El cultivo de algodón: otra víctima ideológica de la 4T.
Vinculación a proceso de María Eugenia Campos: escenario judicial y mediático.
La falta de permisos para la importación de semillas mejoradas de algodón, es un problema que enfrentan los productores de esta fibra, en México, pues el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha prohibido el ingreso al país, de dicho insumo. Ante dicha situación, las reservas de este material para siembra comienzan a agotarse, y esto ha generado preocupación entre los productores, al ver en peligro de suspensión su actividad agrícola ante la eventual falta del principal insumo para siembra. Es pertinente referir que en Chihuahua el el cultivo del algodón tiene una importancia relevante, porque esta entidad es el principal productor de la fibra en México, además, el algodón producido en Chihuahua se encuentra entre los demás alta calidad del mundo, por encima incluso del qué se produce en Texas, Estados Unidos.
Respecto a esta problemática Víctor Enns, representante legal de Fibras y Semillas de Chihuahua, asociación integrada por 23 personas morales de 33 plantas despepitadoras en Chihuahua, ha indicado que casas comerciales que operan en México, como BASF y Deltapine, han batallado con la importación de variedades nuevas de semilla de algodón y de alta tecnología, lo que ha causado un problema de desabasto en la entidad y en otras partes del país.
De llegar a disminuir o suspenderse la siembra de algodón en Chihuahua y en México, se verían seriamente afectadas la actividad agrícola, la industria textil y una gran cantidad de personas que dependen de esta cadena productiva, pues en este entorno de producción se encuentran los productores y trabajadores agrícolas, proveedores de servicios técnicos y productos agroquímicos, plantas despepitadoras, empresas textiles, y otros sectores que inciden en la cadena comercial, de modo que una interrupción o disminución en la siembra y producción de algodón vendría a perjudicar considerablemente a miles de personas y familias cuya economía se halla directa o indirectamente vinculada al cultivo del algodón.
Ante lo narrado es conveniente que el gobierno del presidente López Obrador muestre interés en la atención y solución a dicho problema, ya que la función del gobierno su cargo es velar por los intereses de la comunidad, así como anteponer éstos frente a cuestiones de carácter ideológico o político. No es esta la primera ocasión en que el gobierno actual toma decisiones que afectan a importantes grupos o sectores de la economía.
Un hecho de consecuencias similares lo fue la cancelación de contratos para el establecimiento y operación de empresas privadas generadoras de energías renovables, que ha ocasionado la presentación de algunos amparos contra la administración lopezobradorista. Hoy, México y el mundo viven en una economía globalizada, si nuestro país optara por aislarse del ámbito internacional paralizaría significativamente sus actividades productivas, desalentaría la inversión nacional y extranjera, y generaría desempleo, así como otros graves problemas sociales y económicos.
En un mundo tan interdependiente e integrado comercial y económicamente, como el que se vive en el presente siglo XXI, no se puede concebir una economía cerrada y opuesta a la participación privada nacional y/o extranjera. Por ello, es necesario un viraje en la dirección que ha tomado el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, cuyos criterios de carácter ideológico-político a veces resultan incompatibles con la realidad económica y política que hoy rige a la relación de México con el resto del mundo.
La vinculación a proceso ha sido decretada por el juez que lleva el caso de la alcaldesa de Chihuahua, con licencia, María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN y PRD al gobierno del Estado, y otros dos ex diputados, quienes junto con aquélla se encuentran acusados de haber recibido en forma ilícita dinero procedente del erario público, cuando todos ellos fueron legisladores. Tal decisión es producto de la conclusión a la que el juzgador ha llegado, por considerar que existen elementos suficientes para procesar a Campos y los otros indiciados, es decir, el juez encontró razones suficientes para determinar que es probable la existencia de los hechos que se les imputan, y que de igual modo tiene solidez la investigación e integración del expediente acusatorio, efectuada por el ministerio público. Dicha circunstancia tendrá, sin duda, efectos de índole político, jurídico mediático y quizá electoral, es amplia la exposición que en los medios de comunicación ha tenido dicho caso, por lo que el mismo ha atraído la atención de los sectores políticos y periodísticos, así como de la opinión pública en general, de modo que hoy es uno de los temas presentes en la agenda pública de Chihuahua y del país.
Es preciso recordar que dicho proceso jurisdiccional es producto de las directrices dadas al Fiscal del Estado, por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, cuya administración se ha distinguido por formular acusaciones penales contra diversos personajes políticos a quienes él considera infractores de la ley. Es previsible que en lo sucesivo el caso Campos tendrá sobreexposición en los medios de comunicación pues es el escaparate en el que -paralelamente a las estrategias que su equipo de asesores legales desplegará en los tribunales- habrá de defenderse políticamente la ex alcaldesa y candidata. Por lo pronto la candidata panista ha salido a los medios a leer un texto en el que afirma que debido a que la vinculación a proceso no es una sentencia, sus derechos políticos no se ven afectados, y que por ello iniciará su campaña con fuerza.
