Dejará al menos 20 crímenes de alto impacto sin resolver. Empresarios, médicos, periodistas, turistas y una menor de edad en espera de justicia
De la Redacción/ El Diario
Chihuahua— A tres meses de que termine la administración gubernamental de Javier Corral Jurado, hay por lo menos diez casos de homicidios y desa-pariciones forzadas sin resolver, mismos que el mandatario se comprometió a aclarar y mediante declaraciones en entrevistas y publicaciones en twitter, aseguró que no quedarían impunes.
La desaparición de Alondra Nolasco y el médico Blas Godínez, el asesinato de la activista juarense Isabel Cabanillas, el empresario cuauthemense José Ricardo Caraveo Vallina, la periodista Miroslava Breach, la joven ama de casa Susana Saláis, el estadounidense Patrick Braxton, así como la desaparición forzada de cuatro estudiantes de enfermería en la ciudad de Parral y los tres vendedores de origen zacatecano son sólo algunos eventos delictivos de alto impacto, que quedarán sin ser resueltos y sin detener a los presuntos responsables ya que, si bien es cierto en algunos casos se han detenido a personas involucradas, no ha ocurrido lo mismo con los autores intelectuales ni la totalidad de los participantes en dichos delitos.
A los nombres antes mencionados se agregan los policías asesinados en diferentes hechos a lo largo y ancho del territorio estatal, y que también quedarán en la congeladora de “la investigación oficial”.
Alondra, 4 años desaparecida
Uno de los casos más sonados ha sido el de la menor Alondra Nolasco, menor que al momento de su desaparición el 18 de septiembre del 2017, contaba con nueve años de edad. De acuerdo con los datos proporcionados por la FGE, la menor se encontraba en su casa en la colonia Vistas del Norte, cuando desapareció.
En un principio su abuelastro fue detenido e investigado por la desaparición de la menor, siendo puesto en libertad días después por falta de pruebas, momento que aprovechó para sustraerse de la justicia. Hasta la fecha su caso sigue abierto y sin avance en las investigaciones.
“No se calla la verdad matando periodistas”
La periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada el 23 de marzo del 2017 en el exterior de su vivienda en la colonia Granjas, cuando un sujeto disparó en al menos ocho ocasiones, dejándola sin vida en el interior de su vehículo.
Meses después fue detenido Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, acusado y sentenciado como coautor intelectual del homicidio y sentenciado a 50 años de prisión. Hasta la fecha, el autor intelectual y otro coautor material identificado como Jassiel Vega Villa, no han sido detenidos ni presentados ante un juez.
“El crimen de Miroslava no saldrá de la impunidad hasta que todos los responsables sean llevados ante los tribunales de justicia”, manifestó Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica.
De acuerdo con la activista y representante social de la familia de la periodista, falta la detención del autor intelectual y uno de los coautores materiales del artero crimen, razón por la cual han mencionado que en este caso sigue existiendo la impunidad.
Caso Isabel Cabanillas
“Mi más enérgica condena al asesinato de la artista y activista Isabel Cabanillas. Habrá justicia y este cobarde crimen no quedará impune”, escribió en su cuenta de twitter el mandatario estatal, respecto al asesinato de la mujer juarense, asesinada durante la madrugada del 18 de enero del 2020 en calles del Centro de Ciudad Juárez.
Fue el domingo 19 de enero de 2020 cuando se localizó su cuerpo sin vida, con impactos de arma de fuego en el cruce de las calles Inocente Ochoa y Francisco I. Madero en el Centro de Ciudad Juárez. El asesinato de la activista y diseñadora de moda generó movilizaciones a nivel estado y nacional, crimen que hasta la fecha no se ha resuelto.
El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, condenó enérgicamente el homicidio de la mujer universitaria, artista y defensora de los Derechos de las Mujeres Isabel Cabanillas de la Torre, sin que se logren avances en la investigación.
JOSÉ RICARDO CARAVEO VALLINA
José Ricardo Caraveo Vallina, empresario ganadero del municipio de Cuauhtémoc, fue visto por última vez el jueves 30 de agosto 2018 cerca de las 10:30 de la mañana en aquella ciudad, por lo que familiares presentaron la denuncia correspondiente y sin saber nada del sujeto por varias semanas. José Ricardo conducía una camioneta Ford Ranger 2016 en color blanco, con matrículas EC30420.
La pesquisa describía a un hombre de 1.78 metros de estatura, 70 kilogramos de peso, siendo localizado sin vida el nueve de noviembre de ese mismo año en una parcela de maíz en el kilómetro 5 de la carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón. De acuerdo con la Policía Municipal, un productor encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición y dio aviso a las autoridades.
Al momento de su localización presentaba un impacto de arma de fuego en el pecho a la altura del corazón. “Estamos en todos los frentes haciendo nuestro trabajo, ningún caso de estos va a quedar impune”, refirió el mandatario estatal días después del hallazgo del empresario.
Patrick vino como turista y lo asesinaron
Patrick Braxton-Andrew, turista estadounidense que vacacionaba en Urique, fue visto por última vez el 27 de octubre del 2018, para después ser localizado el sábado 17 de noviembre de ese mismo año, es decir, 20 días después del reporte de desaparición.
En este caso fue el propio gobernador Javier Corral Jurado quien acusó de la muerte del hombre de 34 años de edad a José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, integrante de un grupo criminal relacionado con el “Cártel de Sinaloa”.
“De Patrick, hemos recibido de muchas personas, las mejores opiniones. He visto varias de sus caminatas por distintos lugares de América Latina en fotografía, un rostro humano con vocación de explorador que amaba a México y a su gente, por ello enseñaba el español en su universidad. Por supuesto, que es absolutamente falso que anduviera buscando mariguana.
Era un profesor libre de vicios al que los padres de su escuela confiaban sus hijos para ir a conciertos; es una vileza, quizá esparcida por los mismos malosos para tratar de justificar su atrocidad”, refirió Corral Jurado.
Según la autoridad ministerial, la presión ejercida por parte de cuerpos policiacos al llevar a cabo un operativo de búsqueda en aquella región generó que sus asesinos lo desenterraran del sitio donde había sido inhumado, para después dejarlo a un costado de un camino, con el fin de que fuera encontrado.
“También -agregó- le ofrecí a él y a su hermosa familia, no sólo que encontraremos el cuerpo de Patrick, si no que haremos Justicia y daremos castigo ejemplar a este delincuente y su gavilla, a quienes paradójicamente, al actuar con esa cobardía ponen fin a su influencia y control de esa zona, bajo el Cártel de Sinaloa”, citó el mandatario estatal en una rueda de prensa ofrecida.
Familia Blas Godínez, víctima del abandono
Dentro de este tipo de casos en los que la autoridad local no ha presentado a los presuntos responsables, están los doctores Blas Godínez, de los cuales el padre está en calidad de desaparecido y su hijo, quien sobrevivió a un atentado, está resguardado en una casa de esta ciudad mientras intenta recuperarse.
Blas Godínez Loya, un médico reconocido del municipio de Gómez Farías, fue secuestrado por un grupo armado la noche del 9 de noviembre de 2017, cuando estos ingresaron a su domicilio y lo sacaron a la fuerza para llevárselo con un rumbo desconocido.
Hasta la fecha no se ha podido dar con el paradero del doctor Godínez, como se le conocía coloquialmente, surgiendo diversas versiones en torno a que si el grupo armado lo había secuestrado para que les atendiera a un grupo de pistoleros heridos.
Desde entonces, su hijo Blas Godínez Ortega emprendió una búsqueda que lo llevó incluso a que el partido de Morena lo designara como candidato a alcalde por aquel municipio, arrasando en la elección del 2018.
Fue el viernes 7 de septiembre del 2018, un día antes de que tomara protesta como alcalde de Gómez Farías, cuando fue atacado por un sujeto desconocido con un arma de fuego, lo cual lo dejó al borde de la muerte y sin poder tomar posesión como presidente municipal.
En ambos casos no se ha dado con el presunto o presuntos responsables, lo que ha generado más incertidumbre a la familia.
El 31 de octubre del 2019 Rubén Flores Cisneros, Juan Antonio Martínez Parra y Javier Muñoz Pérez, comerciantes de origen zacatecano fueron vistos por última vez en el municipio de Urique, en donde estuvieron ofertando las cobijas que traían desde su estado de origen, desapareciendo de forma repentina y sin ser vistos por sus familias. A partir de ahí se perdió contacto con ellos, según manifestaron sus familiares.
Semanas atrás, la Comisión Estatal de Búsqueda realizó un rastreo al interior de una mina ubicada en el municipio de Guazapares, en busca de los comerciantes ausentes. De dicho operativo no se obtuvieron resultados favorables a pesar de contar con el apoyo de un guía para que peritos en criminalística, elementos del grupo K-9 y una veintena de policías de investigación adscrito a este grupo de búsqueda y a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, realizaran el reconocimiento del campamento, accesos, túneles y respiraderos de la mina.
En este caso, el propio fiscal general ha estado brindando información a los familiares mediante llamadas telefónicas en torno a los avances del caso.
Cruz Caraveo, desplazado y asesinado
Cruz Soto Caraveo, integrante del colectivo de familias desplazadas de la Sierra Tarahumara, fue privado de su libertad el pasado 13 de octubre del 2019 cuando circulaba por el municipio de Guazapares. Una semana después, el 20 de octubre del 2019, el cuerpo del activista fue localizado sin vida en esa misma región.
Meses después, el 13 de marzo del 2020, el propio fiscal Peniche Espejel y demás autoridades rendían información respecto a la detención de dos de los implicados en dicho delito de desaparición forzada, quedando pendiente el arresto de más responsables.
Los detenidos fueron identificados como Paulino M.R., y Samuel Alejandro B.G., de 51 y 28 años de edad respectivamente, dando a conocer además que el primero en mención, al momento de la desaparición forzada del activista, fungía como director de Seguridad Pública en Guazapares.
Sobre este caso no se ha brindado más información por parte de las autoridades correspondientes.
Los enfermeros de Parral
Dentro de la administración del Javier Corral Jurado, la cual termina el 7 de septiembre del presente año, uno de los casos más sonados fue el de la desaparición de tres pasantes de enfermería y la amiga de uno de ellos en la ciudad de Parral, el 30 de mayo del 2018.
Un grupo de hombres armados ingresó al domicilio de uno de los enfermeros, llevándose del sitio a los jóvenes y liberando cuadras más adelante a uno de ellos.
Oswaldo, Sigrid y Merary fueron “levantados”, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero o que la autoridad ministerial pueda ubicar sus restos.
Mayra Guadalupe, originaria de Jiménez, de 21 años, se desempeñaba como enfermera y vivía en el mismo domicilio. Ella desapareció el 27 de mayo del 2018 cuando se trasladaba del nosocomio donde laboraba a su hogar.
A pesar de distintos rastreos e incluso la localización y posterior estudio de unos restos óseos en un rancho del municipio de Matamoros, los cuatro jóvenes no han podido ser ubicados.
“No sabemos si están desaparecidos en Parral, nosotros no lo hemos clasificado así todavía”, declaró el mandatario estatal cuatro días después de que se reportara la desaparición, de los cuales sus familias hasta la fecha no han tenido información.
Derivado de este caso, dos expolicías de Parral fueron sentenciados hace apenas unos días a 31 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de haber secuestrado y desaparecido a las enfermeras y un hombre.
Los detenidos fueron identificados como Omar Iván “R”, alias, “El Policholo” e Iván Francisco “L”, alias, “El Robocop”.
A este caso se relaciona el de Claudia Palmira Monzalvo Acosta, ‘La Pammy’, quien presuntamente ofertaba servicios de compañía sexual de dos de las mujeres desaparecidas, lo cual no se pudo comprobar en todo el desarrollo del proceso legal en su contra. ‘La Pammy’ fue sentenciada el 19 de enero del 2020 a diez años por el delito de trata de personas en contra de dos mujeres, misma que fue apelada por las autoridades investigadoras por lo que en septiembre del 2020 un Tribunal de Alzada aumentó la condena a 57 años 3 meses de prisión.
La maestra, otro caso impune
El 19 de junio del 2020 se reportó la desaparición de Alicia Rivas Corral, alias “La joyera” o “La maestra”, comerciante que se dedicaba a la venta de joyería y otros artículos en la ciudad de Madera y desde entonces se han realizado diversos rastreos por el municipio sin que se haya podido encontrar algún indicio que permita dar con su ubicación.
Por parte de la autoridad ministerial no se tiene un móvil firme, pues en un principio se creyó que su desaparición pudiera estar relacionada con su actividad comercial, además el día en que desapareció se encontró su vehículo, así como sus pertenencias.
Atentados vs policías, sin responsables detenidos
A los crímenes que quedaron impunes se suman los ataques a elementos de Seguridad Pública Estatal, como el de los cuatro agentes de la SSPE que fueron emboscados el 31 de marzo del presente año en el tramo carretero de Temósachic a Madera, los cuales quedaron sin vida y en el que la autoridad no ha dado con los autores materiales e intelectuales.
De igual forma la noche del cinco de abril del 2018, Alejandro Felipe Medina, elemento de la CES adscrito a la escolta del fiscal César Peniche Espejel, fue ejecutado por hombres armados afuera del fraccionamiento del titular de la FGE, por lo que días después le hicieron un homenaje de cuerpo presente en las instalaciones del C4.
En ese entonces el mandatario estatal Javier Corral Jurado prometió a la familia del elemento, entre ellos su hijo, que el crimen no quedaría impune y que darían con los responsables. A la fecha no hay avances en la investigación.
El pasado 10 de agosto del 2018 Gerardo Fonseca Torres, comandante de Asuntos Internos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue asesinado cuando tripulaba su camioneta oficial, entre las calles Copaiba y Anémona, en la colonia Ampliación Aeropuerto, en Ciudad Juárez.
Horas más tarde, Jorge Salcido Ramírez, escolta del fiscal general, fue asesinado en las calles Montes Americanos y Tomás Valles del fraccionamiento residencial La Cantera en esta ciudad.
Ambos casos a casi tres años de haberse perpetrado, no han tenido resultado alguno en la investigación por parte de las autoridades locales. El más reciente fue el homicidio del subcomandante Raúl Tarango Ávila, quien fue atacado el pasado siete de mayo en la ciudad de Parral, dejándolo sin vida en el interior del vehículo oficial. Hasta la fecha su o sus atacantes no han sido detenidos
