El presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en un serio riesgo a México, riesgo innecesario, porque el país no tenía necesidad de incursionar en el proceso de aprobación de reforma al Poder Judicial, en los términos de la iniciativa -ya aprobada- que el mandatario puso marcha. Esta reforma anticipa de modo inminiente que nuestro país y sus habitantes sufriremos serios retrocesos económicos, políticos, jurídicos y, por supuesto, sociales. La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros es lo sustancial de dicha reforma, sin embargo, carece de sustento ético y racional, pues en la gran mayoría de los paises del mundo no existe ese mecanismo de designación de jueces, porque implica el sometimiento de los juzgadores a criterios de partidismo político, lo cual es contrario al principio de imparcialidad que constituye la esencia de la justicia.
Además, durante su sexenio, López Obrador ha incurrido en constantes intromisiones, ataques y acusaciones contra el Poder Judicial, descalificando su actuación con declaraciones superficiales carentes de argumentos sólidos, pero motivadas por una aversión e interés político-ideológico personales. Bajo esta tesitura, es evidente que la reforma referida no está apoyada en la razón, sino en un proyecto totalitarista y un sentimiento negativo de rencor, que motivan poderosamente la actuación del presidente. Mediante el ejercicio de su mandato, Andrés Manuel López Obrador ha demostrado una pesonalidad de naturaleza irascible, así como proclive al autoritarismo. De manera reiterada y permanente ha dejado constancia de su actuación evidentemente autocrática, pues empleando en forma indebida e ilícita su poder ha impuesto su voluntad como ley suprema, desacatando los límites y obligaciones que le imponen la Constitución, las leyes del país y los tratados internacionales.
El inadecuado e ilegal comportamiento mostrado por el mandatario mexicano durante su ejercicio de gobierno le ha permitido consolidar, junto con su partido -MORENA-, un proyecto político que resulta lesivo para México y para el interés colectivo de los mexicanos, porque está empezando a ocasionar considerables restricciones a los derechos humanos y las libertades cívicas, políticas, económicas, sociales y culturales de los habitantes del país. La citada reforma al Poder Judicial -ya aprobada en el Senado-, así como la desaparición de los organismos autónomos (INAI, COFECE, CONEVAL, IFETEL, MEJOREDU, CNH y CRE) y la centralización del INE, son el comienzo de una dañina serie de acciones que López Obrador y los legisladores de MORENA han empezado a realizar para concretar su proyecto político-ideológico, a costa del desmantelamiento de la división de poderes y otros elementos del andamiaje jurídico-político-democrático que dan solidez a nuestra Constitución y garantizan nuestros derechos fundamentales, así como la estabilidad y viabilidad social, política, económica y jurídica de la vida republicana del Estado Mexicano.
Hoy, nuestra Constitución General de la República, garante y protectora de los más altos valores de la justicia y libertad que tutelan los intereses de la nación, vive sus últimos momentos, y está a punto de ser extinguida y degradada, para ser sustituida por un documento jurídico-político diseñado para salvaguardar los intereses particulares de un régimen que ve en las reformas constitucionales el mecanismo ideal para implantar y perpetuar en México un Estado totalitario, en el que todos los poderes se concentren en un partido único -MORENA-, para controlar todas las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. ¡Es grave y lamentable el momento que hoy vivimos!.
Millones de compatriotas tal vez no perciben esta desgracia, pero muchos otros millones sí estamos conscientes de ella; nuestro deber cívico es hacerles ver este peligro, y unirnos todos en una gran lucha cívica y política, para evitar que los derechos y las libertades de México y los mexicanos sean exterminados por el totalitarismo, la tiranía y la dictadura. En 1810, el pueblo insurgente de México, comandado por el padre Miguel Hidalgo, luchó y nos dio la patria, la libertad y la justicia; hoy, 214 años después, una oligarquía irresponsable pretende arrebatárnoslas, con el único fin de perpetuarse en el poder, bajo el sofisma de estar actuando en cumplimiento del “mandato del pueblo”.
Ciudadanos, organizaciones y partidos políticos: Alcemos la voz, manifestémonos en internet, en redes sociales, en medios de comunicación, en escuelas, en universidades, en centros de trabajo, en comunidades urbanas y rurales, en calles y foros, dentro y fuera de nuestro país. Hagamos saber a este gobierno, y al que dentro de unos días habrá de sucederlo, nuestra enérgica advertencia de que su obligación de gobernarnos jamás les dará el derecho a esclavizarnos. Honremos la memoria de Hidalgo y los demás insurgentes, conservando la libertad, la dignidad y la justicia que a cambio de sus valientes vidas ellos nos legaron. Mexicanos: ¡La nueva lucha por la independencia de México ha comenzado!.
Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.
