Interfiere federación en facultades del Congreso de la Unión
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se ordena que las dependencias autoricen en automático las obras y proyectos del Gobierno Federal, atenta gravemente contra las facultades del Congreso de la Unión, por eso, consideré oportuno a través de un punto de acuerdo, solicitar al Poder Legislativo federal que promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de dicho acuerdo.
La decisión tomada por el Ejecutivo federal incluye a todas las obras de infraestructura relacionadas a los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, puertos, aeropuertos y otros sectores que contribuyan al desarrollo del país.
Con lo anterior, el gobierno federal pide a las dependencias que se otorgue directamente la autorización provisional, obtención de dictámenes, permisos o licencias para iniciar proyectos u obras, bajo el argumento de “garantizar su ejecución oportuna”.
Considero que los proyectos etiquetados como prioritarios para el desarrollo del país, no pueden ser sujetos de una declaración presidencial de seguridad nacional, en ello, el gobierno de México invade atribuciones del Congreso de la Unión, quien además es el que tiene la facultad para expedir leyes en esa materia.
Este tipo de decisiones atentan además en contra del estado democrático del país, por ello, creo que el Congreso de la Unión debe actuar de manera urgente a través de una controversia constitucional que frene el acuerdo publicado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Diversas leyes, tratados, protocolos y pactos sobre derechos humanos en los que participa nuestro país, establecen el derecho de las personas a tomar parte de las decisiones del gobierno, entre ellas, las que tienen que ver con infraestructura, medio ambiente y en materia de derechos económicos, culturales y sociales.
Por ello, insisto, el acuerdo presidencial en debate es un despropósito a los objetivos de transparentar la obra pública, que por su envergadura pudiese tener un impacto ambiental grave.
La Constitución Federal garantiza el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; derecho que debe ser garantizado por el Estado, lo cual también es previsto por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al establecer que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
De igual forma, la Norma Fundamental consagra que son derechos del ciudadano, entre otros, tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; derecho también previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al establecer que todos los ciudadanos gozarán del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; lo que retoma la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Por todo lo anterior, considero que es de urgente necesidad pedir al Congreso de la Unión revise el acuerdo, pero que vaya más allá, y a través de una controversia constitucional evite que la obra pública federal pueda caer en ocultamiento o falta de transparencia, bajo el argumento de que se considere un asunto de seguridad nacional.
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