Manifestación del 8 de marzo… plausible en el fondo, cuestionable en la forma. Deberes éticos y derechos humanos… desacato en la actual administración.
Hay unos aspectos encomiables y otros censurables en la manifestación que con motivo del Día Internacional de la Mujer efectuaron en la ciudad de Chihuahua el 8 de marzo de 2020 cientos de mujeres, quienes con toda razón protestaron en nombre propio y de sus congéneres contra el estado de violencia y discriminación del que desde tiempo atrás vienen siendo objeto, y que en los recientes años se ha incrementado ante la debilidad, rebasamiento e ingobernabilidad que sufren las instituciones del estado mexicano.
Es incorrecto el modo bajo el cual algunas de las manifestantes dieron a conocer sus justas y respetables protestas, pues a pesar de que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo en la urgencia de protección a sus derechos fundamentales (entre los que sobresalen los derechos a la vida y a la integridad física, primordialmente), muchos ciudadanos desaprobamos las formas que durante el evento de protesta se emplearon por parte de quienes pintarrajearon inmuebles públicos (monumento a Francisco Villa, estaciones de autobús y Palacio de Gobierno) y privados, y/o se exhibieron sin ropa ante el público transeúnte.
Aunque es innegable el nivel de desesperación y exasperación en el que hoy viven las mujeres y la sociedad a causa de los feminicidios y demás violaciones contra los derechos de las mujeres, éstas no necesitan mostrar sus cuerpos desnudos para exigir que sus derechos se hagan valer. La vigencia y goce de sus garantías jurídicas fundamentales tampoco depende del mayor o menor daño que se cause al patrimonio público o privado. No es correcto que para exigir el cese a la violencia y las transgresiones a los derechos se recurra a actos violentos mediante los que se infrinja la ley. Es decir, resulta inaceptable exigir el respeto a los derechos propios violando los de las demás personas.
El gobernador Javier Corral declaró que no borrará los mensajes pintarrajeados para que los funcionarios tomen nota de los reclamos feministas, lo cual denota una postura relativamente demagógica pues todo el mundo se dio cuenta de dichas exigencias reivindicatorias, no solo en el mismo momento en que los hechos ocurrieron y fueron difundidos a través de las redes sociales, sino desde semanas antes al ser anunciada la manifestación de protesta nacional que se haría el 9 de marzo de 2020 -un día después del domingo 8 de tal mes y año-. La reacción de la iniciativa privada no se hizo esperar y a través de Francisco Santini Ramos, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ese sector expresó su desacuerdo con la postura asumida por Corral pues es obvio que la misma constituye una especie de permiso para la anarquía y el desenfreno.
Por ser un asunto de carácter público los mexicanos tenemos derecho a exigir que se respeten la vida, integridad y dignidad de las mujeres, y bajo el mismo argumento nos asisten el derecho y la razón para reclamar la conservación de los edificios y monumentos públicos con valor histórico, así como a que sobre éstos no se cometan actos delictivos porque forman parte de nuestro valioso patrimonio cultural y arquitectónico; por lo tanto las válidas y necesarias protestas contra la transgresión a los derechos de las mujeres o de cualquier otro grupo social -con los cuales estamos totalmente de acuerdo porque la violencia contra ellas o contra cualquier persona es un tema de lesa humanidad e interés público-, no pueden ser un salvoconducto para el libertinaje, la violación de derechos y/o la comisión de delitos que afecten también al interés colectivo. La manifestación femenina efectuada en la capital de Chihuahua el 8 de marzo de 2010 fue excelente y plausible en cuanto al fondo y fines perseguidos, pero gris y reprobable en lo concerniente a algunas de las formas utilizadas para ello.
Durante el gobierno estatal en curso, se han registrado en varias ocasiones atropellos a los elementales derechos y la dignidad de las personas, cometidas desde la esfera pública. El gobernador Javier Corral Jurado ha sido en al menos dos de esos acontecimientos el causante principal y directo de los hechos. Una de tales transgresiones es la cometida contra el periodista Gabriel Venzor, quien en el mes de noviembre de 2019 al encontrarse en las inmediaciones de una de las canchas de tenis de la Ciudad Deportiva de la capital fue ultrajado y despojado de su teléfono celular por los guardaespaldas del gobernador, luego de la orden verbal y expresa que para tal fin éste les giró -como lo reveló luego el afectado-.
Otros dos casos de más cercana fecha son los acontecidos en Ciudad Juárez hace algunas semanas, los días 17 y 24 de febrero de 2020 durante sendas conferencias de prensa ofrecidas por el gobernador en aquella ciudad. En la primera de ellas Corral se negó a contestar la pregunta que respecto a las medidas de seguridad concernientes al caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach le fueron formuladas por Luz del Carmen Sosa, reportera de El Diario de Juárez; mientras que en la segunda de dichas conferencias el maltrato dado por Corral a la citada periodista fue aún mayor, pues luego de que la reportera Sosa lo cuestionó sobre los resultados en los municipios donde el Estado se halla a cargo de la seguridad, así como acerca de la deuda pública que enfrenta el Estado de Chihuahua, Corral Jurado no solo se negó nuevamente a responderle a pesar de estar obligado a ello en virtud del deber que por su investidura le atribuye la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, sino que con absoluta carencia de diplomacia y sensibilidad política le espetó: “ a El Diario no le respondo ya, no tienen mi respeto punto, no tengo ninguna obligación de responder sus mentiras a El Diario”. Días después del vergonzoso incidente, la periodista presentó contra Corral dos denuncias por discriminación, ante la Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, así como en la Unidad de Atención Temprana, ambas de la Fiscalía del Estado.
Por supuesto que a Luz del Carmen Sosa no le faltan razón y argumentos para sus denuncias, pues a través del indebido comportamiento mostrado por Javier Corral tanto ante ella como en el caso de Gabriel Venzor el mandatario chihuahuense incurrió en la violación de varios derechos fundamentales y en la comisión de hechos tipificados como delitos. Entre los derechos y principios quebrantados por Corral en perjuicio de ambos periodistas se hallan los derechos a la no discriminación, al libre ejercicio profesional, a la libre expresión y al acceso a la información, así como el principio de legalidad (contemplados en los artículos 1, 5, 6, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), mientras que los delitos cometidos por el mandatario a través de su conducta son ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad (descritos en los artículos 253 y 256 del Código Penal del Estado de Chihuahua).
Es evidente que con su actuación en menoscabo de los derechos de los citados periodistas el gobernador Corral también infringió siete de los quince preceptos del Código de Ética del Gobierno del Estado de Chihuahua, mismo que por instrucciones de él fue redactado y publicado a los dos meses del inicio de su mandato. Entre las disposiciones éticas desacatadas por Corral se hallan las siguientes: “I. Guiaré mis actos por la firme convicción de que el ejercicio del poder público es y deberá ser siempre para servir al Pueblo, origen y destinatario del mismo. III. Sujetaré mis actos a la ley, buscando siempre el sentido de justicia en su aplicación y cumplimiento; procurando en todo momento dar a cada uno lo que por derecho y por razón le corresponde. IV. Me desempeñaré con total transparencia y permanente rendición de cuentas, no sólo sobre el gasto de los recursos económicos a mi cargo, sino del ejercicio de las facultades y funciones asignadas por la ley. V. Seré solidario e incluyente con mis conciudadanos; optaré preferencialmente por los que menos tienen, por los que menos saben y por los menos pueden, y actuaré siempre sin discriminación alguna. VI. Honraré mi cargo y mi persona en lo privado y en lo público, actuando siempre con honestidad, equidad, congruencia, transparencia y probidad, vigilando y observando siempre el respeto a la dignidad de la persona humana. XIV. Me comprometo a actuar con templanza, conduciendo mis actos equilibradamente, controlando emociones y dominando los impulsos que eventualmente pudieran dominar al ser humano, sin perder la vista en la misión y la visión que me ha sido encomendada. XV. Y siempre seré respetuoso de las opiniones, ideas, preferencias y actitudes de las demás personas aunque no coincidan con las propias, propiciando siempre la armonía y convivencia social.”
Sin duda,los deberes éticos y los derechos humanos constituyen una asignatura pendiente para la actual administración.
