Nunca, en mis 62 años de vida, imaginé siquiera que me tocaría ver algo tan grave y preocupante como lo que pudimos atestiguar la noche del pasado miércoles
Nunca, en mis 62 años de vida, imaginé siquiera que me tocaría ver algo tan grave y preocupante como lo que pudimos atestiguar la noche del pasado miércoles, en múltiples imágenes transmitidas por redes sociales, ocurrido en un restaurante de la colonia Roma, en la CDMX, una orden judicial burlada por un funcionario sin atribuciones para ello. Lamentable y muy preocupante.
Agentes ministeriales de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, al mando de un agente del Ministerio Público y del vicefiscal, llegaron hasta el restaurante Gin Gin en la colonia Roma de la capital del país, con el objetivo de ejecutar una orden de aprehensión en contra de Javier “N”, exgobernador de Chihuahua, por la probable comisión del delito de peculado agravado, por 98 millones de pesos.
El presunto delincuente fue notificado de la orden, se le leyeron sus derechos y se facilitó que hiciera una llamada a su abogado, pero hizo más de una llamada negándose en todo momento a facilitar su detención, y es así como se apersonó en el lugar el mismísimo Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX acompañado por más de un centenar de elementos fuertemente armados, unos bien identificados como agentes ministeriales y otros sin identificación alguna.
De inmediato, el alto funcionario de la CDMX interpeló a quien iba al frente del operativo, el vicefiscal de la FACH, señalando que no contaban con el oficio de colaboración respectivo y que, por tanto, no podían ejecutar dicha orden de aprehensión, como si una orden emitida por un juez de cualquier entidad del país no tuviera validez en la CDMX, es decir, una especie de limbo jurídico a decir de Ulises Lara, algo así como un paraíso legal que protege delincuentes.
Sin embargo, como todo el proceso se había realizado escrupulosamente apegado a derecho, cumpliendo puntualmente cada etapa del mismo, las autoridades de Chihuahua sí contaban con el oficio de colaboración y se lo mostraron Lara, quien y solo atinó a responder: “Bien, pues ya hemos decidido no colaborar y no puedo permitir que se violen sus derechos”, y ¡zas! Se lo llevó en su camioneta para que, supuestamente, el asunto se resolviera en las instalaciones de la Fiscalía de la CDMX.
Así, custodiado en un vehículo oficial, resguardado por el mismo fiscal en funciones de la fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, y por decenas de agentes ministeriales, fue como el exgobernador abandonó el restaurante y pudo evadir la acción de la justicia de Chihuahua, apoyado por autoridades que, en virtud de su mandato y atribuciones, tenían la obligación legal de colaborar en la aprehensión y no de facilitar su huida.
Ni Lara ni el exgobernador aparecieron nunca en las oficinas de la dependencia capitalina, al menos no a la vista de los funcionarios chihuahuenses que aceptaron ir ahí a resolver el tema, lo que supone además un dolo y premeditación por parte del funcionario de la CDMX, con toda la intención de burlar y engañar a las autoridades de la FACH con el claro propósito de permitir la fuga del indiciado.
Consultando con algunos amigos y amigas secretarios proyectistas, jueces y magistrados penales en Chihuahua: “Desde el punto de vista jurídico, la posición del fiscal de la CDMX es equivocada al calificar de ilegal la detención, porque a diferencia de cuando se detiene a una persona en flagrancia, después de que se cumplimenta una orden de aprehensión, ni siquiera hay audiencia de control de detención porque está revestida de legalidad desde el momento en que la emitió un juez dotado de facultades constitucionales para tal efecto, que, justamente, la emitió por considerar que existen elementos para creer que una persona a la que se le está atribuyendo la comisión de un delito, se pueda sustraer de la justicia, el propósito del convenio de colaboración únicamente es facilitar el cumplimiento de la ejecución de la orden de aprehensión, pero de ninguna manera tienen facultades o atribuciones para calificar la legalidad de la misma”.
“La detención de un ciudadano solo puede ser calificada de legal o ilegal por parte de los jueces de control, y sólo cuando se realizan en flagrancia o en caso de urgencia, porque las ejecutan policías, pero cómo se va a discutir la legalidad de una detención que un juez ordenó, es un absurdo”.
También, en opinión de los funcionarios judiciales consultados, una orden de aprehensión se considera ejecutada o perfeccionada, cuando se ubica físicamente al indiciado, se le notifica formalmente el mandamiento judicial que se realiza, se le leen sus derechos y se le impide de alguna forma su libre movilidad, todo lo que ya había ocurrido cuando llegó Ulises Lara, por tanto, se agrava aún más su conducta indebida como servidor público.
Es decir, en pocas palabras, Ulises Lara se extralimitó en sus funciones impidiendo así el cumplimiento de una orden judicial, permitiendo con su acción que un indiciado por un delito evadiera la acción de la justicia, ¿será posible eso dentro de un gobierno que ha asegurado cumplir con la Ley y no ser igual a los anteriores?
Este es un tema de estricto apego a derecho, no hay más, bien solventado por una denuncia sólida que hizo la ASE y que investigó y judicializó la Fiscalía Anticorrupción, por un desvío y disposición de más de 98 millones de pesos, ¿cuántas becas se pueden dar a estudiantes con ese dinero en el Estado? ¿Por qué decidieron darle ese dinero a un particular que no hizo nada para llevarse casi 100 millones de pesos del Estado de Chihuahua? A sabiendas que no haría el trabajo en la Secretaría de Hacienda
¿El tema aquí es dónde está el dinero? ¿Por qué beneficiar a un particular con esa suma millonaria? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué se dio a la fuga Fuentes Vélez?
Todo lo que ha dicho el hoy imputado, son cortinas de humo para victimizarse y desviar el fondo del problema que es darle ese dinero a un particular sin la justificación legal necesaria.
Además, el titular de la ASE, Héctor Acosta Félix, fue electo cuando era gobernador el indiciado, y el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, fue contralor y titular del Órgano Interno de Control de la SFP durante el quinquenio del exgobernador imputado.
Ante todas estas realidades, resulta incongruente y perverso que el hoy imputado diga que esto es una venganza política de la gobernadora Maru Campos, o peor aún que culpe al hoy procesado César Duarte, o al senador electo Manlio Fabio Beltrones ¿qué tienen que ver todos ellos con lo que él hizo como gobernador?
Lo que señala el indiciado es una completa burla a la inteligencia de los chihuahuenses, y un desprecio total a las instituciones y al estado de derecho. El mismo López Obrador lo ha dicho: “Nadie puede ni debe estar por encima de la ley” Y entonces ¿Por qué a este personaje sí se le protege y hasta se le ayuda a evadir la acción de la justicia?
Lo ocurrido en la CDMX, el pasado miércoles, es una flagrante violación a las leyes y una evidente obstrucción de la justicia para proteger a un imputado por su participación en un delito por hechos de corrupción
Es un mandato judicial, la orden de aprehensión por un delito de peculado agravado, que el juez valoró los elementos suficientes para liberar dicho ordenamiento, mismo que no se pudo ejecutar por la protección que le dieron en la CDMX, violando toda la normatividad vigente.
¿En dónde quedan las instituciones y la ley con este tipo de personas que dicen estar en contra de la corrupción? ¿Por qué proteger a un imputado? ¿Si no tiene nada que temer porque se ampara? ¿Por qué no acude ante el juez de la causa y explica sus razonamientos? ¿Por qué hacer un escándalo mediático al sentirse protegido por el presidente? Muchas preguntas sin respuesta
Hay que resaltar que, hasta la fecha, sigue prófugo su secretario de Hacienda, AFV, por estos mismos hechos. Es evidente que ese dinero se lo dieron a un particular, simulando un contrato y solo ellos saben por qué. Y es más que evidente que no tienen la menor intención de explicarlo ante un juez
Cualquier otra salida o acción de su parte, que no sea responder ante la autoridad judicial de Chihuahua, no son más que patrañas ante este latrocinio que se cometió en perjuicio de las finanzas estatales y, en consecuencia, de todos los chihuahuenses.
