Lo realizado en los últimos días por el gobernante chihuahuense, Javier Corral, lo ha puesto en el límite de una severa transgresión al estado de derecho. Rotos los límites de la división de poderes; violadas las mínimas garantías de la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, el gobernador Corral ha invadido las esferas de la autonomía de la Fiscalía y se ha erigido -él y su gobierno- en su persecutor.
Asombra que haya llegado a los niveles de antagonismo con ella, en la confrontación por su pretensión de impedirle se convierta en la candidata de su partido.
En tan impropia actividad a su investidura ha puesto en riesgo la vida institucional de Chihuahua pues, además de emplear a funcionarios a sus órdenes en actividades por demás ajenas a las funciones y sus atribuciones -con lo que se configura la comisión de diversos delitos, de los funcionarios involucrados, y del mandatario mismo-; ha invadido y violado la autonomía de la Fiscalía General del Estado, hasta el grado de convertirse en el vocero de la misma al ser quien informara que el expediente de Maru Campos se encuentra bajo la conducción de un juez, con lo que le otorgó la máxima intensidad a la persecución jurídica y política que lanzó en contra de su compañera de partido, que encabeza las preferencias internas del PAN rumbo a las elecciones a gobernador del próximo año.
Anunciarlo él, y no el Fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, encargado superior de conducir las investigaciones en contra de los supuestos responsables de la comisión de delitos en el estado, no hace más que confirmar la indebida y exagerada intromisión del mandatario en los asuntos jurídicos.
Más allá del hecho de que los partidos políticos son “entidades de interés público”, razón por la que merecen la atención de la sociedad, sin que para ello se requiera ser militante del que le ha merecido la crítica a alguien, lo realizado por el gobernador de Chihuahua y varios de sus funcionarios, con tal de imposibilitar la candidatura de Campos, se encuadra en el uso desmedido, e ilegal, de sus facultades, en la intromisión de las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, además de la ilegal participación del Subsecretario de Gobierno, Carlos Olson y de Carlos Esparza Zamarripa, quien se identificó como ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción, en hechos que pueden encuadrarse en la comisión de varios delitos que merecieran la instauración de un juicio político en contra del mandatario chihuahuense, a fin de que pueda ser juzgado por la probable comisión de diversos delitos.
“Ya ese asunto, como otros, ya están en manos del Poder Judicial, nosotros ya hemos cumplido con nuestra tarea, nuestro deber…”, afirmó el viernes anterior, en otra entrevista “banquetera”.
Y como si fuera ajeno al evidente objetivo político de las acciones de su gobierno, acusó a la contraparte -sin mencionarla- que han hecho “un manejo político; no hay una defensa jurídica, es un manejo político y no quiero entrar en esa dinámica, cuando tengamos que abordar con toda claridad y hondura el tema, lo vamos a hacer, no tengan la menor duda”.
Corral incurre en tremendas contradicciones. Acusa a Campos de no efectuar una defensa jurídica, pero a lo largo de varios meses, el equipo de abogados de la alcaldesa ha solicitado a la Fiscalía le informe de los procesos jurídicos en su contra. La respuesta ha sido, invariablemente, el silencio.
Pero ahora se anuncia que está en manos de un juez, sin haberle notificado a Campos de procesos en su contra, lo que viola su derecho al debido proceso.
La información de que el asunto ya está en manos de un juez fue dada a conocer apenas un día después de que la alcaldesa presentara sendas denuncias en contra de los funcionarios estatales Carlos Olson, Subsecretario de Gobierno; Gema Chávez, Fiscal Anticorrupción e Inés Martínez, Directora del Registro Civil, por tráfico de influencias.
Las probables violaciones legales cometidas por estos funcionarios, y por el mandatario estatal, pues “violan el debido proceso”, en opinión del abogado amparista, Héctor Villasana, debido a que el agente del Ministerio Público, que entrevistó al ex colaborador de Maru Campos, lo presionó para que denunciara los probables delitos cometidos por la alcaldesa. Para obtener una declaración acusatoria en contra de Campos, Carlos Esparza, agente de la Fiscalía Anticorrupción, le amenazó con el hecho de que existían irregularidades en sus finanzas personales.
El jurisconsulto afirma que en esos hechos se cometieron violaciones graves al debido proceso, a la presunción de inocencia “y demás normas a los procedimientos penales, al haber intentado obtener de un excolaborador de la alcaldesa María Eugenia Campos una declaración fuera de la norma Constitucional”.
“En el video se observa que el agente del Ministerio Público, Carlos Zamarripa, le dice claramente al excolaborador que hay una investigación en su contra porque sus ingresos no coinciden con sus gastos, y lo declara fuera de todo contexto legal, sin la presencia de algún abogado, en un restaurante y no una instalación pública, donde obre un acta de por medio. Este agente debe ser inmediatamente separado de sus funciones porque ha cometido una violación grave al debido proceso”. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 26/XI/20).
Villasana opinó que ese agente debía ser separado de sus funciones, por haber “cometido una violación grave al debido proceso”. A tales actividades de Zamarripa no puede permanecer ajena la Fiscal Anticorrupción, Gema Chávez, jefa superior inmediata del agente.
De las declaraciones y conversaciones de Zamarripa y del ex colaborador de la munícipe, obtenidas de los vídeos dados a conocer por Campos en la semana, se sabe que la fiscalía ha indagado sobre las actividades de todo tipo de Maru Campos, lo que, afirma el abogado Villasana, “constituye una irregularidad y violación al debido proceso y al principio de defensa adecuada que establece el artículo 20 apartado B en la materia, porque se están practicando y revisando su patrimonio, sus cuentas bancarias, sus gastos y viajes; eso implica que está siendo investigada por un delito, por lo que tiene el derecho de comparecer en sede ministerial y ejercer su defensa, es decir, tener acceso a las constancias, a los medios de investigación, a los testigos para incluso poder nombrar a sus abogados y ellos defenderse ante el MP… ”. (Ibídem).
Increíble, todavía no le dan carácter de imputada y ya la están persiguiendo en todo su entorno. De ese tamaño y calidad es la procuración de justicia en el “Nuevo Amanecer” de Chihuahua.
La participación del subsecretario de Gobierno, Carlos Olson; de la Fiscal Anticorrupción y de la Directora del Registro Civil, Inés Martínez, tiene un solo hilo conductor, el mandatario chihuahuense, cosa que fue ratificada por las diversas declaraciones de Javier Corral.
¿Cuales son las pretensiones del gobernante? ¿Realmente lo impulsa un afán anticorruptor, el que no le alcanza para combatir la corrupción al interior de su gobierno?
¿De veras no le importa la afectación que le cause a su partido y a la hipotética continuidad en el gobierno de Chihuahua?
¿Por qué, si tuvo largos 4 años para instaurarle un juicio a la alcaldesa, no lo hizo? ¿Realmente tienen las sólidas evidencias en contra de Campos?
Y no puede alegar la pretendida autonomía de la Fiscalía. Esa no existe.
¿O pretende ungirse como el más fiero combatiente en contra de la corrupción, a costa de una alcaldesa, militante de su partido, para que sea más “nítida” su convicción anticorruptora, y que tal conducta le sirva para su nunca desmentida aspiración de ser candidato a la presidencia de la república?
En tales propósitos no se encuentra, para nada, la preocupación por la sociedad chihuahuense y sus problemas.
No, para nada.
En tanto, en una especie de obnubilación financiera, Corral gasta fortunas en viajes, camionetas blindadas, deudas y en el remozamiento de la Casa de Gobierno. Propuso, además, increíblemente, un presupuesto 2021 deficitario. Pretende gastar 5 mmdp más que los ingresos.
[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
