No hay rumbo definido, nadie puede decir con certeza hacia dónde va el país, ni qué régimen político construiremos.
El ansiado por el presidente López Obrador no pareciera tener las características que muchos quisiéramos, ni el que los apologistas acríticos de la actual administración creen está en marcha.
Con plena seguridad sí se puede afirmar que no será la continuidad del anterior, aunque no deje de parecerse. Lo que también se puede sostener es que estará plenamente impregnado del tufo que la clase política mexicana le imprime a todas sus acciones.
Y vaya que es pestilente.
La semana que termina fue pletórica de ello.
Se desató la guerra de los videos en el ámbito nacional.
En el local, el gobernador Corral vio totalmente develada su ambivalente postura en el conflicto de las presas de Chihuahua.
Retrató de cuerpo entero a la clase política.
Mientras su oficina de prensa difundía un recuento de las expresiones del mandatario en favor de los agricultores del centro-sur del estado, Corral eludió hablar del tema en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente, que era, por mucho, el más importante en el momento actual.
Como si el hecho de tener tomado el Palacio de Gobierno y diversas instalaciones estatales, incluidas varias casetas de peaje, además de la salvaje extracción de agua y la ya declarada sequía (tanto, que hasta una petición en ese sentido hizo su Gobierno al federal) no fueran importantes, Corral no habló de ese tema en el foro que lo podía hacer con mayor fuerza.
Todo ello en medio del escándalo a raíz de la difusión de un video de supuestos cohechos a funcionarios y legisladores del PAN, luego de la “exhortación” presidencial a que se hicieran públicas las pruebas, incluidos los videos aportados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que sirvió para recordarnos que una de las instituciones extraconstitucionales del régimen (el pasado y el presente) es el presidencialismo.
Y usando esa meta-institución López Obrador delineó perfectamente su ruta crítica para destruir al viejo régimen.
Pidió que se hicieran públicas las pruebas para que “todo mundo” tenga acceso al modo en que los antiguos gobernantes se repartían las riquezas del país, sostuvo que más importante que buscar las sanciones, es más importante la difusión de las corruptelas, para evitar su repetición en el futuro.
Puede ser que crea tal cosa, pero en el camino pretende desacreditar a los partidos del viejo régimen y que ello le sirva para derrotarlos electoralmente.
Si Morena obtiene la mayoría en la próxima Cámara de Diputados, se enfilaría a la elección presidencial con enormes ventajas pues se antoja difícil que el PAN sobreviviese con fuerza, en caso de ser derrotado en 2021.
Del PRI ni hablar. Luego del caso Lozoya es probable que quede reducido a ser un partido marginal.
Cualquiera que sean las motivaciones de López Obrador, lo cierto es que la denuncia de Emilio Lozoya, los señalamientos y el video circulante, mostrarán al país los salvajes niveles de corrupción imperantes en el pasado reciente y que involucraban a la mayor parte de la clase política, de todos los partidos, incluido Morena.
A propósito de ello, circula en redes el video en el que el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, por entonces senador por el PRD, enaltecía al Pacto por México.
Convertido en “moreno”, hoy pretende la presidencia nacional de ese partido, merced a una irracional resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que le ordena a Morena designe a su dirigente ¡Mediante una encuesta!
¡Ah, es que hace meses el presidente sostuvo que ese era el mejor método para que Morena tuviera presidente! ¿Coincidencias? ¿Tales cosas ocurren en el régimen “transformado”?
Más coincidencias. El hasta ahora único video circulante señala a principalísimos actores del PAN, incluido su excandidato presidencial, Ricardo Anaya, y sólo de este partido, que en este momento es el opositor más importante.
Pero para los los toros del Jaral, los caballos de allá mesmo.
Cuando más disfrutaba el morenaje de tal espectáculo, que les aparece el propio.
El mismísimo Pío López Obrador, hermano cercanísimo del presidente, protagoniza el episodio en el que aparece, apremiando y recibiendo la entrega de más de 400 mil pesos, parte de un total de dos millones, aparentemente pactados entre Pío y el grupo por el que habla en su nombre David León, otro hombre de las confianzas mayores del presidente, al que ahora el presidente le pidió no asumiera la dirección de la oficina que se encargará de la distribución de medicamentos.
Claramente hay diferencias, pero sustanciales no tanto.
En uno se entrega dinero -público o privado, y si era de esta índole provenía de la concertación de un hecho sobre el aprovechamiento de dinero público, que era el del otorgamiento de contratos por obras y servicios del gobierno de México-; y en el otro, dos particulares trasiegan dinero en efectivo.
Pero, uno era hombre de todas las confianzas del presidente nacional de Morena -el otro aún no lo era, a juzgar por sus expresiones- pero que actuaba como operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien se convertiría en aliado leal del presidente López Obrador.
Ambos, y ahora el mandatario aceptaron que el dinero era para apoyar al “movimiento político”, pero el monto rebasaba lo autorizado por la ley como aportaciones personales -seis mil pesos-, con lo que podría configurarse la comisión de un delito electoral y podría tipificarse como “lavado de dinero” pues excedía el monto que en ese entonces se permitía para las transacciones en efectivo -256 mil pesos- sin reportarse a la autoridad.
David León -el donador- era operador político de Velasco y el tono de la conversación parecería derivarse del cumplimiento de una cantidad pactada, que debería pagarse en partidas mensuales a lo largo de un año y medio.
Ahora bien, queda subsistente la sospecha que el dinero pudo provenir del gobierno de Chiapas, por el papel de David León.
Hay otros hechos inquietantes en esa relación del morenaje con el exgobernador de Chiapas, como el de que el principal operador electoral de Manuel Velasco fue Amador Rodríguez, quien luego realizaría el mismo trabajo, pero en Baja California, y hoy es el Secretario de Gobierno con Jaime Bonilla, al que la Secretaria de Gobernación le aseguró que “perviviría” la norma que le permitiría ejercer el gobierno durante 5 años, en lugar de los dos a los que tenía derecho.
Si en las evidencias de Lozoya están claros los orígenes del dinero y sus receptores -por lo menos en la denuncia- en la del hermano del presidente subsisten muchas cosas por demás oscuras.
Ante ello, y para salir al paso de las denuncias, el presidente ha declarado su disposición a que “Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea…”, así como su decisión de declarar, si es llamado.
Algunos podrán considerar que se trató de un acto menor, hasta aceptable por la bondad de la causa, el hecho es que golpea exactamente en la línea de flotación del presidente, la de la ética política resistente a cualquier corruptela.
Y si los videoescándalos sumían al total de la clase política en la angustia y la incertidumbre, cientos de productores del centro-sur de Chihuahua paralizaron el centro de la capital y bloquearon varias oficinas gubernamentales, incluido el Palacio de Gobierno, iracundos ante la cerrazón de ambos gobiernos, el federal y el estatal, aferrados a extraer el agua de las presas ubicadas sobre el río Conchos.
Su firmeza logró un triunfo a medias y retrató fielmente a la dirigencia del movimiento pues aceptaron pactar que se abriera solo una de las compuertas de la presa Las Vírgenes.
Además, la movilización de los productores reveló otra de las facetas de la clase política, la de la hipocresía, la de la doble cara de los gobernantes.
Presa de la desesperación, la dirección de Conagua emitió un boletín ¡Hasta el segundo día de la movilización! En el que develó claramente que la decisión de extraer el agua era de esa dependencia y el gobierno de Chihuahua!: “Como acordaron el gobierno del estado de Chihuahua y el Gobierno Federal, las extracciones para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, se han llevado a cabo garantizando al 100 por ciento que en las presas se mantengan los volúmenes que aseguren la continuidad de las actividades productivas, incluida la agricultura”.
No deja de asombrar la increíble terquedad de la directora de Conagua, Blanca Jiménez, quien, no solamente en ese comunicado, insiste en asegurar que el siguiente ciclo agrícola está asegurado y en extraer el agua pues “está por concluir la entrega del volumen de agua establecido para el actual ciclo agrícola”.
Y todo eso lo informaban en lo más álgido de las protestas de los productores, tomadas varias casetas de peaje, obstruido el tráfico en la carretera Chihuahua-Delicias, desquiciado el tráfico en el centro de la ciudad de Chihuahua y con la amenaza de elevar la intensidad de las protestas.
Previamente, los gobernantes de San Luis Potosí y el Gobierno federal nos retrotrajeron al pasado remoto, de cuando era el régimen del partido casi único.
Un grupo de mujeres, productoras ellas mismas, o esposas de los productores, se trasladaron a aquella ciudad a intentar hablar con el presidente López Obrador y el gobernador Javier Corral.
Fueron obligadas a detenerse, les quitaron los vehículos, las obligaron a identificarse puntillosamente, intentaron infraccionarlas por los vehículos y las obligaron a trasladarse a pie hasta el lugar de la reunión de la Conago por policías municipales, estatales y federales.
Terminada la reunión, frustrado el objetivo, fueron llevadas a las afueras de la ciudad, y ahí les entregaron los vehículos.
Cualquier parecido a un pasado que creímos remoto es pura coincidencia.
Luego de más de cinco meses de movilizaciones, finalmente el gobernador Corral y el gobierno federal aceptaron cerrar una de las dos turbinas de la presa Las Vírgenes y que los funcionarios federales se reúnan con los agricultores.
Los productores aceptaron levantar todas las protestas, excepto la de Palacio de Gobierno, porque “no confían en el Estado ni la federación”.
Los hechos son tercos. Hasta el viernes, Las Vírgenes, con el 42 por ciento de llenado tenía 147 mm3; La Boquilla, con el 37 por ciento de llenado, tenía mil 7 mm3 y El Granero, con el 36 por ciento tenía 105 millones.
En total, mil 259 millones de metros cúbicos, a los que se le deben descontar, por lo menos, la mitad de esa agua pues es necesaria para el mantenimiento de las presas.
¿De dónde se puede afirmar que están garantizados, el actual ciclo agrícola, y el del 2021?
Eso sólo se puede hacer, en Chihuahua, hasta que haya pasado la mayor parte de la temporada de lluvias y la actual no presagia nada bueno.
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