Pareciera ocioso -además de repetitivo- el asunto.
Por supuesto no lo es y menos en los tiempos y situaciones que corren.
En las últimas dos décadas, en la medida que se incrementaba la participación de las fuerzas militares en la seguridad pública -en nada se aborda lo referente a la seguridad nacional- con la consecuente aparición de hechos delictuosos, con la participación de elementos militares, en eventos en los que estaban involucrados ciudadanos, se recrudecía la discusión acerca de la instancia que debiera ‘ver’ esos eventos.
Permanentemente, la cúpula militar defendió la prevalencia del fuero militar y, con frecuencia, ante las protestas de familiares de civiles involucrados y de las organizaciones derechohumanistas, debió prevalecer lo asentado en el texto constitucional -«…cuando un civil esté implicado (en hechos en los que participaron miembros de las fuerzas armadas) conocerán del caso los jueces civiles».
Por lo menos formalmente se reconoció, no sin resistencias, que eso era lo correcto.
En la absoluta mayoría de los casos los afectados habían sido los civiles.
Pero recientemente, ante el asesinato de un elemento militar, presumiblemente a manos de integrantes de un grupo delincuencial, llamó la atención que el departamento de Comunicación Social de la 42 Zona Militar informara «que la investigación respecto al asesinato de un elemento (Alexander Velázquez Espinoza) de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado domingo en Guadalupe y Calvo fue atraída por la 9ª Zona Militar, con base en Badiraguato, Sinaloa, ya que los uniformados agredidos pertenecen a aquel sector». (Nota de Davídico Ortega, El Diario/Chihuahua, 29/1/25).
Información aparentemente tan rutinaria devela cuánto ha cambiado el escenario, en lo que puede ser una gravísima violación al Estado de Derecho, máxime en momentos en que las fuerzas armadas han asumido el protagonismo que tanto hemos criticado, por realizar tareas tan alejadas de sus competencias.
Si, como lo suponen las autoridades militares, los responsables pertenecen a un grupo delictivo, de esos hechos debe ‘conocer’ la Fiscalía General de la República, es decir, que el grupo militar debe rendir un informe ante esa autoridad y la fiscalía, una vez efectuada la investigación, turnarlo a los tribunales CIVILES, porque en éstos es en donde deben ser investigados y enjuiciados los presuntos responsables.
Más aún ¿En qué ordenamientos, válidos para los civiles, se le adjudica la facultad de «investigar» los hechos a los mandos de la zona militar asentada en Badiraguato?
Los anteriores alegatos en nada van en sentido opositor a que, como es el caso, hay un muy deteriorado estado de la seguridad pública en alguna zona.
Pero ello no implica que desaparezcan las normas jurídicas prevalecientes en el país y el estado.
El militar perdió la vida en un ataque al personal militar «que realizaba un recorrido de vigilancia cerca de Dolores, Guadalupe y Calvo, poblado ubicado a 24 kilómetros de la cabecera municipal». (Ibídem).
Apenas el jueves 16 de enero pasado, el sacerdote Lorenzo Antonio Medina, la presidenta seccional de Dolores, del mismo municipio, Manuela Armenta, y otra mujer, fueron agredidos entre la comunidad de San Francisco de los Salgueiro y Dolores.
A los días, el cadáver de un hombre asesinado a balazos, quemado y ‘empalado’, apareció con una cartulina en la que se le señalaba de ser el autor del atentado en contra del sacerdote y la presidenta seccional.
Todo eso ha ocurrido, tal como lo señala un trabajo periodístico, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que mostró en el último año un impresionante crecimiento en el número de homicidios, del 51%, el más elevado del país, si se exceptúan los últimos 5 meses en Culiacán. (Escalan homicidios en zona de narcoguerra, El Diario, 29/1/25).
(https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/2025/jan/29/escalan-homicidios-en-zona-de-narcoguerra-672362.html).
Por supuesto que tal estado de cosas hace imprescindible la participación de las fuerzas armadas, cosa contemplada en toda la norma jurídica mexicana.
Enfrentar adecuadamente al crimen organizado pasa, necesariamente, por el respeto irrestricto al marco jurídico, de lo contrario, no habrá quien cierre la puerta.
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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