*AMLO enfurece a chihuahuense
*Protege a Corral y a Duarte
*¿Y el regreso de propiedades?
*Le quitan camillas a Cruz Roja y a URGE
DESDE la mañanera el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, levantó más polémica en Chihuahua, que con el anuncio de que le daría chamba al cuestionado exgobernador Javier Corral Jurado.
Ocurrencia o no, el presidente se mostró en favor de que le conceda el criterio de oportunidad, es decir, que se le considere como testigo protegido a César Duarte Jáquez, una vez que sea extraditado.
Obviamente, en anunció o la postura presidencial, atrajo la atención la postura de las partes involucradas.
Naturalmente lo dijo el Presidente de México y no cualquier hijo de vecino.
El equipo de abogados de Duarte, descartó esa posibilidad, pues de entrada el exmandatario en caso de ser extraditado, vendría al estado de Chihuahua, ya que la causa principal, analizada por la jueza de Miami para autorizar la extradición, tiene que ver con un supuesto delito del orden del fuero común.
Por cierto, que criterio de oportunidad, es una decisión del propio procesado en donde presidente de la república no tiene facultades para definir, aún tratándose de un delito del fuero federal. Recomendarlo huele feo, como a impunidad.
Desde luego que ya se sabe que la división de poderes y la autonomía de las fiscalías, sólo queda en la maltrecha Constitución.
El procesado propone y la Fiscalía estatal para el caso, decide si acepta o no e incluso, opera a la inversa en Chihuahua.
Parecería que el visto bueno presidencial, tiene que ver más con atraer reflectores para colgarse el caso Duarte Jáquez, ahora que el cacaraqueado caso de Emilio Lozoya, se desinfló como llanta porosa en temporada invernal.
El deseo de Duarte, susurrado por su abogados, habría aceptado ser extraditado siempre sea a Chihuahua, con un nuevo gobierno estatal y con el retorno de muchos de los suyos en el Poder Judicial y Judicatura.
A LAS 23:59 horas del martes venció el plazo que se le reintegren seis de ocho propiedades al exgobernador César Duarte Jáquez.
Se trata de un mandato del juez Octavo Civil, especializado en extinción de dominio Erik Alberto Parada Olivas, en ordenamiento del dos de diciembre pasado.
Hasta pocos minutos antes de la medianoche, el mandato del juzgador no había surtido efecto y en la Fiscalía General del Estado, sólo se informó que este miércoles, habría una respuesta oficial, la que ayer se negó bajo el argumento de que el plazo legal no había concluido.
Se trata de propiedades rurales ubicadas en el Municipio de Balleza, entre ellas el rancho El Saucito con una extensión de 430 mil hectáreas.
El ordenamiento judicial bajo advertencia de desacato está contenido en el oficio 2459/2021 con referencia al expediente 74/2021.
SON COSAS que no deberían suceder y por lo tanto difíciles de creer, pero la realidad demuestra que así es.
Chihuahua con hospitales públicos con una edad de entre los 40 y 100 años, no resisten la alta demanda que ha generado el crecimiento población y por lo tanto de derechohabiencia de estas instituciones.
Los hospitales se diseñaron para atender una población de entre los 250 a 300 mil habitantes; ahora soportan la carga de un millón de capitalinos.
Por lo tanto es entendible que no haya espacio en habitaciones, pabellones, es más ya ni en los pasillo de urgencias en camillas provisionales.
Diría López Obrador que ahora todos tienen derecho de acceso a la salud, el problema es que no dijo en dónde, menos en qué fecha y qué farmacia acudir.
De ese tamaño estás los servicios públicos en esta materia en el Estado de Chihuahua y seguramente en todo el país.
El contexto viene a colación porque ahora, las ambulancias de cualquier sistema de asistencia o emergencia que trasladen a algún paciente con necesidad de hospitalización son recibidos si dejan la camilla de la ambulancia.
Es increíble pero así sucede, lo padecen los servicio de urgencia conocidos como URGE, la Cruz Roja y hasta los particulares.
Paciente que dejan en un hospital público se queda con todo y camilla lo que colateralmente provoca que la ambulancia quede fuera de servicio o paralizada.
Dicho de otra marera la capacidad hospitalaria está colapsada y ponen en riesgo a otras instituciones que prestan el servicio descrito.
Esa circunstancia se registro, por cierto, antes de que se presentara la pandemia del Covid-19.
