No son para lanzar las campanas al vuelo, menos si, para lograrlos, la dirigencia del movimiento que tan dignamente ha enfrentado el saqueo del agua de las presas de Chihuahua, tiene, para decirlo tersamente, diferencias en la elaboración de la propuesta que se le presentará al Gobierno federal, para resolver el agudo conflicto desarrollado a lo largo de cinco meses.
Al alcanzar los mínimos acuerdos con el Gobierno del Estado, los dirigentes que respaldan la propuesta (los presidentes de ocho de 10 módulos u organizaciones de usuarios de los distritos de riego. Uno más no estuvo presente en la asamblea en la que discutieron y aprobaron la propuesta) debieron asimilar los largos meses de agobio, los tiros de goma, los golpes, las desveladas, los gases lacrimógenos, las caminatas, los desalojos, la tensión generada por el conflicto y la de ver sacar el agua a borbotones, en una acción por demás irracional e ilegal del Gobierno federal.
La propuesta, que Javier Corral asumió íntegra, consiste básicamente en que de la presa Las Vírgenes se extraigan -por única vez, dicen los agricultores, y que fue el diferendo mayor con los otros dirigentes- 40 millones de m3, con lo que se completarían 100 millones que están dispuestos a aceptar, siempre y cuando la Conagua reconozca que ya extrajeron 60 millones de m3.
Pero eso sería lo único que aceptan ceder los agricultores. De La Boquilla -como dice el Tratado- no se le extraerá una sola -gota- de agua, ni de El Granero. Además, en caso de haber precipitaciones pluviales y si no hay excedentes, toda esa agua serviría para asegurar el ciclo 2020-2021, que ahora está en grave riesgo, debido a la sequía imperante y a la extracción de las presas.
Coincidentemente, o acaso el resultado haya sido influido por ello, los exgobernadores Fernando y Reyes Baeza, y Patricio Martínez publicaron un documento en el que hacen un puntilloso recuento de los principales compromisos de Chihuahua, contenidos en el Tratado Internacional de Límites y Aguas (TILA), además de severos cuestionamientos a la Conagua y le piden al presidente López Obrador los escuche, “Que nadie se ofenda ni se moleste”, pues “… Todo esto fue desencadenado por un pésimo manejo de la administración del agua de la cuenca. Que no le mientan, que abran los registros, y ahí encontraremos el origen de esta crisis única y sin precedentes”.
Además, los exgobernadores rechazan que el conflicto se deba a “que (esto) es política partidista de coyuntura” y le solicitan “el cierre inmediato de compuertas de las presas chihuahuenses…”.
Seguramente tal postura debió pesar en el ánimo de Corral.
Pero si el documento de los exgobernadores pudo influir en la disminución de la beligerancia del gobernador Corral, sin duda que la gallarda y digna actitud de cientos de chihuahuenses, agricultores y sus familias, o simples simpatizantes del movimiento y de ciudadanos molestos por la injusta e ilegal del agua extracción del agua, que se enfrentaron a los cientos de policías estatales, en la noche del martes en la caseta de Saucillo.
Y, también, seguramente, la publicación de decenas de desplegados, de la mayor parte de las empresas de esa región, en respaldo a las posturas de los productores, que retrata fielmente el amplio respaldo ciudadano a sus posturas.
Todo lo anterior contrasta con la actitud del Gobierno federal.
Por los mismos días del conflicto, se había presentado otro en Sonora con los pueblos Yaqui, quienes resolvieron bloquear las vialidades Obregón-Hermosillo. El presidente acudió a una asamblea del Consejo de Ancianos y escuchó sus posturas.
¿Porqué en el caso de Chihuahua no?
No es lo único deplorable.
Derivada de la postura presidencial, no pocos militantes de su partido y seguidores de López Obrador realizan injustificadas descalificaciones hacia lo que es, a pesar de todas las explicaciones fundamentalistas que se exponen, un vasto y profundo movimiento popular.
Sorprenden que provengan del que se ostenta como partido de izquierda, hoy en el gobierno.
Peor que funcionarios federales prácticamente llamen a linchar a los dirigentes, o que se ufanen, cuando desalojan a los manifestantes, de haberse “recuperado el estado de derecho”.
En muy poco tiempo asimilaron el lenguaje y concepciones del antiguo partido del viejo régimen.
Todo por la, por lo menos, extraña prisa en pagarle el agua a los norteamericanos, antes del vencimiento del plazo señalado en el Tratado y antes de que llueva en Chihuahua.
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