Los ricos que tienen mansiones junto al mar no deberían recibir subsidios gubernamentales
En este Gobierno ser políticamente correcto es más importante que apoyar a los pobres. Lo hemos visto en el caso de las pensiones. La decisión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de seguir pagando hasta 25 salarios mínimos a los pensionados por la Ley de 1973 del IMSS, aunque la legislación fija un tope de 10, es extraordinariamente regresiva.
El Presidente reaccionó con furia ante la sugerencia de que su Gobierno reduciría las pensiones de quienes se están retirando por la Ley de 1973 con más de 10 salarios mínimos. “Nada más que no nos confundan –afirmó–, no somos iguales. ¡Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores! Eso sí calienta. Pero bueno, ya se aclaró”.
Bajo la presión del Mandatario, este 5 de febrero, en una sesión extraordinaria, “el H. Consejo Técnico del IMSS, encabezado por el director general, Zoé Robledo, ratificó por unanimidad el criterio que aplica el Instituto para determinar como límite superior de cotización 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones al amparo de la Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997”.
El Presidente piensa que está aplicando una política progresista, pero la medida es muy regresiva: quita dinero a los pobres para entregarlo a los ricos. Es Robin Hood al revés.
Los trabajadores formales inscritos en el Seguro Social tenían en diciembre de 2019 un salario promedio de 378 pesos diarios (alrededor de 11 mil 340 mensuales), pero deben pagar impuestos para subsidiar pensiones que van desde $37 mil 460 hasta 93 mil 650 pesos mensuales, que, además, no pagan completo el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Si la propuesta viniera de un Gobierno de derecha, quizá lo entenderíamos, pero procede de un régimen que dice que su lema es “primero los pobres”.
Había razones de equidad para fijar un tope de 10 salarios mínimos en la Ley de 1973. Esta otorga una pensión ilimitada en el tiempo que requiere de un subsidio gubernamental. En cambio, las pensiones de la Ley de 1997 se financian en buena medida de las cuentas individualizadas, las Afores, que los trabajadores van acumulando a lo largo de su vida. Por eso las pensiones de la Ley de 1997 tienen un tope más alto, 25 salarios mínimos. Una vez que el dinero de la cuenta se acaba, sin embargo, el pensionado se queda sin ingresos o empieza a recibir la pensión mínima, de solo un salario.
En gobiernos anteriores, y por razones políticas, el IMSS empezó a pagar las pensiones de la llamada “generación de transición”, que se jubilaba bajo la Ley de 1973, con un tope de 25 salarios mínimos a pesar de que la legislación establecía el tope de 10. La Suprema Corte ha ratificado en tres ocasiones este límite. Hoy el IMSS señala que seguirá pagando hasta 25 mínimos. Esto costará más a los contribuyentes, ya que las pensiones de la Ley de 1973 no tienen el respaldo de cuentas individuales. El resultado es un subsidio de los contribuyentes, no para los pobres, sino para quienes reciben pensiones de 37 mil 460 a 93 mil 650 pesos al mes.
Garantizar a los jubilados más ricos pensiones indefinidas, pagadas por trabajadores que ganan mucho menos, no es un acto de justicia sino un robo en despoblado. Lo peor es que ni el Presidente ni sus funcionarios parecen haberse dado cuenta de lo regresiva que es su política. Escoger a funcionarios con 90% de lealtad y solo 10% de capacidad tiene un costo.
Contra la UNAM
Grupos de encapuchados han cerrado una escuela tras otra de la UNAM pese a la oposición de los estudiantes. El rector Enrique Graue ha aceptado todas las peticiones que tienen que ver con la seguridad de las mujeres, pero pide “desenmascarar a los provocadores” que quieren desestabilizar a la UNAM. Yo lo apoyo.
