La desaseada y nociva reforma al Poder Judicial de México, que los gobiernos de Morena han logrado imponer, constituye un grave riesgo para la imparcialidad en la impartición de justicia y el respeto a las libertades y derechos cívicos y políticos y, en consecuencia, representa una amenaza al Estado de Derecho. Debido al involutivo deterioro jurídico-constitucional que han provocado el regimen actual y su inmediato antecesor, la actividad de jueces, magistrados y ministros ha quedado supeditada al interés político del Poder Ejecutivo, con lo que se ha desnaturalizado la división de poderes, al eliminar la indepencencia judicial, en perjuicio del correcto desempeño de los órganos jurisdiccionales.
La consecuencia de esto serán la discrecionalidad y autoritarismo con los que podrá actuar la persona titular de la presidencia del país, pues al tener bajo su control no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial -e incluso al Poder Legislativo, como ocurre ahora-, no enfrentará dique u oposición alguna que frene su actuación. El rostro autoritario del actual régimen ya empieza a verse, hay casos emblemáticos que revelan el abuso de poder que comienza a cometerse por parte de las élites morenistas.
Uno de estos casos -aunque disfrazado de resolución jurisdiccional- es la condena por daño moral, que dictó una Jueza Civil de la CDMX, contra el exrector de la UNAM, Enrique Graue, y el exdirector de la Facultad de Estudios Superiores, Fernando Macedo, al ordenarlos pagar 15 millones de pesos a la controversial maestra Martha Rodríguez, exasesora de tesis profesional de la igualmente polémica ministra de la SCJN, Jazmín Esquivel. Ambas, la académica Rodríguez y la jurisconsulta Esquivel, se vieron involucradas recientemente en un escándalo nacional, al ser señaladas por los directivos de la UNAM, y los medios de comunicación, debido a la irregularidad en que incurrieron, al plagiar una tesis ajena, y presentarla en el año 1987 a favor de Esquivel, como propia, para obtener el título profesional de abogada, que la UNAM emitió a favor de ésta.
Otra evidencia de los excesos de la autoridad es el descaro e ilicitud con los que dirigentes de Morena y funcionarios adscritos a la Secretaría del Bienestar, han actuado, al coaccionar en el Estado de Sonora a personas beneficiarias de programas sociales, obligándolas a afiliarse a ese partido, señalándoles que “dichos beneficios se los deben a la Cuarta Transformación”. Esto es un delito que se llama peculado electoral.
Uno más de los temas que ha cobrado notoriedad en el escenario político de nuestro país, es el lío en el que se ha visto envuelto el popular exfutbolista y exgobernador de Morelos, Cuautémoc Blanco, hoy diputado federal por Morena. El asunto ha polarizando a la opinión pública nacional, porque a pesar de tener Blanco en su contra una denuncia por intento de violación, presentada por su media hermana, la mayoría de sus correligionarios diputados y diputadas morenistas, con el respaldo de algunos legisladores de otros partidos, impidieron su desafuero, y con ello, la posibilidad de que enfrente en condiciones normales el juicio por el supuesto delito que se le imputa.
Estos casos son solo el inicio de una prolongada etapa de excesos y arbitraridades que ya comienzan a esclavizar la vida de las y los mexicanos, sujeta a los designios de una oligarquía y un régimen totalitario que están dispuestos a sacrificar la libertad, diginidad y derechos del pueblo, con tal de conservar a toda costa el control y el poder político del Estado Mexicano.
Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.
