«Chihuahua no será albergue de migrantes». Maru Campos.
A solo dos días de la asunción de Donald Trump, una expresión de la gobernadora Maru Campos, en relación al tema migratorio, desató infinidad de comentarios, pero que reflejó una más que terca realidad:
La incapacidad de gobiernos y pueblos para enfrentar a uno de los fenómenos más dolorosos del mundo moderno, del que ahora el nuevo gobernante norteamericano pretende deslindarse y arrojárselo a los pueblos y naciones que, por lo menos a lo largo de más de dos siglos, han sufrido, de manera directa o indirecta, la expoliación de quienes se pretendieron erigir en los guardianes y beneficiarios del continente americano.
Ahora sufren las consecuencias. La oleada migratoria del sur del continente es imparable y las medidas que tomará el gobierno trumpiano solo agravarán el problema.
No bastará con intentar convertir a México en un auténtico traspatio, al que derivará a quienes considera como auténticos ‘desechos’.
Ante la incertidumbre causada por las medidas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, así como del número de personas que serían expulsadas de los Estados Unidos, ni el número de ellas que serían deportadas a través de la frontera con México, así como también el desconocimiento de cuántos mexicanos, y cuántos extranjeros serían expulsados, los gobiernos locales de la frontera mexicana no atinan a adoptar las medidas preventivas necesarias para ello.
Un ejemplo de esa situación es el de la gobernadora de Chihuahua, pues ante la indefinición del gobierno mexicano acerca de si va o no a recibir extranjeros expulsados de Estados Unidos, (porque esa decisión solo le compete al gobierno federal) entonces las medidas que tomarían los gobiernos locales tendrían que diferenciarse, pues no es lo mismo recibir a deportados mexicanos, que a extranjeros expulsados del vecino país.
«A todos los migrantes, lo sabemos como gobierno humanista, tenemos que respetar su dignidad y tenemos que respetar su persona, pero bueno, nuestros estados o el estado de Chihuahua no es un albergue para los migrantes», señaló la mandataria chihuahuense.
Enfática en definir que los lugares que se habilitarán no serán albergues, pues entonces en ellos podrían permanecer los migrantes, por ello les denominó ‘centros de procesamiento’ en los que se «les recibirá, se les identificará, se les otorgará la ayuda que necesiten y serán transportados hacia sus destinos dentro del país» y calculó que «cuando mucho permanezcan en estos centros alrededor de una semana».
«No son albergues, son centros de procesamiento, vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen, a procesarlos, a tomar sus datos y a guiarlos a que regresen otra vez a su estado y su municipio. (Entonces) si les llamamos ‘albergues’, pues bueno, ahí pueden permanecer; no, no van a permanecer, por lo menos el Estado de Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes», enfatizó.
Por una razón, además de las condiciones en las que podrían llegar a a nuestra fronteras, en el caso de ser nacionales, el gobierno norteamericano sería el de la obligación de enviarlos a sus lugares de origen, y no los gobiernos locales y, en todo caso, el gobierno federal.
Ahora bien, si son mexicanos, además de proporcionarles alguna ayuda, atención médica o auxilio en el transporte a sus lugares de origen, no se puede actuar con ellos del mismo modo que si fueran migrantes de otros países.
Los mexicanos tenemos derecho al libre tránsito, y si están en condiciones desventajosas para regresarse, por supuesto que debe auxiliárseles, pero en el supuesto que decidieran quedarse en las ciudades fronterizas, tienen todo el derecho.
No es el mismo caso con los extranjeros.
El gobierno mexicano deberá aceptar, según el gobierno de Trump, en el caso de que se concretara el anuncio efectuado por Kristi Noem, designada por Donald Trump para dirigir la Secretaría de Seguridad Nacional, es decir, la reedición del programa «Quédate en México», (Remain in Mexico, oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes) que era el eufemismo usado para que México actuara como ‘Tercer país seguro’ en el gobierno de López Obrador.
Dicho programa devolvía a México a las personas solicitantes de asilo (sobre todo a las no-mexicanas) y las sometía «al riesgo de ser víctima de secuestro, extorsión, violación y otros abusos en México», además de que violaba «también su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos». (Postura de Human Rights Watch, página oficial).
El problema es mayor, en 2024 el gobierno norteamericano efectuó más de 2.5 millones de detenciones en su frontera sur, lo que constituyó un récord histórico.
A su vez, el gobierno mexicano recibió más de 150 mil solicitudes de asilo en 2024, provenientes principalmente de Haití, Venezuela, Honduras y Cuba, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
De ahí que las necesidades de infraestructura y recursos de los gobiernos locales y del federal para hacer frente a esta posible deportación masiva sean distintas, ya sea si se refiere a atender a migrantes nacionales o extranjeros, lo que requiere una coordinación y una cooperación más allá de lo que hasta ahora ha existido entre los gobiernos de Chihuahua y el federal.
Eso se concluye de algunos eventos y episodios, trágicos, como el del incendio del centro migratorio ocurrido hace un año en Juárez y los episodios más recientes, ocurridos en la capital del Estado en los campamentos de migrantes ahí establecidos.
De esa incoordinación habla el hecho que causó el motín, los enfrentamientos y el incendio del campamento, ubicado en la ciudad de Chihuahua, de la madrugada de ayer sábado, cuando funcionarios de migración de México intentaron detener, en la madrugada, a los migrantes ahí acampados, lo que motivó las protestas y el enfrentamiento y, como ocurrió hace un año en el centro migratorio juarense, alguno de los migrantes recurrió al uso del fuego para ahuyentar a los agentes migratorios.
Si hubiese un parangón entre el problema migratorio y el del consumo de estupefacientes, es que las autoridades nacionales de prácticamente todo el mundo han aplicado la política represiva, en lugar de que, en el caso migratorio, crearan las regulaciones necesarias para ordenar el tránsito de las personas.
Lo mismo que ocurre en el uso de las drogas, cuyas políticas militaristas han producido exactamente el efecto contrario al buscado.
Si bien el problema es mundial, lo cierto es que el fenómeno regional migratorio debería ser abordado de manera multilateral entre México, los Estados Unidos y los países expulsores.
Pero ahora estamos ante un una situación totalmente desventajosa. El nuevo gobierno norteamericano, ni tiene la capacidad, ni tiene la voluntad política para participar en una discusión como esa.
Basta escuchar a quien será la tercera funcionaria más importante del gobierno norteamericano, para darse cuenta que, para ellos, por lo menos en el discurso, los que vivimos al sur, o somos delincuentes o estamos a punto de serlo.
Ese gobierno norteamericano, es incapaz de apreciar lo que ya los chinos están sufriendo, el envejecimiento de su sociedad, la que no se ha dado en Estados Unidos, merced a la constante oleada migratoria de la que se han beneficiado y que les ha permitido contar con la rejuvenecimiento de la sociedad y, por tanto, de la mano de obra, y de los mejores perfiles humanos, que son, tradicionalmente, los que aportan quienes deciden migrar de sus países de origen para buscar mejores alternativas de vida.
Al hacerlo, le hacen una aportación inconmensurable al país receptor.
Nunca será ocioso insistir en estas características, que en el caso mexicano, lo repetiremos hasta la sociedad, se aprecia en el volumen de las remesas enviadas por nuestros connacionales.
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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