Qué más se quisiera.
Desearles a todos lo mejor para el año 2021. De hecho, esos son nuestros deseos, no podía ser de otra manera.
Más, cuando estamos ante lo que será, probablemente, lo peor de la pandemia en nuestra tierra y cuando, seguramente todos, habremos sufrido, ya, la desaparición de alguno de los nuestros, de los familiares, de los amigos, de los conocidos…
Pero no será un año próspero, será infinitamente mejor al que recién transitamos, pero aún habremos de pasar por tragos muy amargos.
No son halagüeños los pronósticos, aún si la aplicación de la vacuna se hiciera con un ritmo superior al esbozado por el gobierno de la república.
En lo local y en lo nacional la reactivación económica tendrá que superar decrecimientos del orden del 8-10% del Producto Interno Bruto.
Habrá, por tanto, una abrupta disminución del gasto del gobierno y de la inversión pública y eso repercutirá directamente en los niveles de vida de la mayoría de la población. Y eso si hubiese una buena administración federal.
Pero si eso ocurre en el ámbito nacional, las expectativas en lo local son pésimas, especialmente en el asunto de las finanzas públicas.
La administración de Javier Corral debiera ser para el olvido, por los yerros, por las deficiencias, por la incompetencia, pero, sobre todo, por la enorme insensibilidad existente en el gobierno del “Nuevo amanecer”.
No hubo el menor compromiso con las causas sociales, con las necesidades de sus gobernados; lo prioritario para el gobernante que se va en 8 meses fue la -digámoslo, así, coloquialmente- “grilla”, la coreografía y la escenografía política; el oropel del mundo de la disertación, sin compromiso alguno con el avance democrático de la sociedad.
Javier Corral tuvo la oportunidad que pocos alcanzan en la vida: La de estar en la posición que le permitiese poner en práctica sus pronunciamientos teóricos en la función pública.
Ha resultado ser un fiasco.
En los aspectos más importantes de la vida pública hizo lo contrario a lo que enunciaba cuando era fogoso tribuno en favor de la transición democrática y en lo que debería haber sido su principal preocupación: La de encontrar el modo de superar el gravísimo problema de la deuda heredada por César Duarte, y no sólo la de encarcelarlo -lo cual estaba bien, dadas las evidencias existentes del increíble mal manejo de las finanzas estatales por el ballezano- ha fracasado en toda la extensión de la palabra.
No sólo no enfrentó adecuadamente las consecuencias de la deuda de Duarte, sino que le agregó casi 10 mil millones de pesos a una deuda que era una de las más grandes y lesivas del país. La dejará en más de 58 mil millones de pesos (mdp).
El presupuesto para el 2021 es fiel reflejo de lo anterior.
Detengámonos un momento en su petición al Congreso para que le aprobara un crédito de mil 600 millones de pesos. Ese hecho es el más representativo de su modo de administrar la hacienda pública.
La mayoría de los recursos no estarían dirigidos a enfrentar lo más urgente de la pandemia; ni siquiera contemplaban aspectos tan prioritarios como los de disponer todo lo necesario en el estado para la aplicación de la vacuna, cuando ésta llegase.
No está contemplada tal eventualidad.
En las primeras semanas del año es previsible una elevación importante del número de contagios y de personas hospitalizadas, lo que supondría la disposición de ingentes recursos para enfrentar esa situación.
No está contemplada esa posibilidad, por el contrario, el Instituto Chihuahuense de la Salud sufrirá una disminución del 50% de su presupuesto, en relación al 2020.
Pero si tuviéramos dudas respecto del uso que le darían al dinero de ese crédito, las despejó el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, ante los diputados afirmó que se gastarían en el periodo de febrero a julio de 2021, es decir, en plena campaña electoral.
Pueden presentarse muchas cosas positivas en el curso del año que recién inicia, pero una cosa es cierta y esa no cambiará: La realidad de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua
Lo intitula bien la nota principal de El Diario (2/I/21), “Chihuahua, en el top de deuda per cápita. Pasa de 12 mil 762 pesos a 13 mil 322 por persona; es la tercera más alta del país”.
“La deuda per cápita en el estado de Chihuahua sigue siendo una de las más altas de México y, entre el tercer trimestre de 2016 y septiembre pasado, aumentó en 560.4 pesos, al pasar de 12 mil 761.6 pesos a 13 mil 322”, de acuerdo con los reportes sobre las ‘Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas’, difundidos “por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la Unión”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 2/I/21).
“El mismo texto explica que el promedio nacional mostró un crecimiento sostenido desde 2005 –con mil 375.7 pesos de deuda por persona– hasta 2018 –con 4 mil 819.9–, presentando sólo disminuciones en 2019 y a septiembre pasado”. (Ibídem).
Fue el festín de los gobernadores, tuvieron más dinero del presupuesto federal, al tiempo que endeudaban a sus gobiernos a niveles arabescos y se entregaban al remolino de las corruptelas.
Corral casi se decía heraldo de la transparencia -antes de ser gobernador, por supuesto- pero su gobierno “no informó a la Legislatura local dentro de los 15 días naturales posteriores a la celebración de los mismos, los 16 contratos por refinanciamiento y dentro de los 30 días naturales a la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) la celebración de 11 contratos de deuda pública a corto plazo”, indicó el resultado de la revisión de la ASF. (Ibídem).
Así, el próximo gobierno enfrentará un pasivo por casi 15 mil millones de pesos, entre deuda a proveedores, pagos y créditos.
Todo ello lo muestra el presupuesto aprobado por la mayoría de los diputados locales, incluidos la totalidad de los panistas, que uno piensa debieron estar muy atentos a no aprobar cosa alguna que le aquejara al próximo gobierno, si pensaran que fuera emanado de su partido.
Miren si no: Hubo un recorte salvaje en el presupuesto, pero no fue parejo, ni racional. El gasto corriente se llevará la mayor tajada del presupuesto 2021: 75%. Los ingresos del año 2021 decrecen en casi 4 mil 100 millones de pesos, respecto del 2020.
Hubo disminuciones “con respecto al ejercicio anterior, en Educación, por 542.9 millones de pesos, al ICHISAL por 867.5 millones de pesos (menos 53%), y pensiones 564.3 millones de pesos…”. (Dip. Miguel Colunga, 30/XII/20).
Increíble: Al Tribunal Superior de Justicia los diputados le disminuyeron el presupuesto en 521 millones de pesos.
“Las reducciones en comparación al presupuesto de este año van de menos 29% para la Secretaría de Desarrollo Social, menos 10% para Educación y Deporte, y un menos 11% a Pensiones Civiles del Estado”. (Ibídem).
En el colmo de la desvergüenza, el gobierno estatal solicitó le fuera aprobada -y lo logró, hasta con el voto del morenista Gustavo de la Rosa Hickerson “Pichú”- una Ley de Ingresos de 69 mil 363 mdp, y un presupuesto de egresos de 74 mil 225 mdp.
¿Cómo aprobar un presupuesto deficitario de esa dimensión? ¿Con qué cubrirán ese faltante?
Pero ya hay una nueva realidad. Aparentemente, el gobierno estatal dejó de lado la aprobación del préstamo, seguramente sabedor de la nueva realidad política.
En virtud de las nuevas alianzas ahora establecidas rumbo a la elección de junio, algunas de las consecuencias podrían ser positivas.
Para aprobar un crédito de esa naturaleza y cantidad, es necesario que lo aprueben 22 de los 33 diputados del Congreso del Estado.
Pues resulta que Morena cuenta con 8 legisladores, el PT con dos, más uno del Panal y otro del Verde. Si todos votaran en el mismo sentido, llegarían a la cifra mágica de 12.
A Corral le haría falta uno de esos votos.
Ni modo, Corral.
No es la única desmesura del gobernador Corral.
En la práctica, por concepto de servicios médicos, no le enteraron a Pensiones cerca de los 4 mil mdp, entre otros, la Junta Central de Agua y Saneamiento, Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de la Salud.
Pero no hay problema, mediante la inclusión de unos artículos transitorios (en el Artículo Transitorio Quinto) en la ley de Ingresos, nuestros ínclitos diputados le transfirieron a las siguientes dos administraciones estatales la responsabilidad de pagarle a Pensiones Civiles el adeudo.
Como si fuera cualquier otra deuda, dispusieron que se reestructurara, dependiendo del adeudo de cada dependencia, hasta por un plazo de 12 años!
No hay problema, los rezagos de Pensiones pueden esperar.
¡Cuánta insensibilidad! ¡Qué desfachatez! ¡Qué fraude resultó el tribuno del amanecer!
De todos modos: ¡Feliz 2021!
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