Berlín, Alemania.- “Quiero ponerle fin si el dolor se vuelve insoportable”, dice Melanie S., de 63 años, al doctor Lukas Radbruch del Hospital Universitario de Bonn, también presidente de la Asociación Alemana de Medicina Paliativa desde 2014. La mujer padece un cáncer de pulmón terminal y tiene miedo de perder en cualquier momento la habilidad de tragar, con lo que podría ahogarse siendo plenamente consciente. Es esto lo que ha llevado a Melanie S. a considerar el suicidio asistido.
El artículo 217 del Código Penal alemán prohíbe esta práctica. La ley fue aprobada en 2017 por el Bundestag con el objetivo de evitar que asociaciones o individuos convirtiesen la eutanasia en una suerte de negocio. La pena es de hasta tres años de cárcel o una multa.
Los expertos han estado discutiendo fervientemente estos años sobre si la ley también penaliza las consultas o, por ejemplo, la simple mención de que uno puede poner fin a su propia vida renunciando a comer.
Irse al extranjero para acceder al suicidio asistido
Como resultado, los individuos que hasta 2015 habían estado facilitando el suicidio asistido dejaron de hacerlo. Y los médicos y demás personal sanitario de los hospicios se asustaron hasta el punto de dejar de hablar con los pacientes sobre esta posibilidad. Eso ha hecho que muchos enfermos terminales viajaran a Suiza o Países Bajos, donde incluso el suicidio asistido a manos de un tercero es legal.
Quienes sin embargo se encontraban en un estado de debilidad extremo o no tenían los medios económicos para financiarse este viaje se veían obligados a pedir a miembros de su familia que les ayudasen a poner fin a su sufrimiento. Los familiares que accedieron a este último deseo no han sido procesados. Pero, ¿quién querría imponer esta carga a un pariente cercano o a sus seres queridos?
Muchos enfermos terminales estaban profundamente insatisfechos con esta situación legal. Junto con un grupo de profesionales de la medicina, llevaron el artículo 217 ante el más alto tribunal de Alemania. Wolfgang Putz, experto en ética médica, dijo a DW que la coyuntura legal actual es insostenible y debe ser reformada: “Las Iglesias protestante y católica de Alemania todavía ejercen una influencia significativa sobre nuestros responsables políticos, pese a que vivamos en un Estados secular”.
Las iglesias protestante y católica rechazan todas las formas del suicidio asistido. Es por ello que Putz aplaude que el máximo tribunal, la autoridad legal suprema del país, reformule el derecho constitucionalmente garantizado a la autodeterminación de cada persona al término de su vida.
