Como tenía que suceder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el llamado “plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así tenía que suceder porque, como ya se sabía -empíricamente-, se trata de una reforma electoral a modo y capricho presidencial. Así tenía que suceder porque, como ahora ya sabe -a ciencia cierta-, procede la suspensión cuando hay indicios de que ciertas reformas legales pueden servir como instrumentos de violación a los derechos humanos.
Hay controversias constitucionales en las que “sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos”. Y en el caso del segundo decreto de reforma electoral, o sea del “plan B” que modifica tres leyes y crea una nueva, “se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, señala enfáticamente la SCJN.
El asunto es que, aunque el presidente López Obrador y compañía se enojen, aleguen y se rasguen las vestiduras ante la decisión de la SCJN de suspender -por tiempo indefinido- la aplicación de su plan electoral, el plan B -con sus dos decretos- es tan inconstitucional y violatorio que ya veían venir la suspensión derivada de alguna de las más de 170 impugnaciones -entre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad- presentadas en contra de la reforma electoral presidencial.
Por su puesto que, como era de esperarse, el autoproclamado Gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dijo que impugnará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender el plan B y, además, solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite la controversia constitucional que interpuso el INE (que fue a la que se le concedió la suspensión solicitada).
Sobre las reformas electorales y lo que ellas conllevan, no se niega que, como ya ha dicho en varias ocasiones espacio de análisis y reflexión, el INE no es perfecto ni impoluto, pero eso no es motivo para que en menos de un sexenio destruyan todo lo que, en materia de democracia electoral y participación política, se ha logrado construir, estabilizar y robustecer a lo largo de tres décadas.
No se niega tampoco la necesidad de reformas electorales que fortalezcan las instituciones electorales y la democracia, el problema es que lo que está haciendo el presidente López Obrador y su cuatro-te está muy alejado de lo que realmente se necesita, falta o se puede reformar; está tan, pero tan alejado de la forma, fondo y medida de lo que en materia electoral se puede y se debería reformar, que ha llegado hasta los más abominables excesos solo por su afán de mutilar, discapacitar y acabar con el INE.
A modo de colofón reflexivo -sobre la necesaria reforma que urge-, finalizo citando lo dicho alguna vez por el filósofo, crítico y poeta inglés, Samuel Taylor Coleridge: Toda reforma, por necesaria que sea, será llevada al exceso por mentes débiles, que en sí mismas necesitarán reformarse.
Aída María Holguín Baeza
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