En alguna parte debiera haber la suficiente capacidad para reflexionar sobre las consecuencias que traerán el proceso y la elección de los integrantes de los poderes judiciales de la Federación y el estado.
Por doquier están apareciendo las evidencias, las dudas y las certezas de que vamos directo a una hecatombe en materia judicial.
Y no solo en esa materia, los peores vicios y defectos de los procesos electorales y de las actividades políticas en general (con sus conexiones con el crimen organizado y el uso de recursos públicos) desatarán una oleada de podredumbre que nos llevará añorar el estado de la aplicación de justicia del momento actual.
Además, vamos directo a que la compra de votos, el uso de «moches», «mordidas», la lista de ‘recomendados’, el derroche de dinero bien o mal habido, de dinero público y toda clase de corruptelas sean las características de las elecciones judiciales.
Por añadidura, de manera práctica, no hay modo que la elección tenga certidumbre, legitimidad y legalidad.
De ninguna manera.
Será un cochinero.
Podrán los ‘morenos’ pensar que todo eso poco importa si sus candidatos (los que sean, por el modo en que sean designados, vengan de donde vengan) salen triunfantes y, con ello, pensarán, fortalecerán su ‘proyecto’ de nación.
No tendrán ni eso, será un batidero en el que los intereses de todas las fuerzas políticas, económicas, sociales, militares, delictivas, legales o ilegales se disputarán, a sangre y fuego, todas las posiciones.
A la ola de sangre abatida sobre nosotros le agregaremos una inmensa cantidad de motivos para que los mexicanos -o una parte, creciente- se sigan matando entre sí, una vez que hayan superado las posibilidades de resolver, por la vía pacífica, los conflictos generados por los cargos en disputa y las prebendas que generarán cada uno de ellos.
Y es que, además, quienes están trazando la línea para que la violación al Estado de Derecho sea la ruta a seguir, son los gobernantes de la hora actual, desde la presidenta Claudia Sheinbaum, hacia abajo.
Episodios son muchos -desde los tiempos de López Obrador- pero el último de ellos es altamente ilustrativo:
El Comité de Evaluación del Poder Judicial frenó la selección de candidatos, en acatamiento a la resolución de un juez de distrito, de Michoacán, que le ordenó suspender el proceso.
Ante ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunciaron que los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo seguirían adelante con la selección de candidatos.
La resolución del juez le dió un plazo de 48 horas al Comité de Evaluación para «suspender en la etapa en que se encuentra y en el ámbito de sus competencias todo proceso. Lo que desde luego implica que no continúen con las etapas subsecuentes a la publicación de los listados de las personas aspirantes inscritas al proceso electoral extraordinario». (Nota de Beatriz Guillén, El País, 8/1/25).
La decisión de un juez se acata y, si uno no está de acuerdo, así sea la presidenta de México, la impugna en las instancias correspondientes y, como dicen los abogados, se allana a las resoluciones.
No es algo al gusto de cada uno.
Se cumple y ya.
Eso se hace en el mundo democrático.
En cambio, los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo han decidido, por su cuenta, resolver si acatan, o no, la orden del juez de distrito para suspender, vía un amparo, el proceso.
¿Qué pasará si, una vez celebrada la elección, alguna instancia jurisdiccional, cualquiera que fuere, competente en la materia, resuelve anular una de las elecciones, sancionar con el retiro de una candidatura, o fincarle multas a otros candidatos, o, incluso, resolver que alguno no cumplió con los requisitos, a pesar de haber pasado por el tamiz de los comités de Evaluación, ú ordenar cualquier cosa contemplada en las leyes secundarias de la elección, que aún no se aprueban?
¿También resolverán, de acuerdo con sus opiniones, decidir si están, o no, apegadas a Derecho esas resoluciones?
Por otra parte, la violación a los derechos humanos, ya no de los actuales juzgadores y empleados de las dependencias judiciales, sino de los aspirantes a los cientos de cargos a elegir, no tendrá parangón.
Se llenarán las oficinas de los tribunales electorales por las quejas de algunos de los participantes y una vez celebrada la elección, ante la falta de garantías, los participantes podrán alegar que se violó su derecho al debido proceso, lo que implica no haber tenido la posibilidad de defender sus derechos, porque las leyes no contemplaban mecanismos concretos, ni haber contado con representantes en las instancias electorales, porque esa parte no está en la legislación.
¿Es que acaso no hay, en la presidenta y su equipo más cercano, un atisbo de lo que puede ocurrir el primer domingo de junio?
La responsabilidad recae en ella, casi en su totalidad.
En un país tan presidencialista, con tantas facultades que se le atribuyeron recientemente, con tanto peso en su partido y sus grupos parlamentarios, su voz es, prácticamente, la única con el poder necesario para detener la hecatombe.
O nadie ha sido capaz de mostrarle las enormes dificultades que ofrecerá un proceso como éste, o no ha tenido la perspicacia para entender las gravísimas consecuencias que sufrirá el país y, ojalá lo entendiera, su propio proyecto político.
Iremos a una vorágine.
Una vez desatada, su desenlace será lo más incierto que hayamos visto o tenido.
Tan solo en el estado se elegirán más de 300 cargos del TSJ, entre jueces, magistrados e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (30 magistraturas, 270 juzgadores y 5 integrantes del Comité de Disciplina), de acuerdo con la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. (https://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosConvocatorias/510.jpg).
Lo anterior implica que, según la convocatoria, habrá, por lo menos, 915 candidatos, más los juzgadores que hayan resuelto no renunciar y, por tanto, disputar su cargo en las elecciones.
Además, en el país se elegirán 881 cargos judiciales federales, lo que implicará que, tan solo en la ciudad de Chihuahua, se elegirán 13 jueces de distrito y 12 magistrados del Décimo Séptimo Circuito, más dos vacantes de magistraturas de apelación que deberán ser ocupadas, obligatoriamente, por mujeres.
Así, a cada elector deberá entregársele una boleta electoral que contenga ¡117 candidatos a jueces de distrito federal y otra con 108 candidatos a magistrados federales!
Además, una boleta con algo así como 60 candidatos a jueces locales y otra boleta con 90 candidatos a magistrados estatales.
Por si fuera poco, en cada boleta deberá estar especificado a cuántos candidatos y a cuantas candidatas deberá votar.
Es la esquizofrenia política.
Y ese es el relato de la penúltima de las fases del proceso, en el camino ocurrirán todos los fenómenos que nos imaginemos, o que hayamos sabido o presenciado en las elecciones a los cargos del Poder Legislativo, Ejecutivo o municipales.
Por ejemplo, en este momento, ante las adelantadas e ilegales campañas electorales de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cercanas a la 4T, Loretta Ortiz y Lenia Batres, el organismo electoral, el INE, se declaró incapacitado para actuar, porque, adujeron varios de sus integrantes, «aún no hay registros de candidatos».
Siguieron en la ruta de, en la práctica, desaparecer como órgano garante de la limpieza de las elecciones.
De acuerdo con la reforma judicial, no habrá precampañas, y las campañas serán de 60 días, es decir, deberían arrancar alrededor del 30 de marzo.
De ese modo, las ministras y un buen número de aspirantes a jueces federales en la zona metropolitana de la CdMX, todos cercanos al actual gobierno, violando la Constitución, se dedican a hacer campaña.
El colmo son las ministras Batres y Yasmín Esquivel, quienes andan en plena campaña, no solo para mantenerse en la SCJN, sino para ganar la presidencia del organismo, por lo que sostienen una dura y ríspida competencia.
Ante la falta de leyes secundarias, el INE aprobó que, en tanto las haya, la comisión organizadora de la elección emita acuerdos específicos para regular el proceso, principalmente sobre campañas, fiscalización, recepción de votos, cómputos distritales, declaración de validez, campañas y difusión.
¡Cuánta improvisación!
No importa, son los tiempos de la 4T y ’30 millones de votos nos respaldan’.
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Convicto a la Casa Blanca.- Donald Trump recibió una liberación incondicional por el caso Stormy Daniels, lo que lo convertirá en el primer convicto en llegar a la Casa Blanca.
El juez que determinó su caso alegó que su sentencia obedecía, no al individuo, que era responsable de los delitos presentados, sino al cargo, al que los norteamericanos le habían otorgado ese estatus (la imposibilidad práctica y constitucional de encarcelar a un Presidente electo).
Armas de grueso calibre a policías de Guanajuato.- ¡Increíble! Hasta el viernes, la Sedena aprobó entregarle ‘armas de grueso calibre’ a las policías de Guanajuato. Debieron pasar cerca de 20 años y el enfrentamiento del 6 de enero de 2025, de policías estatales contra integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, en donde 10 civiles murieron y tres oficiales fueron heridos, para que tal cosa ocurriera.
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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