La consultora Eunice Rendón pasa del sector público al privado sin respetar período para prevenir conflicto de interés; le pagan hasta vuelos
Alejandra Gómez
El Diario de Juárezlunes, 12 julio 2021 | 07:40
Ciudad Juárez— Formada con un posgrado en Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial, la exfuncionaria y hoy asesora del Gobierno de Javier Corral, Eunice Rendón, ha ganado millones de pesos procedentes de recursos públicos por la prestación de sus servicios profesionales a diversas administraciones con temas relacionados con la prevención de la violencia de jóvenes y adolescentes.
Tan sólo de enero a julio del 2018, Rendón percibió un millón 556 mil 485.94 pesos por proveer a diversas instituciones de gobierno con asesorías y estudios. Luego, en diciembre del mismo año, por su primer mes como secretaria ejecutiva adjunta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) obtuvo otros 205 mil 208.37 pesos.
Entre 2019 y 2021 ganó asimismo un millón 759 mil 930 pesos por su sueldo como secretaria ejecutiva adjunta en el SESNSP y, al concluir, por tres contratos por sus servicios profesionales, uno con el Senado de la República y dos con el Gobierno de Javier Corral.
Además, el contrato como particular con el Senado de la República se gestionó apenas cinco meses después de haber concluido su función en el SESNSP, y para dar servicios profesionales relacionados con su encargo público.
Las ganancias del 2018 se componen de dos contratos con el Gobierno del Estado de Chihuahua –con la Coordinación Ejecutiva de Gabinete– para brindar asesorías en materia de migración, seguridad y prevención; devengando, entre enero y marzo, un pago de 155 mil 886.79 pesos, y de abril a junio, otros 155 mil 886.79 pesos, de acuerdo con lo establecido en los contratos CH_CEG_001/2018 y CH_CEG_002/2018 respectivamente.
Sin embargo, su mejor ingreso durante el 2018 lo obtuvo al ganar un contrato con el sistema nacional del DIF por 669 mil pesos, de acuerdo con lo establecido en el expediente PFPNNA-092-2018, a cambio del “Estudio e investigación sobre el interés superior de la niñez con énfasis en niñas, niños y adolescentes en contexto de la migración”, que debió ejecutar entre el 15 de junio y el 15 de julio.
Además, en junio del 2018, el mismo mes en que obtuvo el contrato con DIF nacional, se hizo acreedora de otro con DIF Morelos, por el que obtuvo un “beneficio” de 535 mil 245.20 pesos, según el documento CT/181/2018, que señaló: “Contrato de prestación de servicios profesionales para la ejecución del proyecto denominado Estrategia instrumentar acciones que disminuyan los factores es de riesgo que los adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia y delincuencia en Cuautla”, de acuerdo con lo publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Luego, el 31 de julio del mismo año firmó un contrato con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe, con sede en la Ciudad de México) por la impartición de un curso de doce horas, denominado “Derecho migratorio”, a cambio de un pago de 13 mil 920 pesos, según el archivo INACIPE-DARH-1418-18.
Finalmente, en diciembre del 2018, obtuvo el cargo de secretaria ejecutiva adjunta en el SESNSP –dependencia que entonces lideraba Alfonzo Durazo–, por el que, durante ese mes, percibió un pago de 205 mil 208.37 pesos, como consta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Su servicio en esta dependencia terminó en julio del 2019, sumando en salarios 837 mil 982.08 pesos durante ese primer semestre del año. Tan sólo cinco meses después de concluir su función en el SESNSP, el 13 de diciembre siguiente, firmó un contrato con el Senado de la República por 87 mil pesos, a cambio de la prestación de sus servicios profesionales para elaborar el documento “Mecanismos de prevención social de la violencia y la delincuencia: avances y limitaciones”, según el expediente TS-0328-19.
Tanto la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, abrogada en julio del 2017, como la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas, establecen que debe haber por lo menos un período de un año antes de que un servidor público pase a un sector privado relacionado con su encargo, esto con el fin de prevenir el conflicto de interés.
El artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece “La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo (que constituyen conflicto de interés), deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una clausula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión”.
Desde el 2007, Alma Eunice Rendón fungió como servidora pública en diversas dependencias de gobierno: Instituto Nacional de Medicina Genómica, de la Secretaría de Salud; el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, de la Secretaría de Salud; la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De esta última dependencia se separó en octubre del 2016 y, de acuerdo con su declaración patrimonial, un mes después comenzó a trabajar en el sector privado realizando “consultorías, asesorías, investigaciones en temas de seguridad, migración y prevención”, área en que se desempeñó hasta noviembre del 2018, antes de volver a fungir como servidora pública en el SESNSP.
Una de sus actividades en el sector privado, luego de pertenecer a la SRE, la realizó con el Gobierno de Javier Corral de noviembre a diciembre del 2017, cuando firmó un contrato por 103 mil 773.58 pesos por asesoría en materia de seguridad y prevención, de acuerdo con lo establecido en el documento GEC_002/2017, publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Este medio de comunicación trato de contactar a Eunice Rendón, pero por contratiempos de la asesora no pudo concretarse una entrevista.
En los últimos años ha continuado trabajando con el Gobierno del Estado de Chihuahua para brindar asesorías en materia de migración, seguridad, prevención y adicciones; sin embargo, según archivos periodísticos, desde al menos el 2013 ha desarrollado actividades en Ciudad Juárez –que a la fecha es el segundo municipio más violento de México– enfocadas en combatir la violencia contra jóvenes y adolescentes.
Actualmente, Rendón trabaja en este municipio en el proyecto “Urbivilla a todo color”, desarrollado en el fraccionamiento UrbiVilla del Prado etapa dos, y en el programa nacional “Mujeres Constructoras de Paz”, llevado a cabo en tres sectores de Riberas del Bravo, por los cuales –según declaró– no percibe remuneración alguna, sino sólo pagos correspondientes a su servicio como “asesora del Gobierno para este y varios temas”.
Por las asesorías brindadas a Gobierno del Estado de Chihuahua en materia de seguridad y adicciones, de septiembre a diciembre del 2020 percibió un pago mensual de 111 mil 612 pesos, es decir, 446 mil 448 pesos totales, según lo establecido en el contrato CAPE/003/2020. Luego, por el mismo servicio, de enero a junio devengó un pago de 388 mil 500 pesos, de acuerdo con el contrato CAPE/001/2021.
Como parte de su trabajo realizado durante los últimos meses en Ciudad Juárez, a principios de este mes Rendón presentó a este medio de comunicación los documentos titulados “Avances del programa de Mujeres Constructoras de Paz” y “Modelo integral de prevención, atención y erradicación de la violencia de género con enfoque de seguridad pública: Mujeres Constructoras de Paz. Riberas del Bravo, Ciudad Juárez”, este último con el logotipo “Unidos con valor” de Gobierno del Estado y otras dependencias.
En esa ocasión, Rendón también entregó a este medio de comunicación el estudio “Mujeres Constructoras de Paz, Resumen del diagnóstico Riberas del Bravo”, el cual cita información de la “Encuesta de prevención social, el caso de Riberas del Bravo, Ciudad Juárez”, hecha en el 2014 por los investigadores Sergio Pacheco y Jesús Alberto Rodríguez, del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Juárez, pero sin citarlos, por lo que el pasado miércoles 7 de julio se le cuestionó a Rendón –vía mensaje de texto– a quién atribuir los datos, a lo que respondió que ella los había sacado. “Claro. Estos datos los asque yo” (sic), dijo.
Al solicitarle que especificara la fecha de elaboración de dicha información, evadió la petición en más de una ocasión y, en cambio, entregó el tercer archivo que, señaló, estaba más completo que el anterior; sin embargo, si bien en el nuevo documento omitió los datos tomados de la encuesta del Observatorio del 2014, el texto que aparece en la diapositiva titulada “Riberas del bravo” es una copia de un párrafo de la citada encuesta.
Además de las remuneraciones descritas por su trabajo hecho en Ciudad Juárez y la capital del estado a finales del año pasado y principios de este, otras prerrogativas a las que ha tenido acceso Rendón son el cobro de viáticos por estadías e incluso la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales de Gobierno del Estado le ha girado facturas en ceros para que cobre ante la Secretaría de Hacienda el costo de sus boletos de avión por trasladarse de la Ciudad de México a la ciudad de Chihuahua o viceversa.
