Engendro: Criatura informe que nace sin la proporción debida. RAE
¿Se imaginan una elección de medio sexenio federal, en la que tendríamos que elegir, el mismo día, en el caso de Chihuahua, a los diputados federales, los diputados locales, los síndicos, los presidentes municipales, a los ministros de la Corte, a los magistrados del Tribunal Electoral de la federación, a los jueces de distrito (federales), a los magistrados de los tribunales federales, a los magistrados del Tribunal de Chihuahua y a los jueces locales (por distritos, algo así como a los diputados locales)?
¿Y qué tal si esa elección coincide, además, con la del presidente de la república, gobernador y los senadores?
¿Le agregamos más dificultades?
Habría, si tal engendro se aprobara, de acuerdo con la propuesta de López Obrador, 6 candidatos por cada cargo (diputados federales y locales, alcaldes, síndicos, senadores, presidente de la república, gobernador); 30 candidatos a ministros y 6 por cada cargo de juez o magistrado federales y locales.
Además, en ciudades como Juárez y Chihuahua deberá agregársele que habría 54 candidatos a diputados locales en Juárez y 30 en la capital y se tendrían que elegir, en el estado, a «48 magistrados y jueces integrantes del Decimoséptimo Circuito del Poder Judicial, de acuerdo con la más reciente información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)». (Nota de Pavel Juárez, El Diario, 5/7/24).
Claro, el número de candidatos para cargo legislativo puede disminuir si los partidos hacen alianzas.
Por si fuera poco, la iniciativa ordena que a todos los candidatos deben otorgárseles tiempos en radio y televisión.
Y pendiente está que el Tribunal Electoral de la Federación ceda a las pretensiones de López Obrador y les adjudique la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que no la tienen
¿A quién se le ocurrió semejante engendro?
La propuesta del presidente López Obrador no es, ni por asomo, la reforma que necesita el país para disminuir los elevados índices de impunidad existentes en el país, ni para volver a la aplicación y administración de justicia en aquella que a diario reclaman miles de mexicanos al enfrentar a las instancias de la procuración y aplicación de la justicia.
Su propuesta es que los jueces (genéricamente hablando) se elijan al mismo tiempo que los legisladores federales, ya sea que coincida o no con la elección presidencial.
Parte toral de cualquier reforma que lo pretenda hacer en esta materia es el adecuado diagnóstico de ella.
No hay, ni en la exposición de motivos, ni en el articulado propuesto, algo que se acerque a una impresión diagnóstica, mucho menos una exposición -que es obvia en cualquier propuesta de modificaciones a la legislación federal- de los recursos públicos necesarios para satisfacer los requerimientos de la reforma.
La propuesta de López Obrador se centra en un solo aspecto, la elección de los jueces y magistrados, como llave mágica, según el mandatario, para desterrar los vicios, los defectos y la corrupción que según su diagnóstico son lo preponderante en el Poder Judicial de la Federación.
Tampoco efectúa el análisis de la procuración de justicia en el ámbito federal, que pasa por una revisión de la Fiscalía General de la República y los recursos aplicados para su funcionamiento.
La propuesta de reforma no contiene un, así sea somero, análisis de las condiciones del aparato de justicia en los estados, tanto de los tribunales locales, como de las fiscalías.
Más aún, además de los numerosos inconvenientes de designar por esa vía a los ministros, jueces federales y magistrados (en lo referente a los jueces locales, habría que efectuar una gran discusión), el principal de ellos que deberíamos someter a los aspirantes, además de hacer la carrera académica y laboral necesarias para desempeñar esos cargos, que son de muy alta calificación y especialidad, tendrían que hacer una carrera ‘política’, con el fin de lograr la simpatía de los ‘grandes electores’, el presidente de la república, los legisladores federales y las ministros de la Corte.
Y si superan esos ‘retenes’, volverse ‘simpáticos’, agradables, políticamente ‘correctos’ ante los verdaderos jefes de los acarreadores de votos, los dirigentes de los partidos, en especial del partido convertido en hegemónico ahora, Morena, y en menor cuantía a los partidos opositores.
No, solo hay una visión y un objetivo, que los ciudadanos elijan a los ministros y jueces federales, aspecto al que se dedica la mayor parte de la argumentación y el articulado a cambiar.
Por una razón, porque el presidente quiere completar su obra y desaparecer cualquier órgano, organismo o ente que le haga contrapeso a la presidencia de la república, no desea nada que la vigile, la revise o ponga un alto a sus pretensiones.
En lugar de haber diseñado, Morena y López Obrador, un nuevo entramado institucional, que mejorara sensiblemente el arrancado al viejo régimen priista, se han dedicado a destruirlo y tratar de colocar en su lugar estructuras aún más antidemocráticas que las del pasado.
¿Porqué, por ejemplo, no mejoraron los mecanismos para elegir a los ministros de la Corte, del Tribunal Electoral, a los magistrados y consejeros electorales, excluyendo de esas designaciones a los partidos y que los sustituyeran organismos ciudadanos y/o académicos y personalidades del mundo del arte y la cultura?
¿Y cambiar los mecanismos para que la designación de los magistrados de los tribunales locales cambie abruptamente y no suceda lo que en Chihuahua, que casi cada nuevo gobernante elige a su Tribunal Superior?
¿Para qué someter al país a tal propuesta y tensión si a partir de diciembre habrá 6 ministros propuestos por López Obrador?
No, no es una propuesta elaborada por un hombre ‘de Estado’, un ‘estadista’, es la jugarreta, extremadamente costosa, en dinero y en vidas si se aprobara, de quien solo piensa en ganar elecciones.
No hay, además, así sea el más pequeño de los esbozos de los ingentes recursos necesarios para superar los bajísimos promedios en el número de jueces y fiscales (agentes del ministerio público) con los que contamos en el país, tanto federales como locales, sin duda uno de los factores más importantes en hacer que la justicia no sea expedita.
La propuesta contiene demasiados aspectos negativos: Politizaría al Poder Judicial pues los candidatos necesitarían hacer campaña, posiblemente aliándose con partidos políticos, lo cual podría comprometer su independencia y neutralidad; la mayoría de los votantes no tiene el conocimiento técnico o jurídico necesario para evaluar adecuadamente las cualificaciones de los candidatos a ministro de la SCJN, lo que podría llevar a la elección de candidatos menos capacitados; los candidatos a ministros podrían recurrir a promesas populistas para ganar votos, desviándose de la imparcialidad y el rigor jurídico necesarios para desempeñar el cargo adecuadamente; la necesidad de financiar campañas electorales podría abrir la puerta a influencias externas, como intereses económicos o políticos que financien a ciertos candidatos a cambio de favores futuros.
Además, la elección popular podría generar una mayor rotación en los cargos de la SCJN, afectando la estabilidad y continuidad en la interpretación y aplicación de la ley; desvirtuaría la función judicial, que es estrictamente jurídica y no debería estar sujeta a los vaivenes de la política electoral.
La reforma, además, está imbuida del espíritu lopezobradorista de que todos los demás son los ‘malos’ y ‘nosotros somos los buenos’ pues acusa a los actuales jueces de «incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público».
¿Entonces solo los funcionarios emanados de Morena no caen ante los grupos de poder?
Y como si se tratara de elegir diputados, el presidente asegura que mediante «la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial…».
¿Cómo, juzgadores que representen distintas visiones del país? ¿Qué, acaso no deben ser, simplemente, aplicadores y, en todo caso, intérpretes del marco legal que tenemos?
El colmo es que para validar que la iniciativa sí cuenta con el soporte presupuestario, exhibieron un documento que lo avalaba, pero solo en lo referente a que solo se cambia el mecanismo de designación-elección, pero ni una palabra acerca de incrementarlo para, por lo menos, pasar de 3 jueces por cada 100 mil habitantes al doble, o al triple.
Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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