No hay, no puede haber otra explicación a los gravísimos acontecimientos ocurridos los dos primeros días del año en Juárez, cuyos orígenes se remontan a muchos años atrás, a varias administraciones federales, estatales y municipales, de distintas procedencias partidarias, que la inmensa corrupción prevaleciente, sí, en el penal 3 de Juárez, pero sobre todo en las instituciones encargadas de procurar, aplicar y administrar la justicia.
Y quizá lo más fácil sea achacarle a los del pasado la responsabilidad (que la tienen), pero no hay atenuantes, los responsables del infierno desatado en la frontera “Más bonita de México” en las primeras horas del año son quienes ahora gobiernan.
Más concretamente los funcionarios directamente ligados al funcionamiento del penal y sus superiores.
Es sencillamente injustificable lo encontrado en el interior del Cereso por las fuerzas armadas.
¿Cómo podrían explicar el inmenso arsenal encontrado en las celdas, las drogas, el efectivo y la existencia de verdaderos paraísos -dentro de lo lúgubre que es la reclusión- que revelan la inmensa red de corruptelas prevaleciente?
Y no solo es eso lo preocupante, sino el hecho de que desde las celdas del supuesto jefe de los criminales se estructuró toda una banda criminal, con alcances probablemente internacionales, además de sus relaciones con las bandas criminales de alcance nacional, todas ellas inmersas en el tráfico de drogas.
Si esa es la realidad, que fue precedida de otro episodio igualmente preocupante y sangriento -el del “jueves negro”, del 11 de agosto- estremece que no se haya puesto en vigor un operativo para desarticular, en particular, esta banda, operación que debió contar, por la dimensión del problema, con la participación, sí, de los tres niveles de gobierno, pero especialmente de las fuerzas armadas y toda la infraestructura de inteligencia, tanto la existente de la Guardia Nacional -y la que hubiese construido la antigua Policía Federal-, como de las fuerzas armadas. Además de haber buscado la coordinación con las respectivas agencias norteamericanas.
Al parecer, nada de eso se hizo.
¿Y qué esperaban que pasara?
De esa incoordinación, de la que una posible, y solo planteada así, como una posibilidad, explicación sea el hecho de que la gobernadora Maru Campos hubiese resuelto inscribirse en el grupo de aspirantes panistas a la candidatura presidencial y que, para enfrentar y resolver infinidad de asuntos, deba relacionarse con otro aspirante presidencial, el Secretario de Gobernación, Adán López Hernández.
Hay un detalle, que algunos podrían considerar nimio, pero que para el escribiente denota un mar de fondo en esa incoordinación:
Ante la necesidad de efectuar el urgente traslado de decenas de reos a otros penales, con el más que evidente propósito de desarticular rápidamente la estructura de mando del grupo criminal, supuestamente dirigido por “El Neto”, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa para precisar que, a fin de que el gobierno federal efectuase el traslado ¡Era necesario que el gobierno del estado lo hiciera por escrito, con el propósito, así dice el mencionado comunicado, de no violar la ley!
¿¡Pues qué no estaban reunidos, desde los primeros momentos de los hechos del domingo, representantes de todas las dependencias federales, estatales y municipales!?
¿Qué les impedía tomar un acuerdo, ahí, en espera de tomar el control de la situación, y que una vez alcanzado ya tuviesen a la mano los vehículos para el traslado?
Po’s si ya estaban juntos, bastaba con tomar el acuerdo y en ese momento, encargarle a una persona que lo redactara, lo imprimiera y lo firmaran.
¿A poco para ordenar la participación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en el combate a los criminales y rescate del penal se cruzaron sendos oficios en los que se pedía -y se acordaba- tal participación?
Nada de lo aquí asentado hace la menor concesión a la militarización del país, para que luego no usen de propaganda que los opositores a la militarización, ante la gravedad de los hechos criminales, “claman” por la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
De ningún modo, el marco constitucional le exige a los gobernantes el cumplimiento de todo un protocolo para que soldados y marinos coadyuven en la seguridad pública, especialmente cuando ésta se encuentra gravemente vulnerada.
Hay, en el “domingo negro de Juárez” un mar de asuntos a cual más de criticables y otro, de las cosas que deberá cambiar la sociedad mexicana, urgentemente.
A ello volveremos.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022
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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)
