- El “Maru-proceso” es, en realidad, el juicio a los políticos chihuahuenses, incluidos clérigos y periodistas
- Visita presidencial esperanzadora-apaciguadora; contraste con la mañanera del viernes
Justamente cuando se destapaba la más grande cloaca de la clase política local, el presidente López Obrador realizó la enésima visita a la entidad, al tiempo que anunciaba el regreso de ambos gobiernos -el estatal y el federal- a las mesas de seguridad, interrumpidas largos meses atrás, tiempo en el que Chihuahua regresó al tercer lugar nacional en la incidencia de homicidios dolosos.
En tanto, la capital del estado hervía a causa de la explosión de informaciones, sobre la identidad y montos de los supuestos receptores de las entregas de dinero ordenadas por el ex gobernador César Duarte.
López Obrador y Javier Corral efectuaron una de las reuniones más pacíficas que se recuerde entre ambos, -también la más corta de todas sus visitas- pero en la que el presidente les recordó a todos que en el estado de Chihuahua el número de beneficiarios de los programas del bienestar asciende al medio millón.
Lo dijo en la plaza más fuerte del morenismo en la entidad, en el momento en que, a propósito de la denuncia de la Fiscalía General del Estado (FGE), estaba en curso la audiencia de vinculación a proceso de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, la alcaldesa con licencia, Maru Campos, y otros coacusados.
Tendrá, sin duda, eso esperamos, efectos positivos el anuncio del reinicio de actividades de la mesa de seguridad, para elevar la coordinación entre las fuerzas de seguridad estatales y federales en el combate al crimen organizado; sin duda, el principal responsable del clima de inseguridad prevaleciente en la entidad, que ha cobrado, en el gobierno de Javier Corral, más de 10 mil víctimas y durante el cual no hubo, ni mejoramiento de la actuación de los organismos de seguridad pública, ni eficiencia alguna de las corporaciones federales dedicadas a las mismas tareas.
Pero mientras eso sucedía, en la capital del estado dio inicio el proceso penal, quizá, más seguido por los chihuahuenses.
La FGE dio a conocer que los beneficiarios de la nómina secreta se extendía a integrantes de prácticamente todos los partidos políticos, algunos de los cuales han argüido no haber recibido pago alguno, probablemente porque no han sido demandados por la Fiscalía, pero de cuya existencia lo confirma la devolución efectuada por varios muy destacados políticos y periodistas.
El manto corruptor de César Duarte, de acuerdo con la información dada a conocer por los fiscales, abarcó hasta integrantes de la más alta jerarquía católica en el estado, a los diputados locales de su partido, de los partidos de oposición, a candidatos priistas a las gubernaturas de otros cinco estados (CDMX, Sonora, Michoacán, Edomex y Baja California), entre ellos a Beatriz Paredes, entonces candidata a la jefatura de gobierno de la Cd de México, como receptora de efectivo para la campaña y a Graciela Ortiz, ex integrante del Comité Nacional del PRI y ahora candidata al gobierno de Chihuahua, entre otros.
La confirmación de tan extendida -y aceptada- obra corruptora y corrupta nos la han ofrecido, por sus declaraciones, citadas por los fiscales en el “Maru-proceso”, en las que reconocieron haber devuelto las cantidades recibidas, Hortensia Aragón -ex diputada federal y local, además de ocupar diversos cargos en la dirigencia nacional del PRD-; Javier Contreras -durante largos años, Director de El Heraldo-; Armando Cabada -alcalde con licencia de Juárez y Director de Noticieros de canal 44-; y Teokali Hidalgo, expresidenta municipal del PRI de Chihuahua capital.
Así, el “Maru-proceso”, en realidad se convirtió en el proceso político-penal más escandaloso que la clase política chihuahuense haya enfrentado, de ahí la pertinencia de la pregunta ¿Quién no estaba en la nómina secreta de Duarte?
Ahora sabemos de la existencia de un grupo que se acogió al “criterio de oportunidades” y devolvió las cantidades supuestamente entregadas; también de otro grupo que ahora enfrenta en los tribunales las acusaciones, pero hay otro buen número de señalados como beneficiarios de los favores económicos de Duarte -pueden ser alrededor de 80- que no han sido demandados por la Fiscalía -o, si lo hizo, no ha informado- y cuyos casos están pendientes de resolver.
En el curso de la semana sabremos la resolución sobre la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, lo que le ha agregado no pocas dosis de incertidumbre al proceso electoral, porque el juez puede fallar, incluso, la vinculación a proceso, decretar que podrá enfrentarlo en libertad, pero lo sucedido en los días de la audiencia influirá seriamente en el desarrollo de la campaña electoral y mostró el aprovechamiento político que los gobernadores Duarte y Corral hicieron de su cargo.
Mientras Duarte extendió su manto corruptor al total de la clase política, el ahora gobernador Corral “administró” la aplicación de la justicia.
Seleccionó a quienes les presionaba y urgía a la devolución del dinero, a otros no los molestaba; a otros los dejó apartados, mientras se llegaban los tiempos (suponiendo que fueran culpables, como es el caso de Maru) más adecuados.
¡Qué tiempos tan aciagos!
Si los hechos señalados son ciertos, Corral no tenía necesidad de tales acciones, como la de señalar como testigos en contra de Maru Campos, cuando en realidad son indiciados; la mayor parte de ellos, según la FGE, que ya devolvieron el dinero y con eso evitaron ser procesados, pero que sostienen que ellos no hicieron acusación alguna en contra de la alcaldesa capitalina.
En esa calidad se encuentra quien fuera todo en el PRD, Hortensia Aragón, quien declaró que los 2 millones de pesos devueltos obedecen a un “préstamo personal” que recibiera del ex gobernador Duarte y que devolvió, “porque me dijeron las autoridades que no eran del ex gobernador, sino dinero público”.
Pero la lista crece -y en esa medida la sorpresa y la indignación ciudadana- y abarca a un buen número de integrantes de la clase política chihuahuense, que incluyó al alcalde juarense, Armando Cabada, quien argumentó, semanas atrás, que los recursos recibidos se habían justificado con la prestación de servicios al gobierno estatal.
Estremecen los hechos relatados:
Javier Horacio Contreras Orozco, declaró que, “como Director General de El Heraldo de Chihuahua recibió un monto de 10 millones 300 mil pesos del ex mandatario. Esto, por un acuerdo entre Duarte Jáquez y el dueño del medio, Mario Vázquez Raña, mediante el cual, el primero entregaría 300 mil pesos mensuales a cambio de que el periódico cuidara el manejo en medios de la imagen del gobernador.
Contreras indicó que desde el 2012 o 2013 hasta inicios de 2016 ese dinero fue recibido por diversas personas como Carlos González, Nicolás Juárez y Susana Valdez.
Añadió que en lo particular no firmó ningún recibo, pero sabía que el dinero era propiedad de gobierno del estado y que por este motivo fue su deseo cooperar con la investigación y además de resarcir el daño a favor del Gobierno del Estado de Chihuahua, realizando el pago de los 10.3 millones de pesos a favor de la Secretaría de Hacienda”. (Nota de Editor, Entrelíneas, 26/III/21).
Liga: https://entrelineas.com.mx/local/ellos-regresaron-el-dinero-de-la-nomina-secreta/
Por su parte, Hortensia Aragón Castillo también reconoció que “a principios del 2013 también recibió 300 mil pesos que le hicieron llegar a través de su hermana Guadalupe Aragón Castillo. Ésta también declaró ante el Ministerio Público. De igual manera, la ex diputada reintegró los dos millones 300 mil pesos a la Secretaría de Hacienda”. (Ibídem).
Puede haber errores o excesos en el relato de las imputaciones y el señalamiento de quienes recibieron los duarte-moches.
El testigo protegido, fuente principal de las acusaciones realizadas por la fiscalía, señaló también al expresidente del entonces Supremo Tribunal de Justicia, en tiempos del gobernador José Reyes Baeza, José Chávez Aragón (sin parentesco con Hortensia Aragón), de haber recibido en 2011 un pago de 400 mil pesos, “por una situación personal”.
Se le señaló como magistrado en ese momento.
Pero Chávez Aragón se había jubilado en 2007 y no volvió a aparecer, ni en el mundo de la política, ni en el del ámbito judicial y hoy reclama ser señalado de manera, no solo injusta, sino falsa y estudia la posibilidad de presentar una querella por esta falsa imputación.
Pero lo develado en el proceso no da pie más que a la indignación y a la lamentable confirmación de que la clase política es lo que muchos ciudadanos piensan: Es muy corrupta.
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