A cada nuevo episodio de la detención y/o expedición de una orden de aprehensión en contra de alguno de los funcionarios del gobierno anterior, resurge la polémica sobre la justeza de ella.
Los dos ex gobernantes previos han adoptado tal postura. Convenientemente hacen abstracción de la comisión, o no, de los hechos imputados a alguno de sus exfuncionarios y los catalogan como parte de la disputa política.
Así hoy, ante la expedición de la orden de aprehensión en contra de uno de los más selectos integrantes de la comunidad panista, el ex secretario de Hacienda en el gobierno corralista, Arturo Fuentes Vélez.
Podrá ser declarado inocente o culpable por el poder judicial, lo cierto es que capitaneó una de las administraciones más desaseadas financieramente hablando de las que tengamos memoria y ahora, a diferencia del gobierno corralista, hay un factor que le ha marcado diferencia frente a la decisión de Corral de colocar las corruptelas del duartismo en un lugar central de su gobierno.
La diferencia estriba en que ahora tenemos a la mano los resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cuyo titular, Héctor Acosta Félix, a pesar de que se aseguraba su estrecha cercanía con Corral, ha efectuado un trabajo que le ha deparado reconocimientos hasta de la fuerza de oposición más importante en Chihuahua, Morena:
“Este tipo de ejercicios, como el de hoy, (el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y de Auditorías Forenses) empujará para que en donde quiera que se utilice recurso público éste tenga que ser gastado de manera eficiente, con disciplina financiera y que cuando haya un desfalco se generen las denuncias pertinentes para que con ello las instancias resuelvan…” explicó la diputada morenista, Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso local. (Nota de Yuliana Nieto, Entre líneas, 8/2/23).
Y es que en ese informe, el cúmulo de irregularidades cometidas en el corralato abruma; entre ellas se encontraban las que tomó la Fiscalía Anticorrupción (FAC) por la que ahora Fuentes se ha convertido en prófugo de la justicia, luego de que se le señalara como responsable del delito de peculado agravado, por el desvío “de casi 100 millones de pesos…”. (Nota de Heriberto Barrientos/El Diario de Chihuahua, 10/5/239).
Lo acusaron de la contratación irregular de servicios de asesoría financiera para realizar la reestructura de deuda a largo plazo, entre 2019 y 2020. (Ibídem).
La denuncia precisa que se realizaron diversos actos “concatenados entre sí, llevados a cabo con la intención de dar apariencia de legalidad”, para efectuar dos pagos de 49 millones 300 mil pesos cada uno, “realizados los días 3 de diciembre de 2019 y 5 de agosto de 2020, en favor del despacho ‘López-Elías Finanzas Públicas”. (Ibídem).
La ASE, cuyo titular, Héctor Acosta Félix, fue nombrado por el Congreso del Estado en el gobierno corralista, cuya mayoría fue notoriamente obsecuente con el entonces mandatario estatal, determinó que las faltas incluían la no inscripción en el padrón de proveedores, faltas en los procedimientos de adjudicación de dicho contrato, la inexistencia de las garantías de cumplimiento (que se deben solventar con la entrega de una fianza, de por lo menos el 10% de la suma total del contrato, extendida por una institución especializada), así como la falta de comprobación de la prestación del servicio contratado.
Al saber de la expedición de la orden de aprehensión, el ex secretario solicitó un amparo ante la justicia federal, que le otorgó el plazo de 3 días hábiles para presentarse ante los tribunales locales, que vencía el viernes de la semana que termina.
No se presentó.
En la acusación se asienta que el ahora imputado no se presentó ni, primero, ante la ASE a esclarecer los hechos con la presentación de las pruebas que alegara existir en su descargo, ni ante la FAC.
Lo contrario ha esgrimido Fuentes Vélez, tanto en una inicial nota divulgada en sus sitios de las redes sociales, como en una entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui.
Sin embargo, ni en una, ni en otra, ha ofrecido mayores elementos de prueba que la descripción de que sí había acudido al esclarecimiento de los hechos y de que en las actas de entrega-recepción se encontraban las documentales que daban fe de las operaciones y los servicios prestados, pero no señaló en ninguna de las dos los datos que permitieran dudar razonablemente de la solidez de las acusaciones.
El auditor Acosta lo desmintió: “Desde diciembre de 2021, el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, pudo llevar información para aclarar las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero no lo hizo…”. (Nota de César Lozano/El Diario, 10/5/23).
La reacción del ex gobernador Corral no podía ser otra, acusó a la gobernadora Maru Campos de hacerlo por un “deseo irrefrenable de venganza y desquite…”, para desprestigiar, escribió, “nuestra principal acción: el combate la corrupción. Y de paso, mantener distraída la opinión pública sobre los verdaderos problemas de Chihuahua, frente a los que han resultado incompetentes e indolentes”. (Nota de Itzel Ramírez/La Verdad, 12/5/23).
Tienen verdaderos problemas. Los exfuncionarios corralistas todavía tienen acusaciones por desvíos en Fechac, Ficosec y la Cruz Roja, por lo menos. (Nota de César Lozano / El Diario de Chihuahua, 11/5/23).
En 2021, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) acusó a la Secretaría de Hacienda de Fuentes Vélez, de un daño patrimonial de más de 142 millones de pesos por no pagar en tiempo y forma la sobretasa del 5% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en los períodos de diciembre del 2020 y de enero a marzo del 2021.
“También estableció que dentro de la Cuenta Pública 2020, la pasada administración incumplió con la debida entrega de más de 225 millones de pesos a Fechac y de 135 millones 679 mil a Ficosec. Además, incurrió en la misma conducta al no pagar 2 millones 658 mil 561 pesos a la Cruz Roja, y destinó dichos recursos para diversos fines”. (Ibídem).
Abruma la información de las presuntas corruptelas del quinquenio corralista: Papelería apócrifa para simular apoyos al campo; lotes de medicamentos caducados con valores superiores a los 9 millones de pesos, del Ichisal; quimioterapias supuestamente aplicadas a personas sin registro de padecimientos oncológicos por valores superiores a los 107 millones de pesos; los planteles del CECyTECH que nunca se concluyeron.
El listado incluye a un buen número de instituciones y dependencias gubernamentales, entre ellas al Tribunal Estatal Electoral, a la Uach, a la Secretaría de Obras, a las juntas del agua de Juárez y Chihuahua y a la Secretaría de Hacienda (entre otros asuntos), por no haberle transferido “al Fideicomiso del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (Ficosec) 107 millones 400 mil pesos de recursos recaudados en el ejercicio fiscal 2021 por concepto de 10% de Contribución Extraordinaria del ISN”. (Nota de César Lozano/El Diario, 8/2/23).
Más. Al Ichisal por haber contratado el financiamiento de más de 407 millones de pesos, de manera irregular pues fue firmado tres meses antes de la conclusión de la administración de Corral (las administraciones salientes tienen prohibido contratar deuda en ese momento) y omitirse la investigación de mercado.
No solo eso, debió ser aprobada por el Congreso del Estado, además de pagar 24.1 millones de pesos de intereses.
Otra irregularidad acaso más dolorosa: La de que Servicios de Salud de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Cecytech, recibieron recursos federales para el pago de nómina durante 2021, pero omitieron pagar 158 millones 551 mil 435 pesos por concepto de Impuesto Sobre Nómina (ISN), además de haberle transferido los recursos procedentes de las aportaciones de los trabajadores para Pensiones Civiles del Estado y no haber realizado las transferencias, lo que contribuyó grandemente a la crisis por la que atraviesa.
Frente a tal cúmulo de irregularidades -y las faltantes en contar aquí- ¿Cómo podrá alegarse, válidamente, que hay una persecución política en contra de los funcionarios del corralato, si ese gobierno fue un verdadero desastre, ante el cual debieran responderle a la justicia?
¿Que hay un componente político? ¡Por supuesto!
Pero las irregularidades existieron y por ellas deberán pagar los autores ¿Llegarán hasta Javier Corral?
Debieran.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022
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