Politiquería es lo que han hecho los gobernantes sobre el problema del agua de las presas de Chihuahua.
A tal calificación se han hecho merecedores los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatal.
Sobre las espaldas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Javier Corral pesan -política y moralmente, quizá jurídica y administrativamente también- los graves daños causados, y los que aún faltan, a juzgar por el nivel de las presas y los pronósticos meteorológicos, a más de 10 mil agricultores y sus familias.
Y a toda una región que depende en el 80% de la actividad agropecuaria.
Son responsables, además, desde el punto de vista ético, de la muerte de Jessica Silva, la esposa del agricultor Jaime Torres, gravemente herido como consecuencia de los arteros disparos efectuados por elementos de la Guardia Nacional.
Y ahora pesa, sobre ambos gobernantes, un hecho más:
Las inaceptables fallas, tanto de los mandos medios y superiores de la Guardia Nacional, como de las Fiscalías, la General de la República y la del Estado de Chihuahua en las conductas e investigaciones realizadas con motivo de ese salvaje atentado.
Los elementos militares -que dicen que no lo son-, en lugar de quedarse en el lugar de los hechos, huyeron, y sus superiores no los entregaron a las autoridades correspondientes. Los policías estatales no fueron por ellos a las instalaciones de la GN, como correspondía después de hechos como ese y sólo hasta muchas horas después fueron “entregados” a la FGE.
Lo informado hasta ahora es la falta de evidencias que comprueben que los miembros de la GN repelieron una agresión y queda la impresión que efectuaron una ejecución, si no ¿Por qué huyeron?
No exageran las frases iniciales de este trabajo, las conductas y acciones de los gobiernos de López Obrador y Corral lo acreditan.
En febrero, la Conagua ordenó la apertura de la presa La Boquilla, “porque se requería surtir de agua a las poblaciones de las ciudades fronterizas de Coahuila y Tamaulipas”. El delegado del gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, acusó a quienes se oponían a tal medida, de faltos de “humanismo”.
Eran mentiras, la querían para hacer pagos anticipados de agua a los EU.
Luego, en mayo, otra vez Conagua insistió en sacar el agua, ahora de El Granero. Los texanos estaban exigiendo se pagara el agua, dijeron los funcionarios federales. Mintieron nuevamente.
En la defensa de la postura de Conagua, Loera enfrentó a iracundos agricultores que lo increpaban y el vandalismo se hizo presente en el centro de Ojinaga, como luego en Delicias y La Boquilla.
¿Quiénes son? ¿Quiénes los envían?
¿Dónde quedó aquel elemento de la GN detenido en Delicias por los agricultores?
¿Quiénes estaban interesados en incendiar las bombas de La Boquilla?
¿Por qué los agricultores dan cuenta de la persecución de supuestos infiltrados en el confuso atentado contra la pareja Torres-Silva?
Conagua insistió, en esa ocasión, en el episodio de Ojinaga, en que se debería enviar agua debido a que los productores de Tamaulipas no tenían para su ciclo agrícola de primavera-verano.
Ahora, para justificar la extracción del agua, el presidente López Obrador adujo que se necesitaba pagar, para no dar pie a que “los norteamericanos nos sancionaran”.
Es que hay elecciones en EU en 45 días, dijo.
Pero en todos esos largos meses, como ahora, la directora de Conagua, Blanca Jiménez, no fue capaz de discutir y analizar el tema con los concesionarios de los distritos de riego, ni, mucho menos, ofrecer información cierta, puntual, detallada, de las cantidades de agua entregada a los EU y la aportada por Chihuahua.
En ese lapso, de diciembre del 2019, a fines de agosto de este año, el gobernador Corral ocultó que él había aprobado la ruta de entrega de agua que la Conagua, ilegalmente, había resuelto hacer.
Por lo menos en dos ocasiones se reunió con Jiménez en la ciudad de Chihuahua, ambas a espaldas de los dirigentes de los productores, cuando éstos exigían reunirse con la directora.
Corral ni siquiera recibió a los agricultores cuando, en una masiva manifestación, en la práctica le tomó el Palacio de Gobierno y el gobernante debió convertirse en mandatario itinerante porque no pudo despachar en su oficina a lo largo de casi una semana.
Fue acusado, estentóreamente, de traidor a los chihuahuenses.
Corral pactaba y acordaba en lo oscurito con el gobierno federal y con los agricultores ni los volteaba a ver. Ni siquiera cuando una delegación de éstos viajó a San Luis Potosí para tratar de entrevistarse, tanto con el presidente, como con el gobernador, en el curso de la reunión de los mandatarios.
Ni uno, ni otro; vejados por las autoridades potosinas debieron soportar que Corral ni siquiera dijese una palabra del conflicto en la reunión de la Conago.
Ni en esa reunión, ni en la de la “Alianza Federalista” -la de los gobernadores que se salieron de la Conago- celebrada en Chihuahua.
¿Qué mejor oportunidad había para que Corral exhibiera sus concepciones de “avanzada” en materia federalista, que pedirle a los gobernadores, sobre todo de Coahuila y Tamaulipas que son parte del TILA, se solidarizaran con la exigencia de los agricultores chihuahuenses? N’ombre.
La región hervía de coraje e indignación, el repudio a López Obrador y Corral era por igual.
De repente, la postura de Corral cambió, justamente cuando una propuesta de una parte de los agricultores obtenía mayoría -la de aceptar la extracción de hasta 100 millones de m3 de la presa Las Vírgenes, contando los 60 mm3 ya extraídos- que provocó indignación en una parte de los productores y el alejamiento momentáneo de los otros dos destacados dirigentes, Salvador Alcántar y Andrés Valles.
Pero el viraje de la postura de Corral fue total a partir de la toma de la Boquilla y de la muerte de Jessica Silva. Y la de AMLO se fue al extremo, al grado de dedicarle extensos lapsos en la mañanera de toda la semana.
En una conferencia de prensa, sorpresivamente, Corral ofreció información detallada de la situación de las presas y los volúmenes de agua, la que habían mantenido oculta y que habría servido para desautorizar la información de Conagua y el presidente.
A su vez, el presidente, insistió, una y otra vez, en que las protestas de los agricultores obedecen a una acción concertada de sus enemigos, en virtud de que “hay elecciones en Chihuahua”.
Pongámoslo nuevamente, ahora en mayúsculas: ¿Y POR QUÉ EN EL RESTO DE LAS 14 ENTIDADES QUE HABRÁ ELECCION DE GOBERNADOR, EL MISMO DÍA QUE CHIHUAHUA, NO HAY EN ELLAS PROTESTAS Y ESE CRECIENTE RECHAZO AL PRESIDENTE?
PORQUE EN ESOS ESTADOS NO LES ESTÁ QUITANDO EL AGUA.
Sobrecoge saber que la actuación presidencial se base en los informes de “inteligencia” de funcionarios como el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía y la directora Blanca Jiménez.
Dos hechos cardinales dan sustento a lo anterior:
Primero: ¿Cómo es posible que Mejía sostuviera que el exgobernador Fernando Baeza fuera de los instigadores del movimiento -que dio pie para que el presidente dijera que hasta había repartido palos- y de los actos violentos, si bastaba una somera revisión de los videos existentes, que circularon profusamente en “las benditasredessociales”, para darse cuenta que Baeza llamó vigorosamente a lo contrario?
Si cualquier internauta pudo apreciar lo anterior ¿por qué el subsecretario Mejía no? Y si con esa aptitud se combate al crimen organizado y se trata de “construir la paz”, estamos fritos.
O peor aún ¿no podía decirle al presidente que no, que no había incitado a la violencia, para que AMLO no se exhibiera en la mañanera, durante más de 30 minutos, perdido en tratar de justificar su postura y remontándose ¡hasta el verano caliente del 86!?
De verdad ¿no se le puede decir que no al presidente? ¿Como en el pasado?
Esa es la gravedad que refleja ese episodio.
Segundo: Y Blanca Jiménez ¿por qué no le informa al presidente que el ciclo agrícola primavera-verano 2021 NO ESTÁ ASEGURADO?
¿Que, para asegurarlo se necesitan mil 073 millones de metros cúbicos y las presas tienen, en este momento mil 100?
Si se le quita el fondo “muerto”, lo que aún resta de aportar al presente ciclo y lo que quiere Conagua sacar, quedará mucho menos de la mitad del agua. Quizá, con suerte, alrededor de 400 millones de m3. Faltarían casi 700 mm3.
¿Por qué no le dice Jiménez al presidente que Conagua ha declarado a este año como de “sequía extrema” a Chihuahua y que el próximo será peor, que, por lo tanto, las lluvias, si hay, se presentarán, con alguna seguridad, en agosto-septiembre del 2021?
Pero si tales problemas no se le informan al presidente ¿qué hacer?
Peor será si, teniendo esa información en sus manos, el presidente actúa del modo como lo ha hecho.
¿Estará preparado para enfrentar al pueblo de toda una región de Chihuahua, con gravísimas repercusiones en todo el estado?
Situación que sus opositores aprovecharán al 100 por ciento ¿todo por no sentarse a escuchar a la gente?
¡Qué grave!
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