Más de dos semanas después del asesinato de Jessica Silva Zamarripa, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ha declinado la competencia para continuar con la persecución de los responsables, ni la Fiscalía General de la República (FGR) atrae el caso.
Nadie quiere investigar la presunta conducta delictiva de varios elementos de la Guardia Nacional (GN), cuya responsabilidad está soportada por las pruebas periciales, las declaraciones de varios testigos, la de Jaime Torres, esposo de Jessica y víctima de los balazos disparados por los elementos y, por si fuera poco, por el mismísimo jefe de la Guardia Nacional, el Gral. Luis Rodríguez Bucio.
Pero si la FGR no lo atrae ¿Qué necesita la FGE para llamar a declarar a los presuntos responsables, los que, dicen las autoridades militares de la GN, están detenidos? ¿Qué necesita la FGE para presentarlos ante un juez del Poder Judicial del Estado?
¿Por qué razón la FGR incumple con los requerimientos presidenciales, consistentes en que se castigaría a los responsables, “porque somos diferentes”, dijo el presidente López Obrador?
¿Por qué no actúan y demuestran, con los hechos, que, efectivamente, son distintos al momento de gobernar?
La ruta para hacerlo está despejada: Si La fiscalía local se declara incompetente y mandarlo a la federación y si esta no lo acepta, entonces deberá entregársele a un juez de control y éste le ordene a la que le competa el caso.
Unos cuantos días atrás, en el estado de Guanajuato, en un incidente con supuestos delincuentes, un grupo de la GN baleó a un grupo de personas. Varios cayeron muertos, entre ellos a tres personas (por lo menos) que murieron atados y que presuntamente eran víctimas de un levantón, o de un secuestro por parte de los delincuentes que, a juzgar por los videos difundidos en redes sociales, ya no disparaban.
Nada se supo del procesamiento de los militares o guardias involucrados. Les acogió el sagrado manto de la impunidad.
El Gral. Rodríguez Bucio declaró en una una conferencia mañanera que el asesinato de Jessica había sido un desafortunado “accidente”.
Los testimonios lo desmienten, y al parecer las pruebas periciales lo demostrarán, pues la agricultora recibió (por lo menos) tres disparos, e igual cantidad Jaime Torres.
¿Accidente, con más de 6-7 disparos en los cuerpos de las víctimas?
No es lo único que levanta sospechas e indigna sobre esta ejecución.
Los agentes de la GN dijeron que habían detenido a tres manifestantes y que les encontraron varias granadas (de gas lacrimógeno). La detención se había realizado a las 5.30 de la tarde, pero la ejecución ocurrió alrededor de las 10.30 de la noche.
¿En donde y qué les hicieron a los detenidos?
¿Y las armas usadas? ¿Y los resultados de balística, fueron una o más armas las disparadas?
Peor. Los elementos de la GN “corrieron” a los polimunicipales de Delicias, que se harían cargo.
No, huyeron sin brindarle ayuda al matrimonio Torres-Silva.
Más de 15 días después de los hechos los presuntos responsables no están bajo la custodia de las autoridades investigadoras.
Más. Ahora ya sabemos que no hubo disparos en contra de los elementos de la GN.
¿Y entonces?
¿Y los fiscales qué hacen?
Tanto Peniche, como Gertz Manero, son fiscales autónomos, es decir, ya no dependen de los titulares del ejecutivo ¿Por qué no actúan?
Vil impunidad.
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