*Pensiones Civiles de Chihuahua: al borde del colapso.
*AMLO: el fantasma de la desconfianza económica dentro y fuera de México.
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE) atraviesa por una complicada situación financiera, que en los últimos nueve o diez años ha obligado al Gobierno del Estado y a ese organismo público descentralizado a buscar soluciones para su viabilidad a largo plazo. Durante la administración del gobernador César Duarte se efectuó una reforma a la ley del organismo, bajo el argumento de que la anhelada estabilidad del ente se lograría mediante la actualización de las tarifas de aportación del gobierno y los empleados estatales, así como de los periodos de ejercicio laboral necesarios para la obtención de pensiones o jubilaciones, que la nueva ley puso en vigor. No obstante lo alentador que parecía el panorama anunciado en virtud de dicha reforma legal, y los correspondientes cálculos y estudios actuariales que sustentaron a la misma, a la fecha PCE continúa siendo un ente público con un enorme déficit financiero y material, circunstancias que lo colocan prácticamente en situación de quiebra.
La razón de tan desafortunada situación se debe a la indisciplina de los entes gubernamentales afiliados a dicha institución de seguridad social, pues históricamente se han registrado demoras y rezagos en el pago de las aportaciones por parte de varias de las dependencias y organismos del estado que tienen la obligación legal de contribuir al financiamiento de PCE, y actualmente algunas arrastran enormes pasivos por ese concepto. El resultado de tal irresponsabilidad e indisciplina es el estado de insolvencia en el que ahora se halla el otrora orgullo de la administración pública estatal, y que lo tiene al borde del colapso.
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la iniciativa privada nacional –e incuso también la extranjera- ha manifestado en reiteradas ocasiones su inconformidad con la política económica del mandatario. Tales manifestaciones o posturas de discordancia han tenido como origen las decisiones adoptadas o las acciones emprendidas por el presidente en algunos aspectos fundamentales de la economía. Como ejemplos de tales situaciones, que han empezado a preocupar a inversionistas nacionales y extranjeros, se pueden citar el incumplimiento por el actual gobierno mexicano de los contratos de inversión privada en plantas generadoras de energías limpias (eólica), y la controversial iniciativa de reforma energética que actualmente promueve el titular del Poder Ejecutivo.
Dichas preocupaciones se derivan del escenario de incertidumbre y riesgo en el que quedan las empresas privadas al no existir reglas claras, y tampoco la certeza de que el gobierno habrá de respetar tanto éstas como los acuerdos y compromisos que se deriven de ellas y del marco jurídico vigente. Es decir, la angustia del empresariado proviene de la amenaza de ausencia de estado de derecho, provocada por la falta de seriedad del gobierno federal en turno. El efecto monopolizante a favor del Estado mexicano que ocasionaría la pretendida reforma energética, así como las restricciones a la inversión privada en materia de generación de energía a través de medios no contaminantes, están ahora en el centro del debate del sector empresarial, y también de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos y los de algunos países de Europa, cuyas relaciones económicas con México son de importancia significativa.
A raíz de tales señales de incertidumbre jurídica, económica y política que el mismo gobierno mexicano ha empezado a enviar dentro y fuera del país, ya comienza a hablarse de una parálisis de inversiones por 50 mil millones de dólares. De no dar indicadores que generen credibilidad y alienten la inversión privada, el presidente López Obrador cerrará las puertas de México al capital privado interno y externo, así como al crecimiento de la economía y la generación de empleo. A la mitad de su gestión de gobierno, el presidente López Obrador parece haber creado el fantasma de la desconfianza que hoy espanta a los capitales nacionales y extranjeros interesados en invertir para impulsar el desarrollo y la prosperidad de México.
