Más allá de los discursos, de las formas en el trato entre los gobernantes y de los orígenes partidarios, lo que cuenta, y no sólo en política, son los hechos.
Y en este caso, para desventura nuestra, como a lo largo de los últimos sexenios, el principal, no solo índice, sino fenómeno que hemos sufrido-protagonizado los chihuahuenses es el de los homicidios.
Obviamente son muchos los aspectos y parámetros a evaluar a la salida de un gobierno, pero en el presente, por encima de las querellas, de los desencuentros entre los gobernantes, los nacionales y los estatales y de las distintas responsabilidades entre ellos, sobre todos los asuntos públicos prevalece, en nuestro caso, el de la seguridad pública.
No es equivocado adjudicarle a los presidentes de la república las cifras de homicidios ocurridos a lo largo de su sexenio, sobre todo a partir de la crecimiento del narcotráfico, tarea que le compete al gobierno federal y que a través de las distintas reformas legales se ha sumado a las fuerzas estatales y municipales.
«En Juárez, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la cantidad de víctimas de homicidio doloso se duplicó, en comparación con el período anterior con Enrique Peña Nieto al frente. Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018 se registraron en este municipio 3 mil 768 víctimas de asesinato, cifra que se disparó en 101.49% en el período comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2024, hasta una cifra de 7 mil 592, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE)». (Nota de Diego Villa, El Diario de Juárez, 29/9/24).
El incremento de los homicidios en el antiguo Paso del Norte fue superior al presentado en todo el estado, pues en el sexenio de Peña Nieto, en el que se presentaron 9 mil 802 víctimas en todo el estado, «en 69 de los 70 meses de López Obrador… fueron 13 mil 275» que representó un 35.4% más, entre diciembre de 2018 y agosto de 2024. (Ibídem).
Si hubiese duda en cuanto a las causas de ese incremento téngase en cuenta que el porcentaje de homicidios ocurridos en Juárez pasó de ser el 38% al 57, del total de los ocurridos en todo el estado en el mismo período, pero no solo, entre Juárez y Chihuahua ocurrieron «57.47% de los presentados en todo el estado en los 72 meses de gestión de Peña Nieto, pero el 73.45% (8 mil 411 de 11 mil 452) en 69 meses del presidente saliente». (Ibídem).
Y no se puede decir que se trata de un fenómeno reciente a causa del empoderamiento de los grupos criminales, como pudiera ser el caso de Guanajuato; de ninguna manera, es de una larga y antigua data ante el cual poco, o casi nada, han hecho los gobiernos de la república, por lo menos en todo el presente siglo y en cada uno de ellos en que le han dado una vuelta más a la militarización de la seguridad pública.
Sus resultados, como lo hacen los médicos ante sus yerros, los sepultan y le añaden una generación más a las que se sumen en el dolor de una pérdida súbita y violenta de algún familiar, amigo, conocido o compañero de trabajo o escuela.
El colmo lo ha sido el sexenio encabezado por López Obrador, representado por las frases del Gral. Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar con sede en Culiacán, quien afirmó que solo habría paz si los narcos cesaban la confrontación:
«-¿La seguridad depende de estos grupos delincuenciales?, se le insistió.
-Depende de ellos, son los que hacen las agresiones y los que están cobrando vidas; nosotros no, al contrario, estamos acá para evitar que tengan confrontaciones y haya pérdidas de vidas humanas». (Nota de Marcos Vizcarra, Noroeste, 17/9/24).
Esas frases son semejantes a las emitidas varios años atrás, cuando el Gral. Jorge Juárez Loera, jefe del Operativo Conjunto Chihuahua de 2008, ante las preguntas de la prensa por el abatimiento de un supuesto narcotraficante -y que le dijeron era una muerte más-, respondió que se trataba de «un narco menos».
Ahora, por lo que dijo el Gral. Leana, se trata de conminar a las bandas rivales a que no se enfrenten y en no usar el arsenal de instrumentos en poder del Estado Mexicano para combatir al crimen organizado, y no sólo la capacidad de fuego.
Los ‘Mayitos’ y los ‘Chapitos’ llevan cuatro semanas de agudos, sangrientos y violentos enfrentamientos y hasta la fecha no hay un solo reporte del embargo de cuentas bancarias, ni de empresas, propiedad de esos grupos criminales, requisadas.
El problema es que, a reserva de lo que informen las autoridades locales, pudiera pensarse que el conflicto de allá podría extenderse a algunas regiones de Chihuahua, a juzgar por los acontecimientos sangrientos de las últimas semanas y los presentados en los últimos días en Guadalupe y Calvo y Ojinaga; además de los reportes de civiles armados en Chínipas y Uruachi.
Esa es la realidad con la que deberá lidiar la presidenta Claudia Sheinbaum en Chihuahua.
Ojalá no sea un mandatario más que se suma a la lista de los que fracasaron en la seguridad pública en nuestra entidad.
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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