“En el desglose de las maniobras de corrupción la denuncia señala que desde la ANAM actúan dos mujeres: Dulce María Barragán Escobar y Adriana Guadalupe Flores García”.
Sin embargo/Ricardo Ravelo
A pesar de que el Gobierno Federal buscó limpiar las cloacas de corrupción militarizando las aduanas, una medida criticada pero necesaria, los vicios y fallas como las extorsiones a importadores y exportadores continúa desde las altas esferas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Desde los puestos clave altos funcionarios de la ANAM operan retenciones de mercancías, lanzan alertas y así emprenden, según ellos, investigaciones para impedir el contrabando y otras anomalías. Pero lo cierto es que todas esas maniobras tienen un objetivo: extorsionar a los agentes aduanales, así como a empresas dedicadas al comercio exterior.
De acuerdo con las denuncias de los afectados, muchos de ellos agentes aduanales, el problema prevalece porque junto con el personal militar siguen operando civiles que vienen de tiempo atrás y arrastran vicios de corrupción que aún están causando graves problemas en el sector aduanero. Esto explica, dicen los quejosos, que las aduanas todavía no se han saneado y que tal objetivo tardará mucho más tiempo mientras el personal civil de la llamada “vieja guardia” siga teniendo cotos de poder en ese sector ahora militarizado.
En el desglose de las maniobras de corrupción la denuncia señala que desde la ANAM actúan dos mujeres: Dulce María Barragán Escobar y Adriana Guadalupe Flores García. Antes, ambas operaban en la Dirección de Investigación Aduanera y después fueron cambiadas de adscripción: pasaron a la Dirección de Evaluación. De acuerdo con las denuncias, fueron reclutadas por Álvaro Alejandro Hernández, quien fungió como director de esa área. Este personaje ahora opera de manera externa en contubernio con Barragán Escobar y Flores García, respectivamente, y tiene un largo historial como extorsionador, según las denuncias a las que este reportero tuvo acceso.
Según la denuncia citada, Álvaro Alejandro Hernández tiene actividades presuntamente ilícitas fuera de la ANAM, pero opera coludido con las mujeres citadas para “extorsionar a los contribuyentes”.
Para lograr su cometido, ejercen presión a través de retenciones, requerimientos, solicitudes de análisis, emisión de alertas a otras áreas de aduanas, incluso fuera de sus facultades de acuerdo a las atribuciones establecidas en el reglamento interno.
La sed desmedida por las ‘antigüedades de sangre’
La banda que opera en la ANAM recurre a todo tipo herramienta que le funcione para generar retrasos en la liberación de mercancías y, según los denunciantes, muchas veces exceden los plazos establecidos en la Ley Aduanera y sus reglamentos, lo que ocasiona que se incurra en demoras en perjuicio de los contribuyentes, lo que causa elevación de costos de operación.
“Todo esto se resuelve llegando a un acuerdo con el grupo de funcionarios y, en particular, con este extorsionador (se refieren a Álvaro Alejandro Hernández Sierra) y sus secuaces, quienes siguen en el servicio público. Sólo mediante arreglos económicos millonarios se logran liberar las mercancías”.
En los pormenores de las denuncias, los exportadores e importadores afectados con estas prácticas de corrupción le piden a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que para verificar estos hechos ilegales soliciten las alertas establecidas durante los años 2022 y 2023 en el sector de importación de vehículos –así como textiles, aparatos eléctricos, entre otras mercancías –para los proveedores de información en el extranjero, las compulsas de información generadas a través de los consulados o embajada de México en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se podrá verificar –señalan –“que sólo a los contribuyentes que no han querido pagar las extorsiones se convierten en la competencia de los que sí pagaron”.
Al explicar otros pormenores del modus operandis de las extorsiones afirman que “son inadmisible las alertas con porcentajes por arriba del 50 por ciento de la operación para sólo algunos agentes aduanales y/o operadores de información en el extranjero, o bien las compulsas generadas a través de los consulados, sin fundamento”. Y cuestionan: ¿Por qué sólo algunos? ¿Qué porcentaje representan estos contribuyentes fiscalizados respecto de la operación? ¿La Dirección General de Evaluación cuenta con facultades para que esté solicitando alertas? Además, ¿Por qué ellos mismos decidan si cumplen o no con la operación para que procedan con la liberación de las mercancías?
Y es que asegura que, además de generar caos en la importación de vehículos usados también lo hacen en otros sectores, favoreciendo la importación ilegal de textiles y de confección; azúcar, combustibles, entre otros. Todo ello a través de “esquemas oscuros” de recintos fiscalizados estratégicos o esquemas INMEX (Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios a la Exportación).
Pese a los cambios que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sector aduanero, aún existen resistencias al llamado cambio; la corrupción prevalece –aseguran los denunciantes –no obstante que en la Dirección de Evaluación el titular es el general Raymundo Bautista. También ponen en entredicho la actuación de otro militar –el General Prior Valencia –quien funge como Director General de Investigación Aduanera.
A este último, los quejosos le envían un mensaje elocuente: “El General Prior Valencia debe poner mucho énfasis en este tipo de investigaciones o compulsas que su personal realiza en el extranjero, ya que son totalmente dirigidas. Basta con que haga un comparativo entre las empresas a las que les realizó compulsas, señalan.
También le piden que debe poner especial atención “en un corrupto funcionario que le heredaron de nombre Milton Jesús Rodríguez Guerrero”. Según la denuncia de los afectados, este sujeto “es parte del grupo de extorsionadores” que utiliza sus facultades y recursos como las compulsas e investigaciones “dirigidas en forma malévola para actos ilícitos”.
Añaden: “Saber cómo actúa es muy sencillo; sólo que le pida informes de resultados y revise la cantidad de compulsas que ha enviado a los consulados mexicanos en el extranjero que no cuentan con personal suficiente para atender ese tipo de compulsas exageradas de cientos y cientos de operaciones, cuando la única finalidad real no es la de descubrir alguna información falsa o inexacta sino cubrir algunas necesidad personal de algún funcionario corrupto que detona investigaciones sin ningún tipo de control o supervisión.
Los mismos quejosos explican en sus denuncias y en entrevistas por separado que no es incorrecto que se realicen compulsas en el extranjero, investigaciones a las importaciones y exportaciones que se realizan en el país; que se verifique la veracidad de las operaciones de comercio exterior, pues para eso son las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.
Sin embargo, los agentes aduanales explican que éstas acciones deben ser validadas, vigiladas, fundamentadas y soportadas por un Comité de Evaluación y evitar que se generen desde la Dirección de Evaluación, pues ahí existe la trillada práctica de que por alguna denuncia anónima se detonan investigaciones sin ningún resultado. Esto deriva en corrupción, pues el único fin es extorsionar a los exportadores e importadores, así como a las empresas dedicadas a esos negocios.
Recientemente, los agentes aduanales pusieron el dedo en la llaga cuando denunciaron que un personaje de nombre Leonel Arturo Escalona González solía manipular los sistemas a nivel central para poner en rojo a varios agentes aduanales y empresas importadoras, entre otras, la trasnacional Legoland de México.
Fue descubierto por personal de la Sedena, pero no fue procesado ni encarcelado: solamente fue despedido. Lo que arrojó la investigación de este caso es que tanto Escalona Sánchez como su entonces jefe –Álvaro Alejandro Hernández Sierra, exdirector de Evaluación –manipularon a diestra y siniestra los sistemas aduaneros con la finalidad de operar extorsiones en perjuicio de empresas y agentes aduanales.
Sobre este caso existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR), pues el esquema de operación de las extorsiones quedó al descubierto: ponían en rojo a agentes aduanales y empresas; abusaron del poder y hasta usurparon funciones, ya que estos exfuncionarios y otros presuntos cómplices usaron claves para manipular el sistema aduanero cuando ya ni siquiera estaban activos en sus respectivos cargos.
De esta experiencia de corrupción, l; lo que la Dirección General de Investigación Aduanera ignora es que las verdaderas intenciones de “este grupo de extorsionadores” no era realmente investigar sino dirigir y utilizar a personal de investigación aduanera para sus propósitos ilícitos”.
–El Ejército ya tiene el control de las aduanas, pero según ustedes ¿Qué falta para extirpar la corrupción en ese sector? –se le pregunta a un agente aduanal que solicitó la reserva de su nombre por temor a represalias.
–Hay muchos funcionarios civiles corruptos que vienen de administraciones anteriores y ahí siguen; hay que reconocer que fue un gran acierto que personal de la SEDENA ya esté en aduanas, sin embargo, aún falta mucho por hacer, como lo dijo en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las aduanas hay que barrerlas desde arriba hacia abajo por la gran corrupción que se generó durante décadas. Y en este punto de militarizar a las aduanas lo está haciendo bien: se trata de detectar la corrupción y seguir despidiendo a funcionarios corruptos heredados del pasado y capacitar más al personal militar profesionalizándolo en comercio exterior porque, hasta ahora, con mucha facilidad suelen ser engañados por los vivales civiles que llevan años en el negocio de la corrupción.
