Si la decepción tuviera nombre, se llamaría como estos párrafos.
Creo que las diversas notas que han dado cuenta de la sesión celebrada el día martes 12 de noviembre en las instalaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C., relativa a la reforma a los poderes judiciales en México, donde se pretende, entre otras cosas, que la CIDH advierte posibles afectaciones en la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, pecan, por decir lo menos, de optimistas.[1]
Alguna otra nota de prensa da cuenta de que la CIDH manifiesta “su grave preocupación por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial”;[2] no es cierto; yo estuve ahí y, excepto por uno de los comisionados (luego me referiré a él), el resto mostró un escéptico interés.
Lo único cierto es que la CIDH reconoció la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México; que ha dado seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la reforma; y que la CIDH ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma frente a las obligaciones internacionales de México y la independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho.
Pese a que, efectivamente, la CIDH posee información sobre el cese automático de todas las autoridades judiciales mexicanas entre el 2025 y el 2027, a fin de elegirlas mediante elección popular; sobre lo precipitado de las hondas modificaciones legislativas; las más que probables consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial; y la absoluta falta de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia (lo que admitió públicamente y en forma categórica la representación del Estado mexicano en dicha sesión); pese a todo ello, insisto, la CIDH asumió una actitud pasiva; casi ataráxica, diría yo.
De hecho, en el respectivo comunicado de prensa, la CIDH afirma que reconoce que “persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros”;[3] es decir, la CIDH, de facto, le da la razón a esos imbéciles que están detrás de la reforma presentándola, votándola y aplaudiéndola a lo baboso.
Sin embargo, y pese a reconocer que una reforma constitucional de esa envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana, por una parte; y por otra, como lo admitió de manera expresa la representación mexicana –integrada por dos changos (changa y chango)– que la reforma ya era un hecho consumado (como también así lo ha reconocido públicamente la presirvienta de México, Claudia Sheinbaum[4]), la CIDH, a través de sus comisionados, se mostró impávida.
Mención aparte merece la participación del comisionado colombiano, Carlos Bernal Pulido, quien apuntó, lamentablemente a “título personal”, que la reforma de marras “es un ejemplo de manual de abuso”; asimismo, señaló que la estrategia de “desmontar los contrapesos al poder ejecutivo es algo que se ha visto en gobiernos autoritarios en todo el mundo”.[5]
Digo que, lamentablemente, porque el resto de los comisionados, como he dicho, actuó de manera mesurada, por no decir escandalosamente pasiva y negligente. Me explico: frente al hecho indiscutible, por estar plenamente probado y haber sido admitido de manera explícita por la representación del Estado mexicano, que la reforma ya entró en vigor, que es violatoria de los derechos humanos en multitud de aspectos (violación de la inamovilidad e independencia judiciales, vulneración de derechos adquiridos, cese automático de todos los juzgadores mexicanos, etc.) y que es regresiva en todos los aspectos, la conclusión general fue que se daría seguimiento a “la implementación de la reforma”. Una estupidez por donde se le mire pues lo que tocaba, lisa y llanamente, era que se pusiera un alto tajante, aunque fuera a título temporal y parcial, a ese crimen legislativo, al amparo del régimen internacional a que está sujeto nuestro país.
Como queda escrito: la reforma a los poderes judiciales en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una absoluta decepción… claro, siempre es posible emplear términos más claros como porquería o asco.
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Luis Villegas Montes.
