-Revira Maru a AMLO
-Corral y Duarte a tribunales
-Loera es virrey. No baja
-Bonilla la cachó
DESDE luego que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no iba hacer mutis, ante los dichos presidenciales tendientes a dar protección a los exgobernadores, Duarte y Corral.
López Obrador, anunció en su reciente gira por Chihuahua, que emplearía a Javier Corral Jurado en una posición diplomática, entendemos que fuera del país, lo que dejó sin voz a la gobernadora, pues literalmente se lo dijo en su propia cara.
Era evidente que Campos Galván, se quedaría sin respuesta en ese momento, pues ya con la descortesía política presidencial era suficiente.
Un par de días después, el propio presidente declaró en la mañanera que “estaría de acuerdo” en que se le concediera la calidad de testigo protegido o criterio de oportunidad, que al final es lo mismo, a exmandatario César Duarte Jáquez, lo que le permitiría no llevar un proceso penal normal, o por lo menos diferente y sin caer al a tambo.
Ese fue el detonante para que ahora sí “explotara” la gobernadora y retrajera aquella frase de la toma de protesta de que “no habrá ni perdón ni olvido” para los exgobernadores. Ahora si a quiénes se refería.
Incluso fue más allá cuando asegura, que existen suficientes elementos (probatorios) para actuar penalmente en contra de Javier Corral Jurado.
Sin dar detalles, por razones obvias, advirtió que las carpetas de investigación están en curso y que Corral y algunos otros funcionarios, pueden terminar mínimamente en los tribunales.
Políticamente hablando y en justicia para los chihuahuenses, ciertamente la gobernadora tiene razón, ni perdón ni olvido, pero debe de responder de una manera justa, contundente y de manera expedida, en contra de los exmandatarios y quienes resulten responsables.
Si hay sospechas, elementos y pruebas, adelante, los sectores y la sociedad chihuahuense tienen casi una docena de años soportando los excesos del duartato y el corralato, en espera de que el derecho y la justicia se imponga.
EL TERCER día de aplicación la tercera dosis o refuerzo de la vacuna anticovid, resultó igual que los primeros un desastre.
De lunes a miércoles los adultos mayores de 60 años de edad, han sido maltratados, aporreados y hasta insultados, dicen que por acompañantes (de otras familias) y por quienes se identifican como siervos de la nación.
Una abuelita lo describe con mucha claridad: “nos tratan como si fueramos animales”.
Desde luego que la falla genérica es la aplicación de una logística errónea, en donde se incluye la reducción de espacios de vacunación y la coadyuvancia de otras instituciones como la UACh, la UVM, los tecnológicos y personal militar.
Faltaron agentes de la Policía Vial y preventivos, para poner orden en las broncas, empujones, golpes y mentadas.
Todos tienen parte de responsabilidad, pero la mayúscula corresponde al superdelegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa.
Por alguna razón que no se dice y por lo tanto menos se comprende, ahora no se coordinó con las otras instancias de gobierno y con las instituciones educativas.
Supuso que solito podía, pero no fue así, el caos y la descripción de los abuelitos lo testimonía. Seguramente le ganó la soberbia.
FINALMENTE el alcalde capitalino, Marco Bonilla Mendoza, hizo una reingeniería con la que logró a través de un convenio la Comisión Federal de Electricidad para reducir la tarifa del Derecho de Alumbrado Público en un 50 por ciento.
Luego de la Suprema Corte de Justicia de Nacional, consideró inconstitucional que la CFE cobrara el famoso DAP de manera equitativa, es decir, de acuerdo al consumo eléctrico de cada hogar o negocio, el Cabildo aprobó un pago de 121 pesos cada bimestre.
Desde luego que el cobro, le pegaba a varios sectores de la sociedad, sobre todo a los habitantes de viviendas humildes o de la periferia, mientras que la misma cantidad pagaría las empresas comerciales, turísticas e industriales.
El alcalde Bonilla con el convenio logró que las más de 120 mil viviendas de la capital, pague sólo 30 pesos por mes, lo que significa un 50 por ciento de reducción.
Esa tarifa aplica solo para tarifas residenciales, mientras que los negocios quedan con los 60 pesos mensuales.
Una respuesta a tiempo, cuando el cobro, ahora sí diferenciado, entrará en vigor a partir del primero de enero.
