En términos jurídicos podemos decir que el Instituto Estatal Electoral “concedió la suspensión provisional” a la diputada Brenda Ríos, en la denuncia que interpuso por violencia política en razón de género contra el alcalde Marco Bonilla, obligándolo a él y a su vocera a guardar silencio en su desencuentro con la diputada. El Tribunal Electoral resolverá el fondo, intermedio en el cual prevalece la medida cautelar interpuesta por el IEE, se callan y punto, prevenidos que de no hacerlo se atengan a las consecuencias legales.
El origen de la confrontación es conocido, la diputada por Morena utilizó el derrumbe de una barda perimetral en el fraccionamiento Monte Xenit, a causa de lluvias atípicas en la Ciudad, para enderezar una campaña mediática contra el alcalde. En esa narrativa introdujo un tema inexistente en la ciudad, un supuesto “Cartel Inmobiliario”, estribillo que al partido oficial redituó electoralmente muy bien en Ciudad de México, en las elecciones pasadas.
A partir de ahí ambos se trabaron en discusiones públicas propias de políticos en campaña, nada nuevo. Comparado con otros, por ejemplo la persecución de Corral contra Maru o la de Duarte contra Quezada, el de Ríos y Bonilla es de niños. El punto está en la resolución del IEE, que con tal de satisfacer a una diputada del régimen, pisotea la libertad de expresión, uno de los derechos más elementales del ser humano.
Aquí no se trata de hacer una defensa de Bonilla, el tendrá medios suficientes para defenderse. Pretendo llamar la atención del recurso favorito al que usualmente apelan las mujeres del oficialismo, cuando se ven rebasadas en la opinión pública: llamarse víctimas por violencia de género. También observar la ligereza con que una Institución Electoral les toma la palabra, sin reparar en que atenta contra otros derechos.
No hay forma de que el Tribunal Electoral otorgue la razón a la diputada, en el fondo, más que haciendo pedazos la libertad de expresión y, aunque llegan a cada aberración, dudo que lo hagan, hasta para ellos es demasiado. Existe un precedente, el de la hoy senadora, entonces diputada, Andrea Chávez contra la analista Denise Dresser. También el INE dio la razón a la diputada, pero el Trife exculpó por completo a la analista.
Fallar en el fondo a favor de “las quejosas” sentaría un precedente muy negativo, a partir del cual la Libertad de Expresión quedaría tocada en este país de manera oficial, ya de por si muy maltrecha por el régimen, a pesar de que la presume como uno de sus principios más sagrados. A los periodistas nos colocaría frente a la tesitura de no poder escribir o hablar de temas que incomoden a una mujer empoderada del régimen, mientras ellas se dan vuelo diciendo lo que les venga en gana, con tal de ganar visibilidad mediática para sus proyectos personales.
O dejar en la indefensión a los político(a)s opositores. Por ejemplo, la diputada Ríos puede llamar al edil Bonilla “macho violador” sin sufrir la menor consecuencia, pero que el edil no tenga el atrevimiento de llamarla a ella “Francisca”, su segundo nombre, y menos se le ocurra usar el diminutivo, Pancha. O hacer observaciones sobre su ropa, accesorios o calzado.
La resolución del IEE, firmada por la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, es un despropósito absoluto. Salen a medios acusando de corrupción a sus adversarios y esperan que los traten con rosas o se llaman víctimas. En la lucha por el poder no hay género, es la competencia descarnada entre personas y el IEE quiere que se comporten como monaguillos discutiendo por ver quien se queda con la misa de las doce.
En este caso en particular, Brenda queriendo abonar a su campaña por la alcaldía, instruida por Ariadna Montiel; Bonilla reacciona tratando de evitar que complique sus aspiraciones a la gubernatura, manchando con mentiras o verdades su administración.
Esos dimes y diretes son para quedar en chisme, pero cuando interviene la autoridad electoral sancionando a una de las partes, el caso adquiere otra dimensión: ya no se trata de dos políticos adversarios cuyos caminos se cruzaron, la autoridad misma deja en entredicho la Libertad de Expresión.
Por eso vuelvo a decir lo que dije en algún momento de la confrontación; si la diputada no quiere ver brujas pues que no salga de noche, o al revés, si le gusta bailar que aguante los pisotones. Pues no, la señora sale de noche y se espanta con las sombras nocturnas, parte la pista de baile y se queja de los pisotones. Tan finitas ni el tlatoani las quiere.
Rompeolas
Aseguran que, oooootra vez, Edibray Gómez, ahora con cachucha de funcionario estatal, pretende meter manos y codos en la próxima sucesión en la presidencia de Canaco, apoyando nada menos que a uno de sus aliados de siempre. ¿Edibray en Canaco? Pues será por cuenta propia, hasta donde se sabe ese tema lo tiene delegado Santiago de la Peña. Y además, ya chole con los mismos, piensan que les escrituraron la cámara. Se está poniendo interesante el relevo, iremos abordando el tema en próximas entregas.
