Pocos temas o asuntos de importancia mayor, pueden poner en grave entredicho al gobierno de la “esperanza de México” como el del caso de la desaparición forzada de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes, secuestrados por elementos del Ejército mexicano el 29 de diciembre del año 2009, en el ejido Benito Juárez, del municipio chihuahuense de Buenaventura.
Ocurrida en el gobierno de Felipe Calderón, en plena vigencia del Operativo Coordinado Chihuahua, los familiares debieron sufrir el viacrucis de la negación de los hechos por autoridades de los tres niveles; del paso de los días sin que aparecieran con vida, de la cerrazón y del acoso de las autoridades judiciales y militares; de las mentiras recibidas de toda la estructura gubernamental; del miedo acerbo y de la migración forzada al extranjero para salvar la vida.
No había motivo a la duda, ni a la negación de los hechos; hay múltiples testimonios que corroboran los hechos: Fueron soldados del 35o Batallón de Infantería los responsables del “levantón” de los 3 jóvenes.
Negada la justicia en el ámbito nacional, el gobierno de Calderón recibió todas las recomendaciones y críticas posibles de los organismos internacionales de Derechos Humanos, incluido el departamento respectivo de la ONU.
Nada pasó, la protección a los militares responsables de los hechos continuó.
Los Alvarado debieron recurrir a la justicia internacional. Llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Les dio la razón y sentenció al Estado Mexicano a reconocer las graves violaciones a los derechos humanos, a reparar el daño, a realizar una investigación que esclarezca los hechos, encuentre a los responsables y los sancione a todos.
Para que eso ocurriera debió transcurrir el sexenio de Peña Nieto, el que opuso toda la argumentación posible a fin de exculpar al Gobierno Federal y en particular a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), manteniendo en todo momento la versión de que los responsables del secuestro habían sido miembros del crimen organizado, a pesar de que nunca pudieron demostrar la vinculación de alguno de los miembros de la extensa familia Alvarado a la delincuencia.
Porque no la había.
Vencido el Estado Mexicano en la Corte Interamericana, representado por el gobierno de Peña Nieto, la sentencia fue emitida en diciembre del 2018.
El Estado mexicano, ahora en manos de AMLO, tenía un año para cumplir con la sentencia de la Corte.
Pasó el tiempo y no lo hizo. Cundió el desaliento, la desesperanza y el enojo en los Alvarado.
Tienen razón en sufrirlos.
Desde fecha tan lejana como el mes de mayo del 2010, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de una de las desaparecidas -Nitza- y prima de los otros dos, se entrevistó con López Obrador.
Encontraron comprensión. Desde entonces pensaron que al llegar a la presidencia cambiarían las cosas respecto a su tragedia.
En aquella ocasión fue acompañada por la activista Cipriana Jurado, -ex directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, con sede en Juárez, quien a raíz de su actividad derechohumanista fuera obligada a exiliarse a los EU- y de Sara Salazar y de Marisela Reyes Salazar, madre e hija de Josefina Reyes, -activista derechohumanista y exregidora del PRD del municipio de Guadalupe Distrito Bravos, asesinada el 3 de enero de 2010, al igual que otros cinco integrantes de su familia-.
Pasaron los años. En marzo del 2017, María de Jesús fue invitada al mitin de López Obrador celebrado en la Plaza de los Lagartos en El Paso; incluso, fue invitada a subir al templete del acto como una mexicana exiliada por la guerra contra el narcotráfico.
Llegado el gobierno de la 4T, y con la responsabilidad de darle cumplimiento a la sentencia de la CIDH, la que pone énfasis en la participación de los militares y, por supuesto, en la presencia de representantes de la Sedena en todos los actos y eventos y, además, en la emisión del reconocimiento de responsabilidad internacional, lo que se conoce como la disculpa pública.
Pero la protección al Ejército mexicano sigue igual que en los dos sexenios anteriores. La Sedena se ha dado el lujo de no asistir a las reuniones de coordinación de los eventos a los que la CIDH condenó a las dependencias gubernamentales.
Igual que con Calderón y Peña Nieto.
El colmo para los Alvarado fue escuchar al subsecretario de Gobernación, en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas, justificar la ausencia de los representantes de la Sedena en los actos a los que está obligada merced a la sentencia de la Corte.
Encinas llegó a decirles que no importaba que no asistieran los representantes de la Sedena, a lo que le respondieron que para ellos -a la familia Alvarado- era muy importante, pues son los señalados de haber cometido la desaparición, además de que la Corte los obliga a participar en los actos de reconocimiento público, al igual que a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal y al gobierno de Chihuahua.
“Si en el tema de la organización de la disculpa pública no se ha podido sentar a la Sedena, en los asuntos torales de la sentencia, como la investigación y localización de las víctimas, ha sido mayor la renuencia gubernamental, lamenta Alvarado Espinosa”. (Nota de Gloria Leticia Díaz, Proceso 2254, 12/I/20).
Para recibir las notificaciones de la Corte fueron designados los generales José de Jesús Espitia Hernández, excomandante de la 5a. Zona Militar, con sede en Chihuahua, y el coronel Elfego José Luján Ruiz, ex comandante del 35o. Batallón de Infantería, quienes siguen negando la participación del Ejército en la desaparición de la familia Alvarado.
La conclusión de los Alvarado es contundente: “López Obrador es lo mismo que Calderón y Peña Nieto, son responsables de que la investigación no avance porque mientras, para ellos el Ejército sea intocable, siguen protegiendo criminales”. (Ibídem).
Los hechos son impactantes, desgarradores.
Alrededor de las 8 de la noche del 29 de diciembre de 2009, diez militares descendieron de dos vehículos oficiales, una Hummer y una camioneta Chevrolet doble rodada frente a un domicilio particular. Vestían uniformes y cascos del Ejército mexicano, así como rifles de alto poder.
Subieron a la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera y a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza y emprendieron la huida en dichos vehículos. Instantes después llegaron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes, a quien secuestraron, luego de destrozar el inmobiliario.
Los familiares se quejaron en todas partes, buscaron a los jóvenes en la comandancia del pueblo, en la procuraduría de Nuevo Casas Grandes y en la oficina de la Procuraduría de Justicia en Buenaventura. Aquí, hasta dos días después de los hechos pudieron interponer la denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad, ante Aarón Enríquez Duarte, Ministerio Público de Buenaventura.
Enríquez Duarte les informó que se había celebrado una redada en el ejido y que tenía información que sus familiares desaparecidos estaban en el 35o. Batallón de Infantería porque estaban siendo investigados.
En las instalaciones militares negaron los hechos.
Los familiares presentaron la queja ante las oficinas del Operativo Conjunto Chihuahua -cosas de la vida pública, quien la recibió fue el licenciado Javier González Mocken, quien sería el candidato de Morena a la alcaldía juarense en 2018- y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Ciudad Juárez (CEDH), en contra de elementos del Ejército Mexicano.
Los jóvenes nunca fueron localizados, permanecen en calidad de desaparecidos hasta la fecha.
Pero las organizaciones no gubernamentales reportaron a la CIDH que tres funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) habían confirmado verbalmente a familiares de las víctimas que los Alvarado fueron detenidos por militares en un operativo dirigido por Élfego Luján, comandante del referido batallón y que una camioneta en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel, al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo Casas Grandes.
Tres presidentes de la república han pasado por el caso y la impunidad continúa, incluso en el gobierno de la 4T.
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