Al gobierno mexicano le preocupa la eventual imposición de aranceles a las exportaciones de nuestro país, advertida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha utilizado dicha medida como mecanismo para obligar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a combatir el narcotráfico y el flujo de migrantes. El gobierno morenista se halla preocupado por las adversas repercusiones económicas que ocasionaría a México la aplicación de tal medida arancelaria. Suspensión de inversiones extranjeras, cierre de numerosas empresas transnacionales y desempleo, podrían ser algunas consecuencias de la imposición de aranceles.
Es obvio que la posibilidad de que ocurra un perjudicial escenario desagrada a todos, pero especialmente causa angustia a la administración de Sheinbaum. Tal desasosiego se debe a que el desequilibrio económico que provocaría el cumplimiento de la amaneza de Trump, incluiría la disminución de ingresos fiscales, y con ello sería más difícil el ya de por sí complejo sostenimiento de los programas sociales. Programas a los que el partido oficial -Morena- debe su fuerza electoral.
Es pertinente recordar que durante su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin planeación administrativa ni orden financiero, incrementó desmesuradamente las partidas para dichos programas sociales, comprometiendo las finanzas públicas de México. Para ello redujo presupuestos a las dependencias federales, así como transferencias de recursos a los Estados. Incluso, para satisfacer la exorbitante carga presupuestal de los programas, él y su sucesora, Claudia Sheinbaum, desmantelaron importantes organismos autónomos, y extinguieron valiosos fondos y fideicomisos que cumplián útiles funciones regulatorias y de transparencia, así como económicas, sociales, culturales y de protección civil. Demolieron una parte sustancial del andamiaje institucional de México.
La destrucción de fondos e instituciones nacionales ha continuado, debilitándose cada vez más los cimientos financieros y organizativos del Estado mexicano. El ejemplo más reciente es la reforma a la Ley del INFONAVIT, con la que el actual gobierno se adjudicó la facultad para disponer de los fondos de ahorro para vivienda, de todos los trabajadores. La realidad es que la priorización de criterios populistas, adoptada por López Obrador y Sheinbaum, ha dado por resultado una pésima conducción administrativa que desordenó y debilitó de manera grave la estructura institucional y presupuestal de nuestro país. La involutiva y regresiva reforma al poder judicial es, también, producto del populismo que hoy asfixia a México, pero su finalidad no es de naturaleza económica sino política, y por supuesto, electoral. Están aniquilando al país.
Ante el desaseo financiero causado por López Obrador, hoy la subsistencia de los programas sociales -y su rentabilidad electoral- es el mayor reto que él y Sheinbaum tienen para mantener a Morena en el poder. Esto no es un secreto, lo dicen la oposición, la prensa y los analistas políticos. También los medios extranjeros saben lo que pasa en México. En relación al incremento presupuestal dado a los programas sociales durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el diario Los Ángeles Times, recientemente ha publicado: “Fue una estrategia que, si bien ayudó a las masas pobres y trabajadoras, largamente desatendidas, y generó apoyo político popular, según los críticos, ha incrementado los déficits y dejado al país en una situación económica precaria”. Es evidente que la imposición de aranceles complicaría aún más las finanzas públicas de México, y pondría en riesgo los programas sociales. Este es uno de los factores que explican la gran preocupación de Claudia Sheinbaum.
Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.
