Despenalizan el aborto
El PAN de Chihuahua está en una verdadera encrucijada, la que le puede marcar si decide, o no, convertirse en un partido ciudadanizado, capaz de diseñar y aplicar políticas públicas para la ciudadanía, o gobernar de acuerdo con las creencias religiosas de la mayoría (o de algunos) de sus integrantes y dirigentes.
Durante toda la gestión de Andrés Manuel López Obrador la oposición puso en el centro de sus críticas el hecho de que abandonara el respeto a la ley, que despreciara la legalidad vigente y que gobernara de acuerdo con sus prejuicios, sus intuiciones o sus caprichos.
Escuchamos durante más de un sexenio, particularmente a Ricardo Anaya, su ex candidato a la presidencia de la República en 2018 y hoy coordinador de los senadores panistas, criticar ácidamente a la 4T porque no respetaba el estado de derecho.
El viernes, la Suprema Corte de Justicia (SCJN), emitió una resolución declarando la inconstitucionalidad de varios artículos del código penal de Chihuahua, que penalizaban el aborto.
Esto ocurrió después de qué el Congreso del Estado de Chihuahua, con mayoría de panistas y priístas, previo a la Corte, no acatara la resolución de los tribunales federales, que le ordenaron cambiara esa legislación, debido a su inconstitucionalidad.
Con la última resolución de la Suprema, todas las autoridades de Chihuahua están obligados a acatarla y a ofrecer las garantías, las instalaciones y la atención médica, a quien, haciendo uso de esta resolución, no debiera recibir denuncia alguna, si decidiera abortar.
Ante situaciones tan semejantes, el grupo gobernante de ahora actúa casi del mismo modo que el ex gobernador César Duarte.
En su momento, la Corte declaró legal el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Con argucias, durante meses, el gobierno de Duarte no acató el ordenamiento.
Primero, opusieron una serie de obstáculos a quienes acudían a casarse, luego los obligaban a que recurrieran a los amparos y, finalmente, una vez vencido en los tribunales, decidió ordenar que no se legislara en consecuencia, y que a cambio, haciéndose de la vista gorda, los funcionarios del Registro Civil casaran a quienes así lo decidiesen, independientemente del sexo de los contrayentes.
Ahora también, casi del mismo modo que el expresidente López Obrador se comportó ante las múltiples denuncias de violaciones a la ley electoral, sin atender las resoluciones de los organismos electorales, algunos protagonistas del PAN están anunciando que no acatarán la resolución de la Corte.
Pero los gobernantes, ante ese hecho, no les queda más que acatarla y aplicarla en las políticas públicas desarrolladas en la entidad.
De ahí la encrucijada: O gobiernan con políticas públicas, vigentes, legales, o lo hacen de acuerdo con los criterios personales, o peor aún, con las convicciones religiosas de los gobernantes.
La norma ahora aprobada no afecta, para nada, ni las convicciones religiosas, ni el ámbito privado de cada una de las personas, se refiere exclusivamente a quienes, estando ante esa difícil situación, optan por abortar y nada más; es de su más personalísimo ámbito.
Las reacciones de algunos de los protagonistas del PAN en el Estado preocupan hondamente pues tienen muchas semejanzas con las esgrimidas por el nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, en esa materia.
«Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua, rechazó enérgicamente la despenalización del aborto por resolución de la Suprema Corte, pues se trata de un ataque directo a la sociedad, un retroceso a los derechos y por lo que señala imperante defender la vida en todas las etapas». (Nota de Carlos Díaz G., El Diario/Chihuahua, 31/1/25).
«Acción Nacional Chihuahua se mantiene firme en la defensa de la vida y continuará luchando en contra de cualquier intento de legalizar el aborto en los términos establecidos por esta resolución… No descansaremos hasta garantizar que las políticas públicas en nuestro estado prioricen la vida, la familia y el respeto a los derechos fundamentales”, refirió.». (Ibídem).
Perdón, ya no se trata de una resolución que se pueda impugnar. Se acata, y punto.
Y los gobiernos emanados del PAN están obligados a diseñar y aplicar políticas públicas dentro del estado de derecho.
En el mismo sentido se pronunció el diputado estatal panista Carlos Olson, (que también se opone a legislar la tipificación de la violencia vicaria como delito) quien arguyó «que aunque a nivel federal, por un fallo de la Corte, (se) establecerá la posibilidad de practicar abortos voluntarios hasta los 9 meses de gestación, cada legislación estatal deberá realizar ajustes para, de manera independiente, fijar el plazo que así convenga». (Nota de Cesáreo Lozano, El Diario/Chihuahua, 31/1/25).
¡Así lo dijo, «abortos de hasta los nueves meses de gestación»!
¡Que alguien le informe al diputado que un embarazo de 9 meses, ya no es un aborto, sino que es un PARTO!
«Lo que hizo la Corte fue despenalizar el aborto, entonces hoy por hoy cualquier mujer que quiera hacerlo, independientemente si es al inicio o a los nueve meses, ya está despenalizado, o sea, hoy incluso por asesinar un bebé de nueve meses ya no habrá consecuencia”, declaró Olson San Vicente». (Ibídem).
¡Híjole!
¡Cuánta ignorancia o cuánta perversión para manipular la opinión de quienes le crean!
Es increíble.
Afirmó que el Congreso del Estado ahora deberá legislar «para desestigmatizar (sic) los embarazos y asegurar que la presión social no recaiga sobre las mujeres que sí quieran tener hijos». (Ibídem).
¿En dónde vive este hombre? ¿Acaso en una realidad alterna en la que, como en un símil de la época de Herodes, se persigue a las embarazadas? ¿En dónde se encuentra «la presión social» en contra de las mujeres que «sí quieren tener hijos»?
¿Qué diferencia hay entre este hombre y Donald Trump?
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la criminalización del aborto en el estado, por mayoría de votos.
Se declararon inconstitucionales porciones de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua, «que criminalizan dicha práctica, fallo que tendrá efectos retroactivos».
La resolución amplía lo dictaminado previamente por la Primera Sala de la Corte, que había resuelto en el mismo sentido en octubre del 2023 un amparo a favor de una mujer, con efectos solo para la quejosa, pero ahora los efectos son generales, es decir, para toda la población y, además, retroactivos para todas las personas acusadas de haber provocado, efectuado, inducido o auxiliado en la práctica de un aborto.
Los artículos desechados establecían penas de seis meses a tres años de prisión a quien hiciere abortar a una mujer con su consentimiento; y la misma pena a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o consintiera en que otro la hiciera abortar, entre otras causas.
Dejarán de ser consideradas criminales.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, autor del proyecto, señaló que la primera sala «consideró que las medidas contenidas en los requisitos legales de referencia (los invalidados) podrían ocasionar que las mujeres y personas que están, antes que quieran interrumpir su embarazo, tengan que hacerlo en condiciones inapropiadas, lo que las coloca en una situación de riesgo y peligro, orillando a que las decisiones que tomen sobre su maternidad, sin un acompañamiento adecuado, afecte su salud poniendo en riesgo su bienestar físico y mental». (Nota de Iván Evair Saldaña, La Jornada, 30/1/25).
Tal resolución es el fruto de la perseverancia y lucha de colectivos y colectivas como Cheros A.C., Aborto Seguro y Marea Verde, los que, desde el 2023, tramitaron amparos colectivos para que la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua proporcionara servicios de aborto en los hospitales públicos.
Vencieron la resistencia del gobierno de María Eugenia Campos Galván, al que acusaron de haberse opuesto a la aplicación, en los hospitales del gobierno del estado, de las normas oficiales NOM-046-SSA2-2005 y NOM-047-SSA2-2015, «la primera relacionada a criterios para atender la violencia sexual contra las mujeres y la segunda sobre lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro». (Nota de Jesús Estrada, La Jornada, 30/1/25).
En la postura diametralmente contraria (incluso ante un buen número de sus compañeros) se encuentra la diputada local de Morena, Jael Argüelles):
«Castigar por abortar era un mecanismo de violencia de género que reforzaba los estereotipos… tipificar el aborto como un delito no sirvió para impedir que las mujeres abortaran».
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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