Justamente cuando su gobierno lanzaba dos anuncios, el de que entrábamos a la fase más aguda de la pandemia y de que a partir del 1 de junio se relanzarían algunas actividades, además de incorporar a la minería, la industria de la construcción y la automotriz como esenciales, el presidente López Obrador daba a conocer la emisión de “Nueva política económica en tiempos del coronavirus”.
En ese documento, dijo, se plasmaban las ideas de los que sería la política económica de su gobierno.
Luego, en el curso de la semana se dieron a conocer el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, de la Secretaría de Energía y el “Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional”, lanzado por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que propuso dotar al Inegi de facultades para investigar la riqueza inmobiliaria y bursátil de los integrantes del Decil X, es decir, los más ricos de México.
Ambos desataron una aguda polémica.
Por si faltara algo. Casi al finalizar la semana, la diputada Dolores Padierna (vicecoordinadora de la bancada de Morena), propuso desaparecer todos los fideicomisos federales.
Concedidos varios amparos a las empresas propietarias de 23 plantas de generación de energía eléctrica renovable y luego de muy ácidas críticas del gremio de cinematografistas, Morena decidió retirar la iniciativa de los fideicomisos, al tiempo que el Gobierno federal decidió no impugnar los amparos en materia eléctrica.
¡Pa’tras los filders!
Sólo el presidente nacional de Morena, Ramírez Cuéllar, decidió mantener su propuesta, y la defendió a capa y espada a pesar del rechazo de no solamente las cúpulas empresariales, sino de una muy extendida opinión en las redes sociales, presa de la desinformación y la falta de conocimientos, además de la abulia por intentar profundizar en los asuntos que hojean de pasada en las redes sociales.
Sólo para ilustrar la elevada beligerancia y desinformación existente, baste decir que la propuesta de Ramírez Cuéllar era que se aprobara otorgarle al Inegi facultades para acceder a la información de los bienes de las personas del Decil X. En ninguna parte proponía que accediera a los domicilios de las personas.
A alguien se le ocurrió decir -de buena o mala fé- que la propuesta establecía que se meterían a las casas y se convirtió en viral, sobre todo porque desde muy diversos orígenes se empeñaron en difundirlo de esa manera, para que dañara la imagen de los morenos.
La propuesta contiene algunos errores susceptibles de superar y avanzar, como ocurre en muchos países, en la medición de la desigualdad.
El problema es que, salvo el decreto sobre la industria eléctrica, generado por la visión y urgencia del gobierno para afrontar la disminución de la demanda eléctrica en este momento, las otras iniciativas fueron lanzadas, por decir lo menos, en un momento inoportuno pues debieran ser objeto de una adecuada discusión.
Al mismo tiempo, el presidente López Obrador, terco en mantener su agenda e imponerla al país, insistió en que deberían cambiarse los métodos y herramientas para medir la situación económica, del bienestar de las personas ¡Y hasta de la felicidad!
Dijo que eso del PIB había que cambiarlo y anunció que llamaría a un grupo de expertos para que estudiaran su propuesta y medir al mismo tiempo “crecimiento económico, bienestar, grados de desigualdad social y la felicidad del pueblo”.
Como era de suponerse, una buena cantidad de mexicanos nos involucramos en tal discusión, como si este fuera uno de los asuntos más urgentes a debatir.
Por supuesto que lo es, pero el momento es el menos adecuado para hacerlo.
El Gobierno federal ha insistido, y con él, todos los gobiernos estatales, en que hemos entrado en la fase más aguda del crecimiento del número de contagiados, que pondrá a prueba toda la capacidad del Estado mexicano para afrontar la pandemia.
¿Cómo tendremos el tiempo y las condiciones necesarias para discutir asuntos que van más allá del temor generalizado (bueno, en una parte de la población, quizá la mayoritaria) a caer enfermos, con la posibilidad de ir al hospital y hasta de morir, además de las presiones económicas de perder, o haber perdido el trabajo, o de no contar con lo necesario para sobrevivir, o a pesar del temor, salir a la calle para ganar algunos pesos, o tener que salir a los lugares de reparto de despensas o comida?
Si alguna nación ha obtenido, hasta ahora, el reconocimiento generalizado es China. Su gobierno ha resuelto no tener como meta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en virtud de que, por la pandemia, sería imposible alcanzar la meta propuesta en 2010 de duplicar el PIB en una década, en cambio, debido a que “Nuestro país enfrentará ciertos factores que son difíciles de predecir… (el gobierno) dará prioridad a estabilizar el empleo y garantizar el nivel de vida”: primer ministro, Li Keqiang. (Nota de AFP, El Economista, 21 de mayo de 2020).
Como ha ocurrido a lo largo de su gestión, López Obrador ha insistido en lanzar sus principales proyectos de gobierno pero acompañado de una rijosidad que en poco abona al crispado ambiente social prevaleciente en la sociedad.
Total, si está convencido de la mar de corruptelas existentes en el pasado, ocupa el lugar indicado para ordenar las investigaciones necesarias, recabar las pruebas pertinentes y fincarles cargos a todos los probables responsables de los ilícitos que todo un país observó y sufrió y que ahora espera, no la venganza, ni los discursos de odio, sino las acciones gubernamentales que sancionen, en función del marco legal vigente, y de la necesidad ciudadana de que así ocurra, a los que delinquieron.
Y para sentar el precedente, que contribuya a desalentar tan ruines acciones, efectuadas desde lo más alto ejercicio del poder.
¿Para qué inflar, mencionándolo un día sí, y otro también, al expresidente Felipe Calderón, como si fuera el jefe de una robusta oposición, o de un poderoso partido que esté a punto de obtener el poder? ¿Por qué no, sencillamente, fincarle cargos, si los tiene, y a otra cosa?
Si supiera López Obrador cuánto tiempo pierden sus seguidores en estar “debatiendo” con los mensajes y videos del expresidente Calderón, seguramente dejaría de hacerlo.
Porque el país está en otro momento, el de enfrentar esta etapa, esperanzado y atemorizado en el regreso a la actividad parcial que nos espera.
Los números de la pandemia no son para echar las campanas a vuelo, al contrario, si bien en lugares como nuestro estado, con la excepción de Juárez, la percepción, por el número de casos y porque entre la población, particularmente la del centro, occidente y sur del estado, no hay, como en otros asuntos y fenómenos, los relatos de que la enfermedad haya afectado a algunos de los cercanos.
Pero la enfermedad ahí está, y si se mantiene en estos números, revela los efectos positivos por haber disminuido en una buena medida la actividad económica, entre cuyos aspectos se encuentra el hecho de que en esas regiones la industria maquiladora no tiene el peso laboral que sí posee en el antiguo Paso del Norte, hecho fundamental que catapultó el número de contagios.
Por otra parte, pesa, sin duda, la ubicación geográfica y la incidencia de la Covid-19 en Texas.
Todo lo anterior ha llevado a alcanzar ocupar la mitad de la capacidad hospitalaria instalada en Juárez para atender a los enfermos virales, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno estatal, la que pareciera padecer de otro problema:
El de la existencia de diversas informaciones que hablan de un mayor número de decesos, a causa del Covid-19, que los reportados por las instancias gubernamentales, como ocurre en el ámbito federal y que pareciera tener visos de veracidad a juzgar por el modo en que se están etiquetando muchos fallecimientos.
Aspecto impostergable que debe atenderse de inmediato es el de la elevada letalidad de la enfermedad entre los chihuahuenses, especialmente en la población juarense, cuyas causas pueden incluir, sin duda, la de la atención médica tardía o negligente, ya sea por la tardanza de los pacientes en acudir al médico, o por el diagnóstico médico equivocado en las fases tempranas de la enfermedad, pero el que está fuera de toda duda, es el de la elevada comorbilidad presente en la mayoría de la población.
Son de espanto.
Entre las víctimas mortales, el 27 por ciento padecía diabetes, el 32 por ciento hipertensión, el 17 por ciento obesidad y el 16 por ciento asma, enfermedad cardiaca y/o tabaquismo, ¡ocho de cada 10 decesos!
Es urgente e impostergable lanzar unas muy penetrantes campañas de difusión, a fin de motivar a la población para acudir al médico al menor síntoma y a que se vigilen -o vigilar a través de los mejores mecanismos posibles- los índices relacionados con las enfermedades presentes que incrementan el riesgo de complicaciones en caso de enfermar de Covid-19.
Eso es ahora, ya, luego, pasada la pandemia, o por lo menos atenuada, deberán cambiar muchas cosas en los temas nutricionales, que deberán incluirse en la currícula escolar, en la normatividad comercial, en la publicitaria; es urgente atacar las causas de la diabetes, la hipertensión y la obesidad pues se han convertido en un problema del Estado mexicano.
Esos sí son de los temas urgentes de la agenda nacional.
¿Cambiar el nombre o enriquecer el concepto del PIB?
Llámenle como quieran, pero debe ser un instrumento que sirva para medir la economía. Otro asunto es el de la medición del bienestar, de la desigualdad, de la riqueza, de la pobreza, de la distribución de la riqueza.
La economía mexicana está inmersa en la globalidad y, por lo tanto, debe poseer parámetros estandarizados con las economías con las que se relaciona.
El problema es la política económica que mejore la distribución de la riqueza e impida el crecimiento de la desigualdad, o que la atenúe, o quizá mejor, la elimine, no porque nos convirtamos en personas iguales, como chabacanamente los contrarios a las concepciones de izquierda pretenden descalificar semejante propósito, sino porque se aspira a que las oportunidades, recursos e instrumentos creados por la sociedad se ofrezcan en igualdad de oportunidades a todos sus integrantes.
El verdadero problema de la 4T es que hasta ahora (incluyendo el ensayo publicado por AMLO recientemente) no describe la política económica, ni los instrumentos económicos, financieros e institucionales que posibiliten la concreción de tal aspiración.
Los abordaremos, incluido el polémico tema de la industria eléctrica, por lo pronto, quedémonos en casa.
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