Tienen 8 municipios pueblos ‘fantasma’
Francisco Córdova/ El Diario
Chihuahua.- Ocho municipios del estado de Chihuahua podrían considerarse como poblaciones fantasma debido al número de habitantes que han abandonado el territorio que los comprende, de acuerdo con información del Inegi. Los datos oficiales indican que desde el 2000 hasta el último censo de población realizado en 2020 un total de 42 de los 67 municipios han visto reducida su población; sin embargo, en ocho de ellos la disminución va desde el 30 hasta el 57 por ciento.
En la mayoría de los casos es la violencia y la presencia del narcotráfico la principal causa de lo que ahora se conoce como desplazamiento forzado y que apenas hasta este 2023 se tipificó como delito, pero del que se han realizado esfuerzos por distintas instancias gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil para visibilizar y contrarrestar.
Yes que en el caso de los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, que comprenden el Valle de Juárez y que son los más afectados incluso a nivel nacional, con una caída de su población del 57.7 y 42.6 por ciento, respectivamente, la violencia ha sido el factor determinante para la reducción de su población.
A estos municipios se añaden los de Dr. Belisario Domínguez, Gran Morelos, Ignacio Zaragoza, El Tule, Manuel Benavides y Satevó. Aunque el abandono de los municipios resulta ser multifactorial, en el contexto de la violencia que se vive en el estado, dicho fenómeno está relacionado principalmente al desplazamiento forzado, que apenas hace unos pocos años se visibiliza.
La violencia y la falta de oportunidades son los factores por los que en su mayoría los municipios viven el abandono, consideró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz.
Destacó que esta problemática se ha trasladado a otros municipios a partir del 2020, pues desde hace tres años, precisamente, Guadalupe y Calvo es una de las localidades donde más se han registrado casos de desplazamiento, donde grupos de hasta 50 personas han tenido que dejar su vida y pertenencias atrás de la noche a la mañana, derivado de la violencia.
Archivos periodísticos dan cuenta de las amenazas, asesinatos y levantamientos de policías, autoridades municipales y activistas, cuyas familias se trasladaron a Ciudad Juárez o Estados Unidos.
“Actualmente nos estamos enfocando en los municipios de la sierra, pero en Guadalupe y Praxedis desde la década pasada, desde hace 10 o 15 años, desde que empezó la “guerra contra el narco” se detonó esta movilización, sobre todo porque la gente cruzaba a Estados Unidos. También en la región Noroeste lo que comprende Madera, Gómez Farías también años atrás se presentó un éxodo masivo de personas”, recordó el presidente de la CEDH.
En 20 años estas poblaciones no se han librado de la sombra de la violencia. Desde el año 2000 el INEGI registró un total de 10 mil 32 habitantes en Guadalupe, en 2022, eran tan sólo 4 mil 237 los pobladores. Esto representa que 57.7 por ciento de los chihuahuenses dejaron el municipio, una cifra que representa una de las más altas a nivel nacional para un territorio municipal.
Asimismo, en el caso de Praxedis G. Guerrero, colindante con Guadalupe, contaba con 8 mil 905 habitantres en 2020, pero 20 años después quedaban sólo 5 mil 111, una reducción de 42.6 por ciento. Belisario Domínguez es la tercera población con mayor índice de despoblamiento, con 33.9 por ciento; municipio que fue llamado “Municipio de narcos” por la prensa nacional, donde se enfrentaron dos grupos criminales por el territorio propicio para la siembra de estupefacientes pasó de tres mil 853 habitantes a dos mil 456.
Gran Morelos, del que se recuerda la masacre que lleva su nombre donde fueron acribillados tres elementos policiacos y un civil en 2013, es el cuarto municipio que en dos décadas perdió al 36.8 por ciento de su población. Esta pasó de 3 mil 875 habitantes a 2 mil 448. A dicho municipio le sigue Ignacio Zaragoza, en la zona noroeste, que pasó de tener 7 mil 832 habitantes a 5 mil 196, un 33 por ciento menos, también inmerso en marco de violencia que incluso orilló al Estado a tomar control de la seguridad en 2017.
El Tule con menor densidad poblacional se ha quedado con mil 448 habitantes, de los dos mil 177 que tenía en el año 2000, siendo esto el 33.4 por ciento de su población. Manuel Benavides también se quedó sólo con mil 178 habitantes, mientras que Satevó tiene tres mil 441 de los casi cinco mil con los que contaba.
Estos municipios siguen una ruta geográfica que va desde el sur del estado, en la zona colindante con Durango, hasta casi llegar a la capital de Chihuahua, en que varios de los citados municipios también tienen vecindad entre sí.
Aunque por su baja densidad poblacional algunos municipios no se consideran estadísticamente dentro de los primeros lugares, también son de mencionar casos como el de Madera, en donde en 20 años dejaron la región un total de ocho mil 912 personas, el 20 por ciento de su población que ahora se contabiliza en 25 mil 144.
Huejotitán, Coyame, Maguarichi, Temósachic, Morelos, Riva Palacio, Uruachi, Gómez Farías, y Santa Isabel también se encuentran en el rango de municipios que vieron reducida su población en porcentajes mayores al 20 por ciento. Mientras que por número de habitantes también se encuentra Bocoyna y Guerrero que perdieron cuatro mil 566 y tres mil 6363, respectivamente.
Es hasta abril del 2019 que se ha establecido el desplazamiento forzado como un problemática de orden público, según lo destaca el “Informe del Ejercicio de Caracterización del Desplazamiento Interno en Chihuahua”.
Actualmente, sin embargo, el desplazamiento forzado continúa vigente, pero se ha trasladado a otros municipios que en 20 años podrían quedar también como fantasmas. Si bien Guadalupe y Calvo no destaca como un municipio que en el periodo de tiempo de dos décadas hasta 2020 haya reducido su población, en los últimos tres años es de los más afectados en este sentido.
“El municipio con más recurrencia de este tipo de fenómenos es Guadalupe y Calvo, no es exclusivo de ahí, pero sí se está dando con mayor frecuencia. La semana pasada estuvimos (CEDH) ahí, nosotros y varias instituciones encabezados por la Ceave, tenemos conocimiento de dos grupos que están siendo atendidos, un grupo familiar y otro de 58 personas en que hemos apoyado a su traslado”, informó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Destacó que el problema que subyace en estos casos específicos es la inseguridad. “Los grupos de la delincuencia organizada presionan a las personas para que les faciliten las tierras para la siembra de estupefacientes, o bien que se dedican a la tala clandestina del bosque y quienes se oponen deben salir por las condiciones de inseguridad”, manifestó Armendáriz.
Señaló que, si bien el fenómeno como ya se mencionó se ha ido dando en distintas regiones es apenas ahora que se está visibilizando. “A principios de este año se tipificó como delito el desplazamiento forzado interno y la creación de la Comisión del Desplazamiento Forzado Interno es darle más visibilidad a este tipo de fenómenos. Hay muchas personas desplazadas que no sabían que tenían esta categoría, que simplemente dejaron sus casas, sus tierras, para salvaguardar su vida, su integridad, la de sus familias, pero sin saber que tenían la calidad de personas desplazadas y es gracias a esta visibilización es más fácil que se contemplen casos de esta naturaleza”, enfatizó el ombudsman quien añadió que en 2021 sólo radicaron una queja por actos de desplazamiento, mientras que en 2022 fueron siete.
