundo Piso’ de la 4T, nunca expresaron que la reforma judicial era la parte sustantiva para darle curso a esa «transformación».
¡Valiente ‘revolución!
¡Ahora resulta que la ‘transformación’ de México pasa por la elección popular de jueces y magistrados!
¿O sea que si no se aprueba, no habrá ‘Segundo piso’?
¿Y la transformación del régimen económico y de las estructuras sociales?
El día de hoy se discute en las Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial.
Se avizora que podrían empezar a discutirlo en el pleno de esa cámara el día de mañana e intentar aprobarlo en el curso del lunes, o a más tardar el martes.
Aprobada por la cámara de senadores -si eso llegase a suceder- se trasladaría a la legislatura de los estados, para que sea aprobado por lo menos por 17 legislaturas, y de esa manera aprobar el proyecto más ambicionado por el presidente de la República, el más controversial de sus propuestas.
Paradójicamente será a la única que sí se le pueda denominar de transformación, porque el resto de las multidenominadas por ellos como parte de la ‘transformación’, no adquieren tal categoría.
En realidad no hay ningún cambio estructural en el país al paso del presidente López Obrador.
Una gran veta, eso así, ha dejado tras de su paso el originario de Macuspana y es la del inocultable tufo autoritario con el que se desempeña, tan evidente que podría ubicarse como el principal defecto del gobierno de López Obrador.
Más aún, el hecho de querer imponer una reforma judicial, a través del uso tramposo de los recovecos legales y las chicanadas, en virtud de que solamente 54 de cada 100 electores votaron por los legisladores, de ninguna manera las dos terceras partes de los legisladores elegidos el pasado junio del 2024.
Ahora, con trampas, con el uso faccioso de los recursos del Estado mexicano, pretenden imponerle al país, no solamente una reforma, sino un proceso regresivo y de desinstitucionalización que pondría en graves riesgos la aplicación, procuración y administración de la justicia.
Como en otras áreas, como el de las estancias infantiles, en las escuelas de tiempo completo, en el sistema de salud, en la compra y distribución de medicamentos, en la construcción del aeropuerto de Texcoco, en los que, en lugar de mejorar lo existente, de aplicar las reformas que hicieran posible el mejoramiento de todos esos instrumentos, lo que hizo fue destruir y en su lugar no se construyó nada, ni perdurable, eficiente, ni barato.
Hoy, el país, no solo el gobierno lopezobradorista, enfrenta una crisis sin precedente en el Poder Judicial y que el día de hoy ha concitado la participación de integrantes del Poder Judicial de los estados, de por lo menos diez entidades, además de los del Poder Judicial Federal.
Pueden desdeñar las manifestaciones pero, otra vez, creyendo que efectuaban una revolución, se les olvidó que el país forma parte de una comunidad internacional y que el modelo económico existente obedece a un entorno globalizado del cual sólo una profunda revolución podría apartarlo.
Para que fuera de esa magnitud, tendría que concitar la absoluta mayoría de la población, convocada con ese fin y, además, consciente de las consecuencias de tal fenómeno.
Si las exportaciones mexicanas constituyen el 46% del PIB y las importaciones el 43 ¿Cómo no esperar que los socios comerciales no se preocupen, opinen e intervengan ante la posibilidad de que López Obrador modifique profundamente el sistema de justicia?
¿Cómo esperaban que, si el 78% de las exportaciones y la mitad de las importaciones de la economía mexicana sea con Estados Unidos, sus representantes, no solo gubernamentales, sino empresariales, no protestaran ante la posibilidad, cierta, de cambiar profundamente el régimen de justicia en el país y no precisamente para bien?
Pero la incertidumbre no solo es en esos sectores.
De acuerdo con la encuesta efectuada por el periódico El Financiero, la reforma judicial es una incógnita para los mexicanos: Solo 41% sabe de qué trata, mientras que 53 por ciento asegura saber poco o nada acerca de esta iniciativa. (Alejandro Moreno, El Financiero, 3/9/24).
¿Son la voz del pueblo, los de la 4T?
El 48% de los encuestados apoya la iniciativa del presidente López Obrador para reformar al Poder Judicial y 21 la rechaza.
En cuanto a elegir a los jueces y magistrados, 39% está a favor y 41 está en contra.
La encuesta indica que 24% de las personas entrevistadas cree que la reforma judicial se limita a permitir la elección de jueces y magistrados, 40% opina que la reforma incluye más aspectos y 36 por ciento no sabe.
Además, el sondeo revela que la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró un nivel de aprobación ciudadana de 65% en agosto, con 26% de desaprobación.
Sin embargo, el paro de labores del Poder Judicial es rechazado por una mayoría de 55%, el cual dijo desaprobar el paro, frente a 35% que lo aprueba. (Ibídem).
Vaya cierre de administración, la que se precia de haber impulsado la «economía moral», de haber extinguido la corrupción, pero que en los hechos se erigió en la más corruptora de la historia reciente del país, que a base de, literalmente, puras compras -¿Cuánto nos habrán costado?- compró conciencias y, aún más grave, impidió que por lo menos cinco exgobernadores respondieran a los insistentes y sustentados señalamientos de corruptelas en sus respectivas administraciones -Quirino Ordaz, de Sinaloa; Javier Corral, de Chihuahua; Claudia Pavlovich, de Sonora, Alfredo del Mazo, de EdoMex y Alejandro Murat, de Oaxaca-, hoy son, o ínclitos representantes de México en el extranjero, o exultantes de alegría, posan para las fotos en las que toman posesión de sus cargos legislativos.
LIQUIDACION. La diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, recibió del municipio de Parral más de 90 mil pesos por concepto de liquidación al concluir como Síndica, algo prohibido en Chihuahua desde 1998.
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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