El agua y la democracia de la 4T, en el centro de la controversia.
No parece tener visos de solución el conflicto regional generado por el Gobierno Federal en la vasta comarca agrícola situada desde la zona centro-sur hasta la parte noreste de Chihuahua. Recientemente varios legisladores federales y locales, así como algunos alcaldes, han publicado un desplegado titulado “El agua es de Chihuahua y de su gente”, en el que exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la realización de una consulta ciudadana para que la voz de los chihuahuenses determine si se continúa o no con la extracción de agua de tres de las principales presas del Estado (“La Boquilla”, “Las Vírgenes” y “El Granero”).
La Comisión Nacional del Agua y la Presidencia de la República sostienen que es necesario entregar a los Estados Unidos el agua para el pago que corresponde a México realizar en virtud del tratado firmado por ambos países en 1944. Por su parte, los productores agropecuarios de la región no se niegan al pago del líquido, pero sí han protestado, con argumentos, por la indebida entrega anticipada que México está haciendo al país vecino, pues pese a que legalmente lo puede hacer en octubre, el gobierno de la república comenzó la entrega desde enero o febrero del presente año, mediante el uso de la Guardia Nacional, para evitar que los agricultores opusieran resistencia a la apertura de las compuertas de las presas.
Entregar el agua del tratado en estas épocas de riego agrícola -y a la vez sequía-, como lo está haciendo la administración del presidente López Obrador, podría provocar el agotamiento de las presas y la inexistencia del preciado recurso hídrico para los agricultores, con las consecuentes pérdidas catastróficas para la economía regional, así como para el patrimonio y subsistencia de miles de familias chihuahuenses que viven de la producción agropecuaria.
El origen de dicha comarca agrícola se sitúa a finales de los años 20 y comienzos de los 30, del siglo XX, pues fue producto de la política agrícola implementada durante los gobiernos de los presidentes Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil. Es conocida como Distrito de Riego 05, y en la actualidad abarca más de 75 mil hectáreas de riego, siendo una de las principales y más productivas regiones agrícolas del país. Hoy, las acciones efectuadas por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, representan una real amenaza a la estabilidad y sustentabilidad de esta ejemplar e histórica región que constituye un orgullo para Chihuahua y para México.
Los resultados han sido hasta ahora un inexplicable desdén de la autoridad gubernamental ante los reclamos, y como consecuencia de ello la realización de airadas pero justas manifestaciones por parte de los productores y sus líderes. Además, se ha logrado detectar y arrestar a personas extrañas al movimiento de los productores, quienes al parecer fueron reclutadas y pagadas para realizar actos subversivos con el fin de deslegitimar y desacreditar las acciones de los agricultores.
La propuesta que mediante carta pública hacen ahora los legisladores y alcaldes constituye una clara petición al Gobierno de México, y de modo implícito a su principal representante, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ella solicitan que se escuche y acate la decisión que mediante una consulta pública emitan los chihuahuenses respecto al manejo del agua de Chihuahua. Tal iniciativa se basa en el esquema de participación ciudadana democrática, del cual López Obrador ha sido ferviente promotor y practicante al incluirlo con frecuencia en su discurso, y haberlo implementado en ocasiones para decidir otros asuntos de interés colectivo, como las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (28 de octubre de 2018), y del Tren Maya (15 de diciembre de 2019). Hoy el agua y la democracia de la 4T, figuran entre los temas centrales de la controversia. ¿Escuchará y atenderá Andrés Manuel López Obrador al pueblo de Chihuahua?
