Acumula gobernador casi tres mil recursos de revisión en Ichitaip por negarse a dar información
De la Redacción/ El Diario
Chihuahua— En lo que va de la administración, el Ejecutivo estatal ha acumulado cerca de tres mil recursos de revisión, por negarse a proporcionar información, sin contar el 2020, cuyo informe aún no es presentado por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información.
Seis de cada cien solicitantes han tenido que acudir a dicho instrumento jurídico para hacer valer su derecho a la transparencia y el acceso a la información pública.
Sin contar la información de octubre a diciembre de 2016, porque no se presenta desagregada en los informes, son 2 mil 754 recursos de revisión a diciembre de 2019.
Es el Ejecutivo estatal y sus organismos descentralizados y desconcentrados, los que concentran la mayor cantidad de recursos de revisión. En 2019 se presentó casi el 40 por ciento, siendo las dependencias centralizadas las que recibieron la mayor cantidad de recursos.
Los chihuahuenses tuvieron que interponer amparos y recursos de inconformidad ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que derivaron en amonestaciones y multas por la resistencia a transparentar la información.
Sólo en cuatro ocasiones, de casi 8 mil palabras pronunciadas, utilizó el gobernador el concepto transparencia durante su discurso de toma de protesta, aquel lejano 4 de octubre de 2016.
Lo hizo al anunciar la creación de un Consejo de la Judicatura en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, al comprometerse a construir un Ejecutivo transparente y, al final, cuando exigió la participación ciudadana como condición para la transparencia.
Dijo en aquel entonces: “Propondré una reforma constitucional con el imperativo de crear un Consejo de la Judicatura Ciudadano con base en una amplia y auténtica consulta a barras y colegios de abogados, a universidades públicas y privadas y desde luego a las organizaciones de la sociedad civil para que se garantice independencia, transparencia, vigilancia y disciplina, nunca más un Poder Judicial sujeto a caprichos del Ejecutivo en turno, o botín de los partidos políticos”.
“Acabaremos con el dispendio del dinero público a los medios, vamos a racionalizar y transparentar el gasto publicitario… “construyamos un Ejecutivo eficiente y transparente”, agregó.
“Sólo la participación ciudadana de todas y de todos, sólo la disposición a trabajar juntos sociedad y Gobierno va a traernos la transparencia, la honestidad, la eficacia, la democracia para la justicia y la libertad. Sólo así seremos ejemplo para México”, afirmó.
Al cumplirse casi los cinco años de su gobierno, tales compromisos sólo quedaron en eso, en palabras.
Contrario a lo ofrecido, con datos duros el porcentaje de atención a las solicitudes se ha reducido, la cantidad de recursos de revisión se ha incrementado, e incluso, el órgano garante de la transparencia ha tenido que emitir amonestaciones y multas, contestar a amparos y recursos de inconformidad, para obligar al cumplimiento por parte de sus funcionarios, que se niegan a proporcionar la información solicitada por los ciudadanos.
Esta reducción en los indicadores contrasta con el supuesto nivel alcanzado en las verificaciones de transparencia en plataforma nacional y en página web, que son casi de excelencia a partir del 2018, porque en 2017 eran mediocres.
La verificación de las obligaciones
El Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública incorpora en sus informes anuales, a partir de 2017, un apartado denominado Verificación de cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia. Es una revisión a la información que ha consignado cada sujeto obligado en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en la página web oficial propia.
En 2017 los resultados de la revisión ubicaron en el incumplimiento a la totalidad de los organismos y dependencias pertenecientes al Ejecutivo. Del 1 al 100, Pensiones Civiles del Estado tenía el .28; la Coordinación de Relaciones Públicas un 27.55 y la Secretaría Particular del gobernador un 61 por ciento en PNT. Comunicación Social y Obras Públicas, no alcanzaban el 40 por ciento.
Al año siguiente, con excepción de la Coordinación de Relaciones Públicas (44.53 en PNT) el resto de las dependencias alcanzaron el 70 u 80, inclusive el 90. Para el 2019, los porcentajes rondaban el 98, 99 e incluso 100 por ciento.
Sin embargo, la realidad era otra.
Baja calidad en la atención
En 2018, el informe anual que rinde el Ichitaip incorporó un elemento estadístico denominado ‘Porcentaje de atención’, colocado a un costado de las solicitudes recibidas por sujeto obligado.
En ese primer año se recibieron por parte de las dependencias centralizadas del Ejecutivo estatal un total de 4 mil 450 solicitudes, las cuales fueron atendidas en un porcentaje del 97.8.
Para el año siguiente, 2019, las solicitudes fueron menos, 4 mil 407, igual que el porcentaje de atención, que apenas llegó al 94.62 por ciento.
Lo mismo ocurrió con las solicitudes a organismos descentralizados, que en 2018 tuvieron un porcentaje de atención del 95.93 por ciento y en 2019 cayó al 91.78
En los organismos desconcentrados, que dependen administrativamente del Ejecutivo, también se redujo la atención de un 100 por ciento en 2018 a un 93.75 por ciento.
Era lógico que los ciudadanos no se quedaran conformes.
Los recursos de revisión
Los recursos de revisión son el instrumento jurídico mediante el cual los solicitantes de información acuden al Instituto Chihuahuense de Transparencia, para quejarse de negativas de información, entrega incompleta, reserva o confidencialidad, en las respuestas por parte de la autoridad.
Es un recurso extremo por la falta de atención a las solicitudes de información.
En 2016 se presentaron 221 recursos, pero un año siguiente de las promesas realizadas en el discurso de toma de protesta del gobernador Javier Corral, el número se incrementó a mil 302; en 2018 bajó a 531, pero en 2019 repuntó a 921.
Si en 2016 los recursos de revisión representaban el 2.51 por ciento del total de solicitudes, para el 2017 representaron el 9.23, en 2018 el 3.60 y en 2019, el 5.41 por ciento, el doble que el 2016. Pero no es todo el dato.
El Poder Ejecutivo sigue concentrando, igual que con la anterior administración, la mayor cantidad de recursos de revisión. En 2016 lo hizo en un 73 por ciento, en 2017 en un 14.82, en 2018 en un 35.96 y en 2019, en un 38.65.
En números gruesos, al 2019 se dobló la cifra de recursos, con 356, contra 163 en 2016.
Resulta que aun con resoluciones en contra derivados de estos recursos, los funcionarios se negaban a proporcionar la información.
Por ese motivo, el órgano garante debió emitir a través del pleno, amonestaciones públicas e inclusive multas.
Si en 2018 se emitieron 113 amonestaciones, 40 de ellas correspondieron al Ejecutivo. En 2019 fueron 286 amonestaciones, el doble que el año anterior, y el Ejecutivo 55, quince más que un año antes.
Las dependencias “estrella” en amonestaciones son la Secretaría de Hacienda con 17 y la Secretaría de Educación y Deporte con 13 acumuladas en 2018 y 2019.
Incluso la Secretaría Particular, la dependencia directamente bajo la responsabilidad del gobernador, recibió una amonestación en 2019.
Entre 2018 y 2019 se emitieron 24 multas a servidores públicos por su resistencia a proporcionar información. Una de ellas fue para la Secretaría de Educación y Deporte. Ya en el colmo, en 2018 y 2019, se presentaron 19 recursos de inconformidad y 5 amparos en busca de que los sujetos obligados, entre los cuales se encontraba el Ejecutivo estatal, proporcionaran la información solicitada.
