El tema de la justicia en Chihuahua, desde hace varias décadas ha sido más político que jurídico; se han dejado que los cargos que se han abierto sean ocupados por políticos que tienen licenciatura en derecho, pero que poco han estado en juzgados como litigantes, pero que han formado parte de un equipo de trabajo con los gobernantes en turno.La necesidad que se tiene de elevar la calidad de las sentencias que se dictan, los acuerdos que se tengan a tiempo y las audiencias que no se programen como las deudas a meses sin intereses, es el gran reto que también desde décadas, se ha esperado que se corrijan.La mayoría de los magistrados no llevan audiencias, sólo firman el trabajo de sus secretarios que tienen la carga extraordinaria de atender los asuntos; no estudian, hacen política, mientras que los secretarios acostumbrados a estos ritmos de trabajo, sí tienen que actualizar sus conocimientos y buscar ser mejores cada día, esperando oportunidades como estas para poder saltar a la magistratura, pensando que en esta ocasión sería diferente.
Las instrucciones directas para que se aprobaran los montos de 80 mil pesos, con jubilación dinámica a quienes trabajaron 10 años en el Poder Judicial, evidencian el menosprecio que se tiene a la delicada función de darle a cada quien lo que por ley le corresponde. Nuevamente la política por sobre la justicia.La próxima semana la FECHCA, que encabeza Dario Machuca Alvarado, festejará los primeros 30 años de vida, otorgando reconocimiento a quienes la han presidido. Se había solicitado al rector de la UACH se facilitara la Quinta Gameros y había aceptado, pero cuando se realizaban los trámites, apareció la titular de extension universitaria, de apellido Grajeda, explicando que sin importar lo que había autorizado el rector Rivera Campos, la responsable era ella y que no autorizaba que se llevará a cabo la asamblea y que si sabían contar, que no contaran con ella.Es comprensible que ante las constantes ausencias del rector Rivera Campos, porque siempre anda en el extranjero asistiendo a eventos deportivos, sus instrucciones no se acaten y su autoridad no se respete, por quien estaría -en condiciones normales- obligada a cumplirlas.El imponer a miembros de la familia en cargos de gran importancia, económica, cultural y educativa, no le ha resultado a la gobernadora Maru Campos, porque quien administra la UACH, en el papel es el rector, pero en la realidad, son otros los operadores.
Ser político en Chihuahua no es cosa sencilla, pero ser político en desgracia, sí que es una situación difícil, como lo ha podido comprobar Javier Corral Jurado.Por asociación de ideas, el alcalde Marco Bonilla, da la impresión de faltarle madurez para llevar bien la conducción del Municipio, no se da cuenta y no valora el gran equipo de trabajo que tiene y prefiere ser el padrino en los bautizos, el novio en las bodas y el que contesta las agresiones de los diputados, cuando su función no debería abarcar estos espacios; lo que refleja es que le faltarían otros 6 años de alcalde para entenderlo.El conflicto mediático que se ha generado a partir de los últimos días, derivados de un amplio reportaje de Latinus, respecto de las actividades de promoción personal, que de manera permanente desde hace un par de años, lleva a cabo la senadora Andrea Chávez, con las brigadas médicas gratuitas en diferentes partes del estado, ha generado una serie de opiniones importantes, respecto de su legalidad, por la indefinición de la fuente de recursos que lo generan.En primer término, se asegura que la operatividad de los camiones adaptados para brindar este servicio de manera itinerante, genera un costo mensual de 10 mdp, según la contratación que se ha realizado por diversos gobiernos morenistas.
La capacidad económica personal de la senadora no le alcanza para solventar el costo de estas unidades a partir de su salario como senadora de la República.Como se pudo conocer a través del reportaje, estas brigadas médicas, tienen la finalidad de posicionar la figura de la senadora para suceder en el gobierno a Maru Campos.Sobre la legalidad de estas acciones, es importante señalar lo establecido en la CPEUM en su artículo 134 que en su parte final establece que:La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.Los senadores de la República son servidores públicos, que en el desempeño de su función deben actuar con legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia.Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su artículo tercero, que se entiende por Actos Anticipados de Campaña: y dice que son actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido.Por otro lado, el financiamiento ilegal de campañas tiene tres orígenes: recursospúblicos, privados y del crimen organizado.El primero se entiende claramente, el segundo incluye contratistas que quieren asegurar negocios con el nuevo gobernador o gobernadora, constructores que buscan ganar licitaciones de obra pública a modo; comerciantes que buscan permisos de uso de suelo, concesiones, u otros permisos. El tercero es un aportador recurrente en ciertas regiones del país.El propósito de llevar atención médica a zonas del estado que más lo requieren, es una acción de gran importancia, sobre todo para una servidora pública, sólo que cuando se realiza para promocionar su nombre con fines electorales, pierde su sentido de responsabilidad social.El hecho de no transparentar sus fuentes de financiamiento, genera una ilegalidad en términos de su actuar, porque está prohibido a empresarios que tienen contratos con los gobiernos, hacer donaciones de recursos económicos y materiales, sin reportarlos a Hacienda, además, implica que cualquier persona puede hacer lo mismo, constituyéndose todo en un financiamiento ilegal.Bienvenida la ayuda médica que se necesita, pero también, no exijas transparencia y legalidad de otros, cuando eres incapaz de hacer lo propio en tus actividades….
