Militarización en marcha
Es inocultable, por muchos que lo oculten los gobernantes, el fracaso en la seguridad pública no solo es evidente, sino extremadamente doloroso: Llegamos a los 100 mil homicidios dolosos en lo que va del gobierno de López Obrador.
Cifra tan descomunal se ha alcanzado a pesar de que, como ningún otro mandatario, se involucró a las fuerzas armadas y se les otorgó la hegemonía en la seguridad pública, sustituyendo a las policías que previamente existieron, lo que le ha merecido al gobierno mexicano una buena cantidad de críticas, no sólo desde el ámbito de la oposición, sino del mundo de la academia y desde los organismos internacionales, como la ONU y otros que han criticado y deplorado el uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
Además, por si fuera poco, a la pifia de desaparecer a la policía federal y a la policía ministerial y sustituirlas por la Guardia Nacional, a la que el presidente López Obrador prometió otorgarle un carácter civil, no obstante nutrirla con los elementos procedentes del ejército y la marina.
Después, se comprometió a que los mandos de la GN serían civiles, pero ahora, no obstante el incremento de los homicidios en su sexenio, ha resuelto entregarla a la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de las prohibiciones constitucionales para hacerlo, en lo que es una decisión del presidente a todas luces equivocada y de la cual no tendremos tiempo para arrepentirnos y lamentarnos.
Pero no solo ha sido incapaz de combatir el incremento de la ola homicida y de las zonas bajo control de las bandas del crimen organizado, sino que la Guardia Nacional exhibe un más que preocupante índice de opacidad en el manejo de los ingentes recursos bajo su jurisdicción.
Y es que el incremento al presupuesto de la GN es irrefrenable: “En 2019, la GN obtuvo 922 millones de pesos, cifra que se disparó en 2020 a 4 mil 82 millones pero que se fue ampliando en el transcurso del año hasta llegar a los 21 mil 731 millones de pesos”; en tanto que en 2021 ejercerá 35 mil 671 millones de pesos, un incremento ¡Del 64% respecto al año anterior!, de acuerdo con una investigación de la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), “Los militares y la GN: recursos en aumento, simulación, discrecionalidad y opacidad”, elaborada por Leonardo Núñez González y Jorge Andrés Castañeda. (Nota de la redacción, Reforma, 22/IX/21).
Bueno, para el próximo año, el presidente López Obrador ha solicitado a la Cámara de Diputados, en el proyecto de presupuesto de egresos, se apruebe un presupuesto de 112 mil 825 millones para la GN, ¡un incremento del 220%! “cifra que incluso está ligeramente por encima de lo asignado a la propia Sedena”. (Ibídem).
Pero el problema no solo es el desusado e injustificado incremento al presupuesto de la GN, sino la extrema opacidad con la que lo ejerce pues “no reporta pagos por la construcción de sus cuarteles ni por los terrenos donde fueron edificados. Tampoco registra gastos por su equipamiento, armas y vehículos”.
“Únicamente 41% del total de plazas son pagadas con presupuesto de la propia Guardia Nacional, mientras que hay 59 mil 396 elementos que ‘pertenecen’ a la institución, pero no tienen una plaza ahí”, indicó el estudio de MCCI. (Ibídem).
Todo lo anterior es una tremenda violación a los ordenamientos legales aprobados por el Congreso de la Unión y que se traduce en un acelerado proceso de militarización de los organismos de seguridad pública, que no solo debieran estar integrados por elementos civiles, sino que sus mandos también debieran ser del orden civil y no del militar.
Además, son un completo fracaso en la seguridad pública.
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