Referenciando el amplio desarrollo jurisprudencial en defensa del derecho que todas las personas tenemos a una vejez digna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insiste en que el Estado tiene el deber de asegurar todas las medidas a su alcance a fin de garantizar el mayor nivel de bienestar posible y sin discriminación de ningún tipo.
La insistencia de la CIDH toma especial relevancia dado que, según la ONU, el envejecimiento de la población mundial está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Y es que, según el informe “Perspectivas de la población mundial 2022”, a nivel global, la población mayor de 65 años crece más rápido que el resto de los segmentos poblacionales.
Al respecto, la ONU detalla que, en 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo, previendo con ello que, para el 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años y que el número de personas de 80 años o más se triplicará (pasando de los 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050).
En el caso de América Latina y el Caribe, la CEPAL advierte que, considerando que la población de la región representa el 8.2% de la población mundial y que, de acuerdo con las proyecciones de la Naciones Unidas, la región alcanzará su población máxima en 2056, el cambio en la estructura por edades de la población trae desafíos adicionales a los existentes en la región, ya que -como es bien sabido- presenta altos niveles de desigualdades socioeconómicas, de bienestar, de acceso a la salud y de infraestructura urbana -entre otras-.
En el caso específico de México, el INEGI refiere que la información censal de 1990 a 2020 indica que la población de 60 años y más pasó de 5 a 15.1 millones, lo cual representa 6% y 12% de la población total, respectivamente, y que, de acuerdo con las proyecciones del CONAPO, se estima que en el 2050 el porcentaje de adultos mayores será de 22%.
El asunto es que, indiscutiblemente, las tendencias y proyecciones que se observan respecto al cambio sostenido en la estructura por edades de la población, caracterizado por el incremento continuo de personas mayores de 60 años, revela la magnitud de los desafíos sociales, institucionales y gubernamentales que enfrenta el mundo, y México no es la excepción.
Entonces, ante el envejecimiento de la población y los desafíos que eso conlleva, lo que urge son políticas públicas y programas integrales, intersectoriales, continuos y duraderos orientadas a garantizar, hoy y en el futuro, en todos los sentidos y en todos los aspectos, una vejez digna para todas las personas.
A modo de llamado a la concientización, finalizo parafraseando lo dicho por el diplomático y canciller maldivo, Abdulla Shahid: Proteger los derechos y el bienestar de las personas mayores no es solamente una obligación moral, es una necesidad práctica arraigada en el interés propio ilustrado y en el conocimiento de que todos envejecemos.
Aída María Holguín Baeza
laecita.wordpress.com
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