Jorge Ramírez, a cargo de los Tribunales Especiales de Narcomenudeo señaló que esta propuesta alejaría a los detenidos la posibilidad de establecer proceso que los lleve a dejar el uso de sustancias
Orlando Chávez/El Diario
Chihuahua, Chih.- Jorge Ramírez, magistrado a cargo de los Tribunales Especiales de Narcomenudeo, señaló que resultaría un retroceso aplicar sanciones económicas a los narcomenudistas que son detenidos con dosis que son para su consumo personal, debido a que los alejaría de la posibilidad de establecer un proceso que los lleve a dejar el uso de sustancias, esto con relación a la propuesta de un juez penal que era en el sentido de aplicar sanciones económica para una reparación del daño social.
La semana pasada el juez penal Víctor Flores Domínguez, propuso que las personas vinculadas a proceso por el delito de Narcomenudeo en cualquiera de sus variantes, que deseen acceder a una suspensión condicional del proceso, se les imponga el pago por concepto de Reparación del Daño, una cantidad que será determinada por cada juez, para que cumpla con dos finalidades.
Una de las finalidades sería que el pago sea destinado al Fondo de Atención a Víctimas del Delito, para ayudar a viudas y huérfanos por los estragos sufridos a manos de la delincuencia organizada en el estado, y segunda; que otro tanto se destine a fines ecológicos principalmente de reforestación de los bosques Chihuahuenses, derivado del impacto que tiene la tala e incendios provocados para sembrar mariguana, amapola y sus derivados y proceso de elaboración.
Sobre esta propuesta el magistrado explicó que en caso de aplicarse esta medida sería regresar al esquema de sancionar a quien se considera como narcomenudista, quien según la Ley de Salud, es una persona que consume una sustancia sin la intención de comercializar y que necesita una terapia para lograr dejarle el hábito nocivo.
Expuso que existe una nueva forma de tratar a quienes son detenidos con dosis que se consideran para consumo personal, ya que son procesados, pero se les da la opción de comprometerse a demostrar que dejarán el consumo, lo que suspende la etapa procesal, pero en caso de reincidir regresan al juzgado para otra sanción de la misma índole, pero más restrictiva. “Con esto hemos acabado con la llamada puerta giratoria”, mencionó.
