El día en que se conmemoraron los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, durante la reciente visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Chihuahua, aconteció un hecho esperado vehementemente por generaciones y que ha sido el anhelo y la esperanza de muchos ciudadanos durante varios años; hoy, este ferviente deseo se convierte en realidad y se cristaliza en un hecho contundente, ya que se ha dispuesto de manera oficial que se instale la Comisión para el acceso a la verdad y el impulso a la justicia por las violaciones graves a los derechos humanos durante los años comprendidos entre 1965 y 1990; todo ello desde luego, con la participación de diversas organizaciones ciudadanas.
En dichos colectivos se encuentran defensores de los derechos humanos, historiadores, activistas, pero principalmente familiares de víctimas y sobrevivientes de hechos atroces ocasionados por regímenes autoritarios que autocráticamente decidieron coartar las vías democráticas y de participación política a la juventud de los años sesenta y particularmente, de los 70. Una vez dado el primer paso reprimiendo manifestaciones en las cuales se exigían derechos legítimos; la represión se hizo parte de la vida diaria y el sometimiento de estudiantes derivó en la muerte y desaparición de cientos de ellos, la exigencia de una vida democrática y justa fue vista como un estallido de rebeldía, hoy, afortunadamente, llegaron tiempos de justicia, estableciendo de forma contundente que los derechos humanos son inalienables para la sociedad.
El Palacio de Gobierno, un lugar cargado de simbolismo histórico, en el que se derramó la sangre de Don Miguel Hidalgo; es emblemático para México y particularmente para nuestro estado. A unos cuantos metros de donde fue fusilado el Padre de la patria, iniciador de la lucha por la justicia en nuestro país, fue el lugar escogido por nuestro presidente para celebrar tan importante compromiso.
Pero más allá de lo significativo que es dicho lugar, el estado de Chihuahua ha sido la sede para la instalación de la Comisión para el acceso a la verdad, como un reconocimiento de que aquí acontecieron hechos brutales en contra de opositores al régimen, como el relatado en su discurso por Tita Radilla cuando el gobernador del estado Práxedes Giner Durán dijo ante la fosa común de los maestros y campesinos que luchaban por justicia en el campo, caídos en el asalto al cuartel de Madera: “¿Querían tierra?, échenles hasta que se harten”. El asalto al cuartel Madera, un 23 de septiembre de 1965, marcó un parteaguas en la lucha social, al menos en los 15 años posteriores.
Lucha social en la que principalmente participaban jóvenes idealistas, que deseaban un México con mayores espacios y opciones para la educación; además del libre acceso a la participación política. El motor que los impulsaba era la lucha por la justicia y la igualdad, y obtuvieron por respuesta la represión con toda la ferocidad y el yugo del estado.
También, a unas cuantas calles del Palacio de Gobierno; un 15 de enero de 1972, fecha memorable para la ciudad de Chihuahua, el gobierno de Óscar Flores Sánchez reaccionó (irónicamente también desde palacio) frente a un grupo de opositores que habían luchado por cambiar al régimen, asesinándolos a sangre fría y sin previo juicio.
Pero el pueblo chihuahuense no se quedó callado ante arteros crímenes, hubo una enorme reacción de la sociedad chihuahuense que se sumó al movimiento en búsqueda de la justicia, del cual se derivó un movimiento popular pacífico que luego se extendería por varios años.
Ese mismo año, grandes contingentes chihuahuenses al que se sumaron personas de otras partes del país, exigieron el esclarecimiento y justicia por aquellos crímenes de lesa humanidad, la respuesta del Estado Mexicano fue nula; ante la cerrazón oficial se instaló el histórico Tribunal Popular que condenó el autoritarismo y salvajismo del régimen local encabezado por Óscar Flores Sánchez, quien absurdamente años después fue nombrado procurador general de la República; de ese tamaño era la vergonzosa insensibilidad del régimen monolítico y dictatorial del PRI de antaño; solapado subrepticiamente siempre y por la aparente e inocua oposición conservadora, de la cual; obviamente, no hay antecedentes de participación en las causas populares, y que difícilmente, sus herederos ideológicos, hoy en posiciones de poder, logren dimensionar y comprender el enorme significado de la lucha por la verdadera democracia en nuestro país. La sangre derramada y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, hoy ven la luz al final del túnel para que se esclarezca la verdad. No por nada, Tita Radilla evocó la negación de la fracción panista en el Congreso del Estado cuando éstos se negaron a rendir homenaje a los mártires de Madera.
El Palacio de Gobierno encierra muchos secretos, también Tita nos recordó que otro gobernador, Fernando Baeza Meléndez; declarado opositor de las causas populares, y quien arriba a Palacio en una elección fraudulenta, fue el mismísimo secretario particular de Oscar Flores Sánchez, y que jamás ha sido llamado a dar testimonio sobre la guerra sucia de los setentas, señal de que la reacción, a pesar de los años, sigue rondando por los rumbos del cruce de la Plaza Hidalgo.
La buena noticia es que, la gobernadora del estado, durante su discurso y a pesar de las contradicciones históricas e ideológicas ha sellado su compromiso de abrir toda la información encerrada en Palacio que coadyuve en la búsqueda de la verdad.
Estamos en la víspera de cumplirse 50 años de los arteros crímenes de estado en Chihuahua, y que lamentablemente no fueron los únicos, que han lastimado la memoria chihuahuense y que jamás deberán repetirse.
La memoria de los jóvenes insurgentes de 1972 debe prevalecer, como también de todas y todos los protagonistas de la injustamente estigmatizada movilización social en la que fueron reprimidos, desaparecidos, torturados y asesinados en aquellos tiempos aciagos que gobiernos anteriores al actual solaparon y soslayaron. La historia los consignará como gobernantes cuya huella fue nefasta para nuestro estado, su epitafio será: “Estos gobernadores jamás tuvieron la humildad y el valor de aceptar su funesta responsabilidad ante el pueblo de Chihuahua”.
Desde nuestro amado estado reconocemos y apoyamos ampliamente la instalación de la Comisión de la verdad en búsqueda de la justicia y garantías de no repetición, la cual ha sido diseñada en consenso y consulta con los colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes que por mucho tiempo han esperado este momento, dicha Comisión estará trabajando con cinco instrumentos:
Un mecanismo para el esclarecimiento histórico, un comité de impulso a la justicia, el fortalecimiento a la búsqueda de las personas desaparecidas, un programa especial de reparación y compensación y la construcción de un centro nacional de memoria.
Estoy seguro, que el momento histórico que estamos viviendo, encabezado por un gobierno democrático, ha demostrado con hechos que respeta a sus opositores y que está caracterizado por trabajar en favor de los más desprotegidos, condenando cualquier discriminación, las injusticias y las desigualdades, hoy dedica en gran medida su esfuerzo a aquellos idealistas, hombres y mujeres justos a los que no les alcanzó la vida para atestiguar que por primera vez en muchas generaciones que hoy México es gobernado con los ideales libertarios por los que lucharon ellos y nuestros próceres, protagonistas de nuestra democracia actual, por ellos, México les honra hoy con esta Comisión de la verdad.
