La empresa de las ‘caravanas de Andrea Chávez’ tiene contratos con Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y posiblemente Puebla.
Se le acumulan los problemas a la presidenta Claudia Sheinbaum, en los primeros meses de su gobierno.
Al escándalo nacional e internacional de los hallazgos mortuorios en Teuchitlán, la cancelación del desafuero a Cuauhtémoc Blanco y el incremento de la violencia en el país, se le suma la guerra arancelaria desatada por Donald Trump,
Debemos agregarle lo que desde el ámbito local, en Chihuahua, pareciera tener sus redes en lo nacional, y que devela el complejo y extendido entramado tejido que da cuenta de la extendida red de corrupción en la que, aparentemente, están coludidos algunos de los liderazgos de la Cuarta “Restauración”, que no ‘Transformación’ del país.
Las frases de la presidenta no dejan lugar a la duda, «fue una decisión del Congreso», dijo cuando la cuestionaron sobre la cancelación del proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.
«No conozco las pruebas, -las que hubieran tenido- es una decisión del Congreso; sí es importante más allá de revisar en todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto, es importante, repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como éste».
La ley es precisa en estos casos, debe aplicarse la perspectiva de género y darle toda la credibilidad a la presunta víctima.
No ocurrió así en este caso; sin detenerse un solo momento a expresar su solidaridad con la presunta víctima, la presidenta se lanzó contra el que cree envió la solicitud de desafuero, el ex fiscal de Morelos, quien fuera absuelto, varios meses atrás, de los cargos que, todavía ahora, la presidenta esgrimió en su contra:
«¿Quién la hizo (la denuncia)?, ¿qué fiscalía?, ¿ese fiscal de Morelos qué característica tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción, fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local. Solamente para que se ponga en contexto y es una decisión de la Cámara, pero la Fiscalía hoy tiene un nuevo fiscal, entonces que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer».
No se necesitaba más, con esas palabras, la presidenta Sheinbaum justificó la decisión tomada por sus compañeros, los legisladores.
Y como lo repiten miles de mujeres a lo largo del país, para refutar lo dicho por la presidenta en su toma de posesión, no llegaron todas las mujeres.
El que no llegó solo fue el presunto perpetrador de delitos sexuales.
Así, no sorprendió lo sucedido en el Congreso del Estado, el jueves pasado, cuando las diputadas de Morena, abandonaron el salón de sesiones, justo cuando se iba a discutir un exhorto del Congreso local a la Cámara de Diputados para que no se cancelara el proceso desafuero, que ya se había desactivado dos días antes.
Frente a esa propuesta, las morenistas le dieron espalda a un hecho que era lo menos que podían hacer quienes ahora gobiernan:
Ser congruentes en su defensa de los derechos de las mujeres y en sus pronunciamientos en contra de la violencia y la discriminación hacia ellas.
Todo ello ocurre cuando la presidenta Claudia Sheinbaum pasa por uno de los momentos más difíciles de su incipiente gobierno.
En el curso de estos días ha debido enfrentar a los únicos movimientos sociales existentes en México, los tres, acrecentados por las políticas de gobierno de su antecesor:
El movimiento feminista, por la votación -y los modos de ésta- en la Cámara de Diputados, en el caso de Cuauhtémoc Blanco; el vasto movimiento -sin una articulación nacional- de los familiares de los desaparecidos -en el que los hallazgos de Teuchitlán constituyen el gravísimo detonante de la crisis en esa materia- y el del magisterio. Aunque en este caso pareciera encaminarse a una etapa de amortiguamiento, luego de anunciar la retirada de su iniciativa de reforma a la ley del Fovissste.
Ninguno está resuelto, al contrario.
Todo ello en medio de la inmensa incertidumbre económica creada por los anuncios arancelarios de Donald Trump.
Y como si le hiciera falta, un asunto aparentemente solo doméstico, los reportajes de Carlos Loret de Mola acerca de las “Caravanas de la salud”, de la senadora Andrea Chávez, vinieron a aportarle un muy cuestionable ingrediente a las muy descompuestas relaciones de la presidenta con sus grupos parlamentarios, tanto en el senado, como en la Cámara de Diputados, en las que, conforme avanza el sexenio, crece la percepción de que la presidenta no es la última palabra en el quehacer del ámbito parlamentario, y de otros.
No es solamente que se usen recursos privados para impulsar la carrera política de una aspirante al gobierno de Chihuahua -la senadora Andrea Chávez- sino que quien los provea sea uno de los más cercanos al líder senatorial, ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco y que se hayan ‘destapado’ los contratos millonarios de ese empresario con los gobiernos de Chiapas, Quintana Roo y Tabasco (sin descartarse otros, especialmente en Puebla), justo cuando Adán Augusto López era el mandatario tabasqueño y su cuñado -esposo de su hermana-, mandatario de Chiapas (y en esta entidad, bajo ese gobierno, las caravanas eran las mismas que ahora pasea la senadora), ambos cercanos al ex Presidente López Obrador.
Pero si le faltaban más ingredientes locales al episodio del ex futbolista, las legisladoras de Morena, Brenda Ríos y Leticia Ortega se lo añadieron, en el mismo sentido que el aportado por sus compañeros federales: Impedir a como diera lugar el menor de los resquicios por el cual se le pudieran fincar cargos a Cuauhtémoc Blanco.
Es que son verdaderamente inefables ¿A quién le va a importar que el Congreso de Chihuahua apruebe ‘un exhorto’ a la de Diputados para que continuara el proceso de desafuero a Blanco?
No, se trataba de hacer lo mismo que la inmensa mayoría de sus compañeros en todo el país, defender “la marca”; que a ninguno de los integrantes de la 4o. ‘Restauración’ se le toque ni siquiera con el más pequeño de los pétalos de las sospechas de la comisión de alguna irregularidad o de algún delito.
¡N’ombre, si son como el personaje del programa cómico del pasado, protagonizado por Héctor Suárez, el del ‘Negro Tomás’, que era «blanco, casto y puro»!
Efectivamente, tenían razón las diputadas federales morenistas cuando le gritaban a Cuauhtémoc, «no estás solo».
No, no lo estaba, hasta sus compañeras chihuahuenses, que no tuvieron oportunidad de expresárselo en vivo, directo y a todo color, ahí, a su lado, cerquita para que se diera cuenta, él, pero, sobre todo, los dirigentes partidistas y parlamentarios que son más morenistas que ellos y que están dispuestas a todo con tal de ‘apoyar’ a la causa.
¿Oponerse a la discusión de un exhorto, en qué sentido se podría interpretar como su “apoyo a la presidenta”?
Ni eso aguantaron los morenistas, con ello, simplemente confirmaron lo que es una certeza nacional, que Cuauhtémoc Blanco no está solo, lo acompaña masivamente y casi de manera unánime, el movimiento de la Cuarta “Restauración”.
El tema de las caravanas de la salud de Andrea Chávez no podía ser un episodio que ocurriera sólo en el estado de Chihuahua, sin conexión con lo que ocurre en el resto del país, tiene conexiones en el ámbito nacional y, aparentemente, muy extendidas:
«Entre asignaciones directas, campañas anticipadas y presuntos desvíos, la proveedora favorita de la 4T acumula escándalos en Quintana Roo, Chihuahua y Tabasco. (Nota de redacción, «FMedical Un Escándalo de Corrupción en la 4T que Salpica al Gobierno de Quintana Roo», CAMBIO22, Cancún, 26/3/25).
«FMedical S.A. de C.V., la proveedora médica favorita de la Cuarta Transformación, apadrinada y protegida por el senador Adán Augusto López Hernández va de escándalo en escándalo entre asignaciones directas y turbias negociaciones que paga a través del suministro de Unidades Móviles de Salud; ahora está ‘invirtiendo’ en Chihuahua, en la campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez, pero también es la preferida del gobierno que encabeza Mara Lezama (Quintana Roo) que le ha entregado millonarios contratos que en suma, servirían para la construcción de un nuevo hospital de alta especialidad». (Ibídem).
Las unidades son propiedad de FMedical, empresa de Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista favorito de Adán Augusto López Hernández.
«… a través de dos empresas, la gobernadora Mara Lezama, “exprimirá de las arcas públicas con más de mil millones de pesos en las llamadas unidades móviles de salud”». (Ibídem).
Padilla Farfán también fue impulsor y financista de Alejandro Armenta Mier, antes de que se convirtiera en gobernador de Puebla.
¿Tendrá al gobierno de Chihuahua en la mira?
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Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
