*COVID-19: otra vez golpea con fuerza a Chihuahua.
*AMLO: se aleja de la ética, y del respeto a la legalidad y las instituciones.
De nuevo ha rebrotado con fuerza el Coronavirus en Chihuahua; hemos visto como en los últimos días el incremento de contagios y fallecimientos ha alcanzado niveles preocupantes. Es evidente que no se han seguido las recomendaciones adecuadas para controlar esta pandemia. Desde meses atrás han surgido serias críticas respecto a la forma de conducir dicha contingencia sanitaria por parte de los gobiernos Federal y del Estado de Chihuahua, sin duda, hay suficientes razones para pensar que el manejo gubernamental ha dejado qué desear, y se ha alejado en ocasiones, incluso de lo que el sentido común y las experiencias exitosas aconsejan. Sin embargo, también existe responsabilidad privada por parte de personas, familias y quizá hasta empresas o establecimientos comerciales, debido a omisión por desacato a las medidas que las circunstancias exigen, es decir, por negligencia, o por relajamiento de la disciplina que el momento actual impone.
Así, hoy vemos un nuevo cierre, aunque parcial, de establecimientos y actividades, obligado por la condición de reincidencia o agravamiento que el virus ha vuelto a imponer en la sociedad de Chihuahua y de otros estados del país. No podemos caer en el descuido y minimizar el riesgo que este virus representa, pues aún hay cuestiones que se desconocen sobre su forma de actuar y su letalidad. Además, el hecho de que ya estén circulando las vacunas y una parte importante de la población las haya recibido, no necesariamente significa que quienes se hayan vacunado se encuentren totalmente inmunes al contagio del temible virus. Éste repunte o rebrote de Covid 19, que ahora afecta a la entidad, debe servir para recordar que la batalla por la salud aún no se ha ganado.
Durante los recientes días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido ampliamente criticado por su pretensión de ampliar en dos años más el periodo de ejercicio del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación Arturo Zaldívar. En opinión de la mayoría de los analistas políticos y de los juristas, esto constituye una clara violación a la Constitución del país, particularmente al artículo 97, en el que se establece la duración del periodo en el cual debe fungir el titular del Poder Judicial. Las críticas tienen bastante fundamento, pues el hecho de pretender llevar a cabo tal ampliación mediante un artículo transitorio, contenido en el proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación, constituye una grave falta de respeto al ordenamiento constitucional, y una muy burda maniobra.
Existe un proceso legislativo, contemplado en la Constitución, para efectuar modificaciones a la misma, por lo tanto, es, no sólo un serio error de técnica legislativa el pretender modificar la constitución a través de un artículo transitorio insertado en un proyecto de ley secundaria, sino además, una reprobable transgresión al máximo ordenamiento jurídico-político del país. De igual modo, la acción desplegada por el titular del Poder Ejecutivo a través de los senadores y diputados de su partido político, representa un claro desapego a los principios de ética e institucionalidad que deben ser observados por el primer mandatario y los demás servidores públicos.
En su toma de protesta, el presidente López Obrador se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y en la práctica vemos acciones que no resultan congruentes con tal compromiso. Además, el ambiente de confrontación, denostación y polarización que hoy vive la nación es, por desgracia, alentado todos los días desde el mismo discurso presidencial que se emite en cada conferencia mañanera, lo cual, es otro serio error en el que incurre el presidente.
Asimismo, frecuentemente y de manera abierta el mandatario no solo difunde logros y acciones de su administración, sino que respalda a sus correligionarios de partido y descalifica a los partidos políticos opositores, aún a sabiendas de que con estas acciones viola en modo flagrante la prohibición legal que lo obliga a abstenerse de intervenir en el proceso electoral. También son constantes sus agresivos ataques y críticas al Instituto Nacional Electoral, órgano público legalmente dotado de autonomía y facultades para organizar y calificar las elecciones. Es necesario que el presidente López Obrador modifique su actitud; un Jefe de Estado jamás debe alejarse de la ética, y del respeto a la legalidad y las instituciones, porque es el principal obligado a enaltecer estos valores a través de su comportamiento.
