Para el ONC, el despliegue de la Guardia Nacional en instalaciones del Metro de la Ciudad de México ha servido para exhibir la incapacidad de la institución
Antonio Baranda/ Agencia Reforma
CDMX.- La Guardia Nacional (GN), fuerza militar de seguridad creada en la presente Administración, se ha desgastado debido a las funciones asumidas y el uso político al que está siendo sometida, aseguró el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
En el estudio titulado “Cuatro años perdidos en materia de seguridad”, la organización advierte que el uso y presencia de la GN por “cualquier asunto” no disuade ni previene la comisión de delitos ni faltas administrativas.
“Con criterios que no corresponden con las cifras de incidencia delictiva ni la presencia del crimen organizado, se ha llevado a cabo un amplio despliegue en el País”, afirmó.
“77 mil 516 elementos de la Guardia se encuentran adscritos a coordinaciones estatales y son empleados para tareas tan diversas como combatir el robo de combustible, frenar flujos migratorios y vigilar el metro de la Ciudad de México”.
El 12 de enero, tras un choque de trenes que cobró la vida de una persona e incidentes que la Ciudad de México calificó de atípicos, el Gobierno federal asignó a 6 mil elementos de la Guardia Nacional para la seguridad en el Metro, despliegue que fue visto como la “militarización” de sus instalaciones.
“Dicho despliegue ha servido para exhibir la incapacidad de la institución. No hay ningún elemento realizando funciones de investigación, prevención, proximidad social o reacción, pero sí hay 92 mil 586 asignados a funciones ‘operativas no especificadas’, es decir, dispuestos para atender cualquier asunto u ocurrencia”, se agrega en el documento.
‘La seguridad está en alfileres’
La seguridad pública en México está sostenida en alfileres ante la ausencia de resultados en la reducción de delitos y violencia, la nula planeación y la toma de decisiones al margen de la ley, se puntualiza en el estudio.
En el documento, presentado este martes, se sostiene que, aun cuando las autoridades insisten en que “vamos muy bien”, los datos de incidencia delictiva y la evaluación del desempeño institucional demuestran lo contrario.
Para muestra, se documenta que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la tasa de 11 delitos ha alcanzado su máximo histórico: homicidio doloso y robo a negocio en 2019; feminicidio en 2021; extorsión, narcomenudeo y violencia familiar en 2022, entre otros.
“A pesar del ‘cambio de estrategia’ del Gobierno federal, las organizaciones delictivas no sólo han permanecido, sino que su operación ha evolucionado en detrimento del bienestar de la población”, alerta la organización.
“Dos organizaciones delictivas han afianzado sus operaciones y adquirido mayor influencia en el país: Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación”. La crisis de violencia y de salud generada por fentanilo ha sido prácticamente invisible durante los últimos años”.
Para el Observatorio, las diversas reformas en materia de seguridad pública teóricamente han sido relevantes, pero los resultados han sido mínimos o nulos en algunos rubros y la prometida receta mexicana para la pacificación ha sido superada por la realidad.
En el documento también se considera que hay una emergencia en violencia de género, por el aumento de casos de violencia extrema, en particular, de los feminicidios, así como de homicidios contra actores sociales relevantes como periodistas, defensores ambientales y de derechos humanos.
“Los instrumentos de planeación carecen de un adecuado diseño, lo cual revela una carencia de estrategia de seguridad por parte del gobierno federal. Hay un débil diagnóstico. No identifican de manera clara y acotada las problemáticas que atenderán, ni sus causas, efectos o población objetivo”.
Al presentar el estudio, el director del ONC, Francisco Rivas, afirmó que el Gobierno llegó al último tercio de su administración con un saldo caracterizado por desgaste institucional, centralización de decisiones, mayor fragilidad presupuestal, menos contrapesos políticos y retórica abundante.
“La estrategia de seguridad del Gobierno federal ha avanzado sin tener contrapesos políticos reales, al contrario, la marea guinda ha impulsado la legitimidad legislativa y federativa necesaria para su implementación, más allá de sus resultados. Pese a ello, el país vive momentos críticos de violencia e inseguridad”, comentó.
El Observatorio recomendó, entre otras cosas, abrir canales a la participación ciudadana y tender puentes con la academia para construir alternativas de innovación policial focalizadas en el ámbito local.
Asimismo, recuperar el proceso de planeación como un ejercicio en el que se plasmen los objetivos de la política de seguridad; garantizar la autonomía de la Fiscalía General de la República; atender las legítimas demandas feministas; y formular políticas contra las adicciones que no se funden en prejuicios.
