Javier Corral vs. Jorge Ramírez… ¿el “cazador cazado”?. Coronavirus… la inédita pandemia.
Chihuahua vive hoy desafortunadamente el constante quebranto a la ley y a la división de poderes, promovido desde el despacho del gobernador Javier Corral Jurado. Hace más de tres años, al comenzar la administración de Corral Jurado dio comienzo una implacable campaña de persecución contra ex funcionarios públicos y personajes ligados al gobierno estatal anterior, siendo el objetivo principal el ex gobernador César Duarte Jáquez. El argumento central que le dio sustento a tal estrategia fue la acción legal para castigar a quienes supuestamente incurrieron en peculado, mal uso o desvío de los fondos del erario público. El nombre asignado a dicho plan ideado por Corral es “Operación Justicia para Chihuahua”, y su incondicional operador a ultranza ha sido el Fiscal General del Estado, Cesar Augusto Peniche Espejel.
Independientemente de la justificación jurídica, política y moral que sin lugar a dudas puede tener el fin que su autor y sus ejecutores públicamente han atribuido a la estrategia en cuestión, es pertinente recordar que tanto aquél como éstos saben bien que en forma paralela y colateral a ella corren otros propósitos de carácter político-electoral. Asimismo, en honor a la verdad es justo reconocer que no en todos los casos los medios empleados para la implementación de tal estrategia se han apegado a la razón y el derecho. Hasta la fecha han sido detenidos y mantenidos en prisión varios ex funcionarios o personajes vinculados con el antecesor inmediato de Corral, transgrediendo los derechos de los acusados mediante subterfugios y argucias ilegales, así como con la cuestionable colaboración de algunas y algunos jueces, agentes ministeriales o diputados locales que se han prestado a ello.
Las víctimas más notorias de estas arbitrariedades han sido el ex Auditor Superior del Estado, Jesús Esparza Flores, el ex Secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, el ex Secretario General de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, y el ex diputado -ahora Magistrado de Sala Penal en el Poder Judicial del Estado-, Jorge Ramírez Alvídrez. Los reclamos jamás se han hecho esperar, pues desde el comienzo de la implementación de “Operación Justicia para Chihuahua” los procesados se quejaron públicamente de los atropellos cometidos en su contra. También surgieron críticas en los medios de comunicación y en el gremio de los abogados porque en todos esos casos hubo violaciones a los derechos fundamentales de los imputados, así como indicios de confabulación entre algunos jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el primer mandatario del Estado.
Últimamente el ilegal desafuero decretado por el Congreso del Estado contra el Magistrado Jorge Ramírez levantó suspicacias sobre la conducta de varias y varios legisladores locales –incluso de MORENA- quienes también podrían estar confabulados con Corral en lo que no parece ser una búsqueda de infractores a fin de impartir justicia, sino un maquiavélico proceso de persecución de actores políticos, astutamente maquinado para satisfacer intereses electoreros.
El atropello más reciente cometido contra el magistrado Jorge Abraham Ramírez fue la gota que derramó el vaso, pues no obstante el amparo que le concedió la Justicia de la Unión ordenando a su favor la inmediata restitución del fuero y cargo judicial para suspender provisionalmente el ilegal desafuero del que fue objeto -por decisión de la mayoría de diputados locales que se prestaron a las intenciones de Corral-, el gobernador, en abierto desacato a dicha resolución judicial de carácter federal el domingo 22 de marzo de 2020 ordenó y ejecutó la detención de Jorge Ramírez, cometiendo así una grave violación a la ley de amparo y a los derechos fundamentales del magistrado. Luego de unas horas de reclusión en el establecimiento penitenciario Ramírez tuvo que ser puesto en libertad en virtud de una nueva y categórica resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, sin embargo, el mal ya estaba consumado.
Con su imprudente y arrebatado proceder el gobernador no solo violó la Constitución del país y la Ley de Amparo, sino que además ejerció en modo indebido su autoridad en perjuicio de los derechos fundamentales que, al igual que a cualquier otra persona, le asisten al magistrado Ramírez para conservar su fama e imagen personal y pública, así como para no ser discriminado. Es obvio que al haberse concedido al magistrado Ramírez el amparo para suspender provisionalmente los efectos del acto reclamado, es decir, para revocar el desafuero ilegalmente decretado en su contra, la consecuencia jurídica de dicho amparo protector fue regresar de inmediato la situación al estado que guardaba hasta antes del citado desafuero, restituyéndosele por lo tanto a Jorge Ramírez su investidura judicial y el fuero inherente a ella. Por tal razón Ramírez jamás debió ser aprehendido y encarcelado por Corral, sin embargo, como ya se ha hecho costumbre durante el actual quinquenio, en Chihuahua otra vez pudieron más el odio, el abuso de poder y la arbitrariedad que la fuerza de la ley y el estado de derecho.
En un desesperado intento por tratar de enmendar el grave error, y poniendo en evidencia su falta de oficio político así como su escaso conocimiento en materia jurídica, tanto el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, como el Secretario General de Gobierno, Fernando Mesta, y el mismo Gobernador Javier Corral, acudieron a los medios de comunicación para calificar como corrupto al Juez Octavo de Distrito, quien con apego a la ley y a los derechos humanos ordenó, primero la suspensión provisional del desafuero de Ramírez, y después su liberación inmediata luego de que fue ilegalmente aprehendido. Callados se habrían visto mejor.
Connotados personajes pertenecientes al mismo partido del gobernador Corral, tales como el diputado Miguel Latorre y el magistrado Luis Villegas, censuraron públicamente el yerro cometido por el gobierno corralista al aprehender al magistrado Jorge Ramírez a pesar de hallarse protegido bajo el amparo concedido por el juez federal. Latorre lo calificó como un “asunto delicado” y además expresó lo siguiente: “la fiscalía tiene que tener mucho cuidado en sus actuaciones… ayer en la detención se vio, si tu lo detienes a medio día y lo tienes que soltar por la tarde por una orden de un juez eso quiere decir que no estuvo debidamente sustentada la actuación de la fiscalía,… esta actuación que a todas luces suena que no fue regular porque bueno finalmente tuvo que ser liberado el magistrado (Jorge Ramírez)… se trata no solamente de la posición de un servidor público sino también de su libertad y tienen que estar debidamente justificadas todas las actuaciones que la fiscalía haga… el viernes (20 de marzo) fue notificada aquí al Congreso (del Estado) la resolución (amparo) del Juez Federal, por eso nos extraña la verdad todo lo que pasó este fin de semana (detención arbitraria ordenada por Corral)…”
A través de una carta que ha sido ampliamente difundida en medios electrónicos el magistrado Villegas dijo en modo categórico: “la agresión al Magistrado Ramírez constituye la confirmación de facto de que el régimen –entiéndase gobierno de Javier Corral- no tiene ningún empacho en transgredir cualquier mandato con tal de consumar sus aspiraciones mayestáticas –entiéndase de su majestad Javier Corral-, su revanchismo político o sed de venganza ante agravios reales o imaginarios”. Tiene razón el magistrado Villegas, pues la ilícita aprehensión cometida en perjuicio del magistrado Jorge Ramírez es, en efecto, una muestra más de esa obstinada e irracional sed de venganza que desde su arribo al poder ha mostrado Javier Corral contra quienes no pertenecen a su partido.
Esta vez sus abusivos excesos han colocado a Corral en una situación de verdadero riesgo. En el pecado podría llevar la penitencia. Es realmente grave tanto política como jurídicamente la violación que el gobernador cometió al ordenar y ejecutar la detención del magistrado Jorge Ramírez, incumpliendo en modo temerario y con total descaro la sentencia de amparo que protege a éste, y que el mandatario está obligado a acatar. Si el magistrado así lo decide, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 Constitucional podría interponer en la Cámara de Diputados un juicio político contra Corral por las graves e innegables violaciones que éste de manera deliberada cometió contra la Constitución del país y la Ley de Amparo, el domingo 22 de marzo. Si tal juicio se instaurara y las cámaras de Diputados y Senadores declararan a Corral responsable de tales desacatos, su larga y controversial carrera política llegaría a su fin, pues sería destituido del cargo de gobernador, e inhabilitado para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. ¿Corral continuará haciendo un uso arbitrario de su poder, para “cazar” a los que él considera sus enemigos políticos; o finalmente se encontrará con la horma de su zapato y terminará siendo “cazado”?
El mundo se infectó por el coronavirus (COVID-19). Bastaron solo unas cuantas semanas para que el temible brote ocurrido en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, a fines del año 2019, exportara su malestar y muerte a todo el planeta. Hoy la economía, la política, el espectáculo, la educación, el deporte y por supuesto la salud de todo el mundo, padecen las consecuencias de los síntomas que el peligroso virus causa en sus víctimas.
Aeropuertos con vuelos cancelados o restringidos; pérdidas en las bolsas de valores; paralización en las actividades industriales, comerciales, laborales, deportivas, culturales y turísticas; devaluaciones monetarias (peso mexicano casi a 25.00 por dólar); suspensión de importantes torneos y eventos deportivos ( Liga Mx de México, NBA de Estados Unidos, JO de Tokio); cierre de escuelas; suspensión de labores en dependencias públicas y empresas privadas; todas estas situaciones y más son el rostro político, económico, social y cultural del virus que hoy ataca y postra a la humanidad avasallándola como un maligno rey portador de una diabólica corona… el coronavirus.
