Santiago. La trascendencia que para la legitimidad social del proceso constituyente chileno deberá tener la participación de los independientes y de la sociedad civil en la redacción del texto, quedó expresada en el respaldo de 79 por ciento brindado a que el órgano que la escriba sea una convención en su totalidad electa, sin la presencia de la clase política ahora en el Parlamento, coinciden analistas.
Aldo Anfossi, especial para La Jornada
La otra opción era una “convención constitucional mixta” de 172 miembros, la mitad parlamentarios en ejercicio que se escogían a sí mismos, y el resto ciudadanos electos, que obtuvo 21 por ciento.
“El mensaje es claro, no quieren más de lo mismo, no quieren parlamentarios que escriban la Constitución, quieren ciudadanos y va a ser un desafío importante para los partidos establecer un vínculo con la ciudadanía y llevar candidaturas atractivas”, afirma Claudio Fuentes, profesor de ciencia política de la Universidad Diego Portales.
Coincide Lucía Dammert, politóloga de la Universidad de Santiago, para quien “sin duda es muy importante el tema de los independientes, pero sobre todo la diversidad de los mismos, porque aparecen múltiples independientes que al final son, una vez más, miembros de la élite que vive en las mismas tres comunas (municipios) y que estudiaron en los mismos seis colegios y en tres universidades; entonces parte del resultado del domingo es abrir oportunidades para que mucha gente participe.
“Los independientes deben tener un espacio claro en el proceso. Los partidos políticos son importantes en democracia, pero en Chile están pasando por una crisis de enorme profundidad (2 por ciento de aprobación) y no le brindan legitimidad a los procesos, por tanto el aporte de los independientes puede ser fundamental”, agrega.
Luego del estallido social de octubre de 2019, miles de cabildos y asambleas territoriales se efectuaron en todos los rincones del país, e incluso continuaron en pandemia por Internet. Los vecinos de una comunidad, de un barrio o de una población se convocaban en plazas, parques, gimnasios o anfiteatros para discutir acerca de lo que se estaba viviendo y exponer propuestas. Ancianos, jóvenes, mujeres, varones, obreros, intelectuales, artistas, artesanos, ingenieros, mapuches y de otros pueblos originarios, debatían por horas, hasta anochecer, planteando sus diferencias a veces de manera vehemente.
Pero en algo todos parecían coincidir: repudiaban y no querían saber nada ni de los partidos políticos ni de sus dirigentes ni de sus senadores y diputados, e incluso podían rechazar al vecino que al pedir la palabra tenía la honestidad de declarar su militancia.
Sin embargo, pese a ser mayoritarios, esos independientes tienen escasas posibilidades de llegar por sus propios medios hasta la Convención Constitucional de 155 miembros que se elegirá en abril próximo, porque deben cumplir requisitos de la ley electoral para inscribir candidaturas: reunir y registrar apoyos formales que son difíciles de lograr, incluso pese a la reciente reducción a la mitad de la cantidad de firmas a acreditar (los aspirantes solitarios deberán sumar apoyos equivalentes a 0.2 por ciento de los votos válidos de la elección legislativa previa y para quienes organicen listas, el requisito es de 0.5 por ciento). Tanto así que en el último año fracasaron todos los intentos de inscribir partidos de independientes.
Así, parece que su mejor opción es que los aborrecidos partidos políticos les cedan cupos en sus listas de candidatos, algo que han ofrecido, lo cual sería paradójico.
“Lo primero es que exista la convicción real en las oposiciones y la sociedad civil, que por separado es imposible una carrera competitiva para alcanzar escaños y que debe generarse un acuerdo de listas, para que los partidos que están en mejores condiciones a nivel territorial, le den espacios a la sociedad civil en sus propias listas”, dice Gloria de la Fuente, doctora en ciencias sociales y presidenta de la Fundación Chile 21.
Para el profesor Claudio Fuentes la aspiración de representación es “particularmente antiélite, antisectores privilegiados que han ocupado el poder y la demanda es que la Convención refleje lo que es la sociedad e implica más diversidad étnica y sociocultural. Hay un sentimiento muy fuerte antipartidos que se refleja en la demanda de independientes, de modo que mientras mayor diversidad y apertura, mayor será la probabilidad de que se vaya legitimando el proceso frente a la ciudadanía.
“Los canales de participación ciudadana serán claves para legitimar el proceso y que la sociedad no perciba que fue capturado por cierta élite que controla el poder, ese es el desafío que está en juego”, agrega.
Lucía Dammert estima que el principal escollo a enfrentar no sólo son las exigencias formales, sino el reducido plazo para formar una estructura, lograr reconocimiento y hacer campaña –las candidaturas deben inscribirse el 11 de enero de 2021–, todo ello frente a partidos que tienen maquinarias electorales. Pero no hay que descartar que en la crisis en que está sumida la política, candidaturas independientes logren significativas votaciones, advierte.
En otro dato del plebiscito del domingo, destaca que de las 345 comunas (municipios) que tiene Chile, la opción rechazo ganó en apenas cinco, de los cuales tres (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, todas en Santiago) son los más ricos y donde residen los adinerados de Chile.
“Eso refleja que el poder económico de este país no quería cambiar la Constitución”, comentó el profesor Fuentes.
