Acaso por coincidencia, los dos más recientes exgobernadores chihuahuenses están involucrados en sendos problemas judiciales
Acaso por coincidencia, los dos más recientes exgobernadores chihuahuenses están involucrados en sendos problemas judiciales.
Ambos podrían ser de los emblemáticos de las causas por las cuales los partidos que los llevaron al poder (PRI Y PAN) -y a otros cargos previos- se encuentran en una profunda crisis.
Si por una parte los tribunales norteamericanos no le dieron la razón a Javier Corral Jurado en su demanda en contra del Director General de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, por el otro, en el ámbito local le fincaron responsabilidades administrativas con el cual le podrían fincar responsabilidades penales.
En tanto, el otro exgobernador, César Duarte, aprovechando todos los resquicios legales existentes a la fecha en que lo denunciaron, que sancionaba blandamente las corruptelas de los funcionarios públicos, hasta se dió el lujo de aparecer públicamente en las calles de Chihuahua.
Sus conductas, las pasadas y las presentes, explican nítidamente algunas de las razones de la crisis de priistas y panistas.
Quizá Corral sea -como una más de las innumerables paradojas protagonizadas por la clase política mexicana- un mejor exponente de los peores defectos de la misma pues, a su errático gobierno, con fallas administrativas y/o penales reportadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), se le suma su incongruente actuación frente al presidente López Obrador y Morena, a grado tal que, después de denostarlos, hasta salvajemente, pasó a la adulación extrema a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, a fin de acceder a otros espacios de poder.
¡Y lo logró! Será senador de la república postulado por Morena.
En el colmo de esas incongruencias, por una parte la dirigente estatal de Morena fue relegada frente al exgobernador y será suplente de Corral, y, por la otra, Corral deberá responder penalmente ante la denuncia presentada en su contra por otro militante de Morena, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
La Secretaría de la Función Pública le notificó a Javier Corral Jurado, de la apertura de un procedimiento en su contra por probable enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, derivado de dos denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2022.
La primera, presentada por el diputado priista Omar Bazán, por la compra del terreno aledaño a su casa en Juárez y la otra, la denuncia penal presentada en mayo de 2022 ante la FGE por el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar.
Más de las incongruencias: No son pocos los legisladores, dirigentes y militantes de Morena que defienden públicamente al exgobernador que más duramente criticó al tabasqueño presidente.
Pareciera que, indefectiblemente, los destinos políticos de Corral y Duarte seguirán unidos, no solo porque el primero, además de atacar al ballezano, sumó a sus críticas y denuncias a un sinnúmero de funcionarios gubernamentales y seguidores duartistas o señalados por él con esa denominación, sino porque algunos de ellos han levantado denuncias en contra de él.
Y en este contexto, César Duarte no sólo obtiene el cambio de ‘medidas cautelares’, que le permite transitar su proceso en una libertad restringida a la ciudad de Chihuahua, sino que se da el lujo de aprovechar tal condición y obtener una indudable presencia mediática, la que podría, hipotéticamente, posibilitarle reestructurar a su grupo político, en medio de una más que generalizada recepción popular crítica a su mandato y al hecho de que la percepción de su culpabilidad es más que extendida en la sociedad chihuahuense y al de que su partido ha sufrido la peor debacle electoral de su historia.
El colmo será que lo pudieran sentenciar como inocente de las causas en su contra, lo que podría achacársele, en una buena medida, a las deficiencias de las demandas, elaboradas por el equipo de Corral, muchas de las cuales fueron -otra de las paradojas- subsanadas por el gobierno de López Obrador, antes de enviarlas al gobierno norteamericano.
Preside, todo lo relacionado con la libertad restringida de Duarte, la extendida percepción, originada por Corral, de ser la gobernadora Maru Campos la autora intelectual y, sobre todo, material.
De tal acusación deberá responder la administración estatal.
Una cosa sí es cierta, que cometerían un gran error si actuaran en pro del exgobernante ballezano.
Les convendría en grado mayor mantenerse ajenos al litigio, al fin y al cabo, cualquiera que sea el fallo de los tribunales locales, se irá al ámbito federal y que, más allá de las acusaciones de la 4T, en lo general, el Poder Judicial Federal se mantiene, en sus resoluciones, con un muy elevado grado de imparcialidad y ajuste al marco legal vigente.
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